El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal dictó sentencia a las Juntas Militares en la Causa 13 por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que encabezaron en 1976 y se extendió hasta 1983.
El fallo de la Cámara fue fundacional para llegar 35 años después, también un 9 de diciembre, al inicio del séptimo tramo del juicio “La Escuelita” de Neuquén para juzgar a 15 represores imputados de crímenes de lesa humanidad por 20 víctimas-querellantes, 9 de las cuales permanecen desaparecidas.
En aquel histórico juicio en el que se develaron las atrocidades cometidas durante la vigencia del “Terrorismo de Estado”, se demostró la puesta en marcha de un “Plan Criminal Sistemático” aplicado en todo el país con una estructura perfectamente pergeñada desde el poder de facto, ejercido por las Fuerzas Armadas con la participación de Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales para su ejecución.
La Causa13 juzgó a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares a partir de 1976: Jorge Rafael Videla (Comandante en Jefe del Ejército entre 1976 y 1978), Emilio Eduardo Massera (Comandante en Jefe de la Armada entre 1976 y 1978) y Orlando Ramón Agosti (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1976 y 1978).
Roberto Eduardo Viola (Comandante en Jefe del Ejército, entre 1978 y 1979), Armando Lambruschini (Comandante en Jefe de la Armada, entre 1978 y 1981), Omar Domingo Rubens Graffigna (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1978 y 1979), miembros de la segunda junta.
También a quienes formaron parte de la tercera junta: Leopoldo Fortunato Galtieri (Comandante en Jefe del Ejército, entre 1979 y 1982), Jorge Isaac Anaya (Comandante en Jefe de la Armada, entre 1981 y 1982) y Basilio Lami Dozo (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1979 y 1982).
Las audiencias orales fueron entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, con el testimonio de 833 personas entre ex detenidos, familiares de desaparecidos y represores.
Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985, la Fiscalía acusó a los procesados de secuestro, tortura, robo, homicidio, allanamiento ilegal y falsedad documental, todos ellos delitos tipificados por el Código Penal vigente en el marco de la ejecución de un plan sistemático concebido por la más alta jerarquía militar.
El Fiscal Julio César Strassera realizó el alegato final con manifestaciones que aún hoy, a 35 años resuenan en los oídos de millones de argentinos y argentinas: «Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el Pueblo Argentino. Señores jueces: Nunca más».
Entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre alegaron las defensas de los jefes militares que insistieron en que se había tratado de una guerra, y que los actos develados debían ser considerados como circunstancias inevitables de toda guerra.
El tribunal integrado por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D´Alessio dictó sentencia el 9 de diciembre de 1985, fundada en 709 casos presentados durante el juicio.
La sentencia fue leída por León Arslanián en su condición de presidente de la Cámara Federal, que condenó a Videla y Massera a reclusión perpetua; a Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; a Viola a diecisiete años de prisión; y a Lambruschini a la pena de ocho años de prisión.
En tanto, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.
La Causa 13 fue posible por la incansable lucha de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, Organismos de Derechos Humanos y la difusión y trascendencia que alcanzaron, más allá de las fronteras argentinas, los crímenes cometidos por la dictadura, la desaparición de personas, el robo de bebes nacidos en cautiverio, la existencia de Centros Clandestinos de Detención, la aplicación de torturas, violaciones y abusos sexuales a detenidas.
También en ese contexto internacional, fue un golpe para la dictadura el Premio Nobel de la Paz otorgado a Adolfo Pérez Esquivel en el año 1980 por su lucha y denuncias contra los genocidas.
Otro hito que facilitó el juzgamiento de los criminales fue la labor desplegada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por el entonces Presidente Raúl Alfonsín, el 15 de diciembre de 1983, integrada entre otros por el Obispo de Neuquén, Monseñor Jaime Francisco De Nevares.
El informe entregado a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 fue publicado en formato de libro ese mismo año con el título de “Nunca Más”.
Los procesos judiciales que se multiplicaron a lo largo y ancho de la Argentina, fueron paralizados por las leyes de Punto Final en 1986, Obediencia Debida, en 1987, de Alfonsín, y luego los indultos de Carlos Menem (1990).
A pesar de todo, la marcha de “Memoria, Verdad y Justicia” no pudo detenerse y en 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la leyes de impunidad, se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, entre ellas las de Río Negro y Neuquén y hoy son más de mil los genocidas condenados en el país.
Fuente: Agencia Nacional de Noticias Jurídicas (Infojus Noticias)
Walter Pérez para la cobertura colaborativa