Las querellas debatieron las figuras de “homicidio” y “desaparecido”

En la cuarta audiencia en el séptimo juicio a represores de Neuquén y Río Negro las querellas expusieron los hechos y explicaron de qué acusan a cada imputado. La actividad se retomará el 10 de febrero próximo, se continuarán con el planteo de las defensas y podría haber indagatorias, en el caso de que los acusados tengan la intención de hablar.

La última jornada de 2020 estuvo signada por los problemas técnicos en el salón de la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC), en Avenida Argentina al 1600. Luego de varios cortes de energía el sistema de cámaras y sonido fue suspendido, y la audiencia comenzó a las 10:30 (una hora y media más tarde de lo establecido).

Ph Oscar Livera

Burno Valda y Natalia Hormazabal 2020

La primera exposición estuvo a cargo de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), representada por las abogadas Natalia Hormazábal y Mariana Derni. Remarcaron la necesidad de que se mantenga a la figura del “desaparecido”, y se opusieron a la calificación de homicidio solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). “No llamamos a las desapariciones por lo que no son”, expresó Derni, y agregó que hablar de asesinato constituye “una ficción jurídica”. “El Estado, mientras los imputados guardan su pacto de silencio, debe decirnos qué pasó, qué les hicieron, cuál fue el destino final y quiénes son responsables por las víctimas detenidas desaparecidas”, agregó.

Sobre la elevación a juicio el Ceprodh precisó que se basan en el pedido de marzo de 2020, donde se incorpora a Osvaldo Bernardino Páez. El acusado, que integró el Estado Mayor del V Cuerpo del Ejército, fue acusado por “privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, doblemente agravada por haber mediado violencia” y también por “aplicación de tormentos”, en perjuicio de diecinueve víctimas. Derni agregó que también le atribuyen responsabilidad por violación sexual, en el caso de Dora Seguel.

Por su lado Bruno Vadalá, a cargo de la querella de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), omitió el relato de los hechos e indicó que la fiscalía ya había expuesto lo que le ocurrió a cada víctima. Habló del contexto en el que se produjeron los crímenes, remarcando que “son delitos de lesa humanidad, en el marco de un genocidio”. Leyó el requerimiento para cada acusado, solicitando que se los impute en su mayoría por “privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por haber mediado violencia” y “aplicación de tormentos”.

La APDH cree que víctimas de este tramo que siguen desaparecidas, fueron asesinadas en La Escuelita de Bahía Blanca. “La figura del desaparecido se creía más cercana a los hechos porque nada se sabía sobre su destino posterior a los centros clandestinos de detención y torturas”. Agregó: “luego de cuarenta y cuatro años, es ilógico sostener que las víctimas se encuentran en otro lado o que fueron trasladadas a otro lugar”.

Vadalá solicitó, al igual que el resto de las querellas y la fiscalía, que se juzguen por separado los delitos contra la integridad sexual. “Existían dos delitos bien diferenciados. Por lo tanto la relación entre tormentos y violación no puede realizarse porque no es un tipo de delito subsumido dentro de otro” aclaró, y recordó que en estos casos no es importante quién ejecutó el acto materialmente, sino “todos aquellos que pudieron detentar el dominio del hecho e incidieron en su configuración final”.

Tras un cuarto intermedio la audiencia cerró con el relato del abogado abogado Luis Virgilio Sánchez, representante de Eduardo París, quien integró el Partido Intransigente y trabajó en el Banco de los Andes durante la dictadura.

Sánchez detalló dos momentos distintos en los que la víctima fue detenido sin explicaciones. Primero su paso por las comisarías Primera de Neuquén y luego Cuarta de Cipolletti, donde fue liberado. Allí reconoció luego a Gerónimo Enerio Huircaín y Miguel Ángel Quiñones, entonces efectivos en la policía de Río Negro. Luego relató un segundo secuestro, en el cual París fue llevado y torturado en los dos centros clandestinos conocidos como La Escuelita, la de Neuquén y la de Bahía Blanca. Tras casi diez días de detención y torturas fue liberado en la Ruta Nacional 3 y llegó solo a la localidad de Pedro Luro. Fue trasladado a la Comisaría de Mayor Buratovich y, antes de regresar a Neuquén, vio a otras dos víctimas: Nora Rivera y Darío Altomaro.

Sánchez adhirió en su totalidad a la acusación del MPF, destacando “la pormenorizada y minuciosa exposición” de José Nebbia y su adjunta, Jorgelina D’Alessandro. Le atribuyó a los imputados la calificación legal de “privación ilegal de la libertad, agravada por el empleo de violencia y amenazas” y la “aplicación de tormentos”, agravados porque Eduardo París era un perseguido político.
Finalmente, el presidente del tribunal, Alejandro Cabral, dio por finalizada la audiencia y dispuso el regreso para el 10 de febrero de 2021, con las cuestiones preliminares y planteos de la defensa. A pedido de los otros jueces y tras acordar con las partes, las audiencias se realizarán sólo los miércoles, a la mañana y a la tarde, con un cuarto intermedio a las 13.

 

Santiago Amillano para la cobertura colaborativa.

JORNADA 2: La historia de las victimas caso por caso

La segunda jornada el séptimo tramo del Juicio La Escuelita VII, en el que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos en la región por la dictadura de 1976, continuó con la lectura de los casos que serán abordados en este proceso judicial.

El fiscal José Nebbia y la adjunta Jorgelina D’Alessandro expusieron ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, los hechos de 15 de víctimas que serán ventilados en el juicio que inició el pasado miércoles. De ellas nueve aún permanecen desaparecidas.

La fiscalía contó una por una las historias de  Eva Garrido, Nora Rivera, César Giliberto, Raúl González, Eduardo Buamscha, Eduardo París, Dora y Argentina Seguel y Pedro Maidana. Ellos y ellas fueron víctimas de los delitos de “privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometida con el empleo de violencia y amenazas, en concurso real con imposición de tormentos, agravados por ser la víctima perseguida política”.

Ph Oscar Livera

José Nebbia 2020

Nebbia y D’Alessandro también detallaron los casos de quienes integran la larga lista de personas desaparecidas de la república Argentina: Mirta Tronelli, Cecilia Lilia Vecchi, Susana Mugica, Alicia Pifarré, Miguel Ángel Pincheira, Carlos Chávez, Arlene Seguel, Jorge Asenjo y Carlos Schedan.

En todos los casos hay hechos similares: fueron detenidos y secuestrados en junio de 1976 por operativos realizados de manera conjunta entre fuerzas de seguridad nacionales y policías provinciales (tanto de Neuquén como de Río Negro); y además fueron trasladados en avión al centro clandestino de detención y tortura La Escuelita de Bahía Blanca.

La mayoría de los secuestros se produjo entre el 10 y el 14 de junio, por operativos  organizados por las fuerzas conjuntas que demostraron altos niveles de organización.

Hubo secuestros en Cinco Saltos, Barda del Medio, Neuquén capital, Zapala y Cutral Có. En esta última ciudad se realizó en junio de 1976 el conocido “operativo Cutral Co”, durante el cual secuestraron a estudiantes y trabajadores que tenían alguna vinculación con el PRT.

Entre las personas detenidas en la comarca petrolera están las tres hermanas Seguel, quienes además fueron sometidas a abusos sexuales; acción criminal que por primera vez en la región se incorpora como delito autónomo de lesa humanidad.

También están las y los jóvenes que integran que grupo de artistas; vinculados entre sí. Es el caso de Mirta Tronelli, amiga de Cecilia Vecchi (otra de las víctimas de este tramo), a quien fueron a buscar a su trabajo en Neuquén el día siguiente a realizar gestiones junto a su papá por Cecilia. Mirta fue vista por última vez en la Escuelita de Bahía Blanca y es por eso que se cree que fue asesinada a los pocos días del traslado al centro clandestino de la localidad bonaerense.

Lo mismo se cree de Carlos Schedan, un joven oriundo de  Tucumán que fue secuestrado junto a su compañera. Pese a que a su familia le informaron que había sido liberado, la hipótesis de la fiscalía es que también fue asesinado en La Escuelita de Bahía Blanca.

Jorge Asenjo fue secuestrado en su domicilio, en Cinco Saltos. Al igual que el resto fue trasladado a Bahía Blanca y ese fue su destino final, según lo que se reconstruyó del resto de los testimonios.

Carlos Cháves fue detenido en Cutral Co. A su compañera le dijeron “a vos te dejamos, olvídate de tu marido” y cumplieron porque Carlos fue visto por última vez en la Escuelita de Bahía Blanca, según el testimonio de sus compañeras, quienes lo reconocieron en el lugar.

Es diferente la historia de Miguel Ángel Pincheira, otra de las víctimas secuestrada en Cutral Co y quien aún permanece desaparecido. A Miguel lo llevaron a casi todos los centros clandestinos y lugares de detención habilitados en la región: fue trasladado a Bahía Blanca, estuvo en la U9 de Neuquén y  en La Escuelita de esta misma ciudad; en la U5 de General Roca y en la U6 de Rawson. Su familia logró verlo tanto en la U9 como en la U5: estaba muy golpeado y su salud deteriorada. Fue asesinado tras su detención en Rawson, al igual que Méndez, Cancio y Seminario. Según la información disponible ellos fueron retirados de sus celdas el 3 de noviembre de 1976 para ser trasladados por Luis Alberto Farías Barrera, quien fue condenado en otros tramos de este juicio y falleció poco tiempo atrás.

Arlene Seguel es la primera de las tres hermanas secuestrada en Cutral Co, en el inicio del operativo de junio del  76, que contó con una enorme organización, logística y coordinación.  Es la única que aún hoy está desaparecida. Sus hermanas la pudieron localizar en La Escuelita de Bahía Blanca. Dora escuchó cuando uno de los guardias decía: “dejala a esa, que la vas a ver por muy poco tiempo acá”.

Dora y Argentina Seguel fueron secuestradas días después. Fueron trasladadas a Bahía Blanca y sufrieron torturas y agresiones sexuales. Estando en ese centro clandestino de detención, el emblemático torturador y represor Santiago Cruciani –conocido como el Tío- le dijo a Dora: “pero estas son unas perejiles; pensamos que habíamos atrapado peces gordos, son unas taradas”. Luego le dijo: “¿tenés novio? Ya te conseguimos uno”.

También cabe señalar que entre los casos mencionados por la fiscalía en el segundo día del séptimo tramo del juicio están los de Raúl González (secuestrado en Zapala) y Eduardo Buamscha, ambos diputados provinciales por el Frejuli hasta 1976.

Tal como ocurrió el primer día, hubo presencia y virtualidad en la participación de las y los actores de este importante juicio para la zona; teniendo en cuenta las medidas restrictivas adoptadas por la pandemia.

 

Ph Oscar Livera

zoom 9/12/2020

Ph Oscar Livera

9/12/2020

 

Virginia Pirola para la Cobertura Colaborativa

 

 

Medios alternativos y acompañamiento de familiares

“Nos estamos organizando, venimos cubriendo varios juicios de lesa humanidad con un equipo de trabajo”, dijo Iris Sánchez, fotógrafa, promotora de varias redes sociales donde se informa sobre los juicios de lesa humanidad en la región e integrante de la red de medios alternativos.

Afuera del tribunal, en avenida Argentina 1690 de Neuquén, la radio “El Zumbido” retransmite en directo la acusación de la fiscalía. Varias personas que no pudieron ingresar a la sala por razones de espacio, escucharon desde la sombra de los árboles del bulevar, el resumen de la fiscalía.

Iris detalló que la transmisión en vivo toma el audio de youtube, y por la acreditación que varios de los periodistas colegas de Buenos Aires hicieron en el zoom para autorizados por el Tribunal “cubrimos por streeming” y se replica a través de las redes sociales como Facebook, Instagram o twitter con “todas las noticias del juicio”.

Nerea Monte, abogada de la APDH explicó que “yo escuché mejor desde afuera que aquí mismo en la sala”. Conjeturó: “debe ser por los parlantes.

Escuelita VII 10dic2020 Juicio AMUC FOTO Oscar Livera 020

“Esta instancia es pública, así es que reproducimos desde la calle y por las redes el requerimiento de la acusación”, dijo Nadia Paris, una de las integrantes de la red de medios alternativos. Nadia es sobrina de uno de los querellantes en este juicio, Eduardo Paris.

Agregó que debido a la pandemia y las restricciones para evitar los contagios, la transmisión radial es parte del acompañamiento desde afuera de la sala de audiencias; mientras que después “aunque sea acompañaremos escuchando testimonios de las víctimas luego de que terminen de declarar, para que cuando salgan puedan sentir el acompañamiento aún en este contexto de pandemia”, sostuvo.

ph Oscar Livera

Eduardo Paris 2020

Nadia París dijo sentirse representada en el reclamo de las querellas y de la fiscalía para que también sea pública (transmisión en directo) la etapa testimonial que comenzaría en febrero.

“Esa discusión preliminar que expuso la publicidad de los juicios es un tema que está de arrastre desde el primer tramo y la pandemia reeditó esta intención”, planteó.

Criticó las “chicanas” de las defensas para “tratar de aplazar estos juicios aún más” y ejemplificó que en el caso de su tío, Eduardo Paris, “es tardío, con 13 años de instrucción y los últimos 10 que no se produjo prueba nueva. La sensación es que es tardío pero un espacio de reivindicación, de hechos que cuentan las víctimas como prueba fundamental para juzgar a los genocidas”, sostuvo.

Finalmente indicó que para los familiares de quienes padecieron la persecución y tortura, “esta instancia de juzgamiento tiene incidencia directa en la lucha contra la impunidad”.

Shirley Herreros para la cobertura colaborativa

 

cronograma

Los testimonios para el 28 de noviembre incluyeron las voces de los testigos – víctima Francisco Tomasevich y Sergio Méndez Saavedra por la mañana; mientras que  Juana Aranda de Pincheira se escuchó durante la jornada de la tarde.

 

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Bronca en el final del Segundo Juicio

No hubo consuelo ni palabras para explicar el espíritu devastado del público al término de la lectura del veredicto en Amuc. Hubo condena para los jefes militares, pero aquellos a los que se consideró partícipes necesarios de plan criminal cuya metodología fue la desaparición y la tortura, merecieron entre ocho y doce años de cárcel; casi un tercio del tiempo de impunidad ante los crímenes cometidos durante la dictadura.

Matias Subat

Hubo testigos víctimas que aseguraron que recibieron golpes, que perdieron parte de sus dentaduras en las golpizas, que llevaban consigo problemas de salud graves producto de la tortura en sus diferentes formas, y no se les creyó. La absolución de la mayoría de los policías rionegrinos por los que se hizo este juicio se debió a que «no se consideró probado» los relatos de los sobrevivientes.

Al término del veredicto hubo muchos insultos y gritos por parte de unos pocos, pero mayor fue el silencio y el estupor de la mayoría. Como atados al piso, sin poder explicar ni explicarse, con la sensación de que no estaba bien, de que no hubo justicia pese a la condena.

Matias Subat

Las madres neuquinas dieron rienda suelta a la denuncia a viva voz de impunidad y de injusticia dentro de la sala. E insistieron con el ejemplo que las hizo madres de Plaza de Mayo: instaron a continuar exigiendo Justicia a pesar de los escollos sin dejar que un mal fallo impida el reclamo. «La marcha no tiene fin, esta no es la Justicia que queríamos, habrá que perfeccionarla y esa es la tarea de todos nosotros, adelante», sostuvo Lolín Rigoni cuando agradecía a muchos de los que se agolparon afuera, la asistencia y acompañamiento durante los largos meses de testimonios y de juicio.

Emiliano Ortiz

El viernes 02 de noviembre, el Tribunal convocó a las partes para dar lectura al veredicto de la sentencia a represores del Alto Valle para el martes 06 a las 7:30 de la mañana. Organizaciones sociales, representantes de partidos políticos, familiares y víctimas de la represión se presentaron para escuchar la voz de la justicia que había tardado 36 años en llegar.

A sala llena, el Salón Verde de AMUC estaba expectante, por las palabras del Presidente del Tribunal Oral Federal, Orlando Coscia, quien daría tranquilidad y pondría fin a tan larga espera. No estuvieron presentes los imputados. Tampoco la mayoría de los defensores. El equipo de la Defensa Oficial faltó en su totalidad.

 

Matias Subat

Con cánticos que decían “cárcel común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida por las calles argentinas” aquellos que fueron víctimas recibieron a los magistrados que comenzaron con la lectura del veredicto. Afuera del salón, un grupo de manifestantes esperaba también con la esperanza de que al terminar la audiencia se hiciera presente la justicia.

Sin embargo, a medida que se leían los puntos del fallo, aquel aire de fiesta que había inundado la sala antes de comenzar, se empezó a esfumar dejando a su paso el desdén, la bronca y la tristeza. Mientras que algunos familiares, como Oscar Ragni, tomaban nota con atención de cada una de las condenas y absoluciones, otros festejaban penas como la impuesta a Enrique Braulio Olea, de 22 años de prisión, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada por el empleo de violencia, amenazas, y por la aplicación de tormentos físicos y psíquicos, que en uno de los casos (José Luís Albanesi) resultó en la muerte del “perseguido político”, lamentaban desconcertados condenas como las de Antonio Alberto Camarelli, de 10 años o la del personal de inteligencia, Raul Antonio Guglielminetti, de 12 años, murmurando “vergüenza!” y sintiéndose apabullados, por absoluciones como la de Emilio Jorge Sacchitella, quien había sido imputado por el caso de Ernesto Joubert, secuestrado en Junín de los Andes y reconoció a Sacchitella como quien le propició golpes y fue uno de sus interrogadores y quien según el testigo, le había dicho que tenía el poder de decidir “quien vive y quien muere”.

Matías Subat

Con un total de 8 absoluciones y penas máximas de 23 años, y el pedido de investigación de víctimas de la tortura en Cipolletti, de quienes ya la periodistas del diario Río Negro, Alicia Miller,  había en el 2010 puesto en duda su credibilidad, el tribunal puso fin a la lectura del veredicto, dando lugar a una serie de repudios, llanto y exabruptos, que sacaron a la luz, claramente, la decepción de los que esperaron tantos años por una justicia, que sintieron no llegó.

Sergio Méndez Saavedra, víctima de la dictadura, gritaba al tribunal, consternado, por considerarlos responsables de “dejar asesinos sueltos”, Ernesto Joubert, quien antes de la audiencia se mostraba feliz, se lamentaba por haber viajado más de 500 kilómetros, para escuchar la absolución de uno de los responsables de su secuestro y tortura, las representantes de la Ceprodh se pusieron al frente de la manifestación que se llevaba a cabo fuera del salón, para repudiar el veredicto por considerar que la justicia había demostrado ser “una justicia de clase”.

Matias Subat

Mientras tanto, Noemí Labrune, de la APDH, se decía impotente por creer que las condenas habían sido incongruentes y demasiado bajas para los delitos aberrantes de los que se trataba, yendo en contra de la jurisprudencia en este tipo de juicios que siempre había buscado las penas más altas por ser delitos que expresan el atentado contra la humanidad toda;  y representantes de la APDH y la Secretaría de Derechos Humanos, como así también el fiscal Marcelo Grosso adelantaban que apelarían el fallo.

Matías Subat

 

Por su parte, para cerrar la jornada, los únicos representantes de los imputados que se encontraron ausentes, Rodolfo Ponce De León y Paola Rubianes, se mostraron satisfechos por el veredicto y consideraron que las penas se habían ajustado al derecho.

 

matías subat

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6 de noviembre, el veredicto

A las 7,30 de la madrugada convocó el Tribunal Oral Federal para escuchar el veredicto de lo que será la sentencia del juicio.

Se leerán penas o absoluciones (parte resolutiva) en la sala de Amuc donde se desarrollaron las audiencias desde abril.

 

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

 

Los defensores insistieron con las absoluciones

En la jornada de dúplicas, los equipos de defensas particulares (Gerardo Ibañez, Hernán Elizondo, Rodolfo Ponce de León y Herán Corigliano) junto con el equipo de defensores públicos (Eduardo Peralta, Gabriela Labat y Alejandra Vidales) insistieron en sus planteos de absolución bajo los conceptos de negar el tratamiento de delitos de lesa humanidad en el juicio y la falta de imputación y de pruebas en contra de los 22 acusados.

 

 

Matias Subat 30 octubre

El abogado del general de Brigada, Enrique Braulio Olea (jefe del Batallón 181 de Construcciones en 1976), Gerardo Ibañez, descalificó las réplicas de las acusaciones y dijo que pensó que «iban a ser más precisos, pero sólo hubo vaguedades».

Se mostró molesto por los dichos de que «somos igual de delincuentes de lo que ellos creen que son nuestros clientes», al tiempo que dijo sentirse orgulloso de responder por alguien como el general Olea.

«La categoría de lesa humanidad no existía, y no lo fue tampoco en la causa 13», dijo en relación a la sentencia a las juntas de 1984 y rechazó los cuestionamientos de «la construcción de un relato falso».

«No han rebatido ninguno de los elementos que planteamos», siguió el defensor e insistió a los jueces en que no pueden encuadrar el juicio en el delito de genocidio porque no se cumplen los preceptos establecidos por la convención internacional. «Planteamos las nulidades porque existen, no las consentimos por haber participado del juicio», le respondió al fiscal Marcelo Grosso, al tiempo que reiteró que corresponde la absolución de Olea.

 

«Que se tenga en cuenta la totalidad del testimonio»

 

Cecilia Maletti

 

En una de las pocas intervenciones extensas que se anotó durante este juicio la defensora María Cecilia Oviedo, dijo durante las réplicas defensistas que la defensa de Francisco Julio Oviedo -suboficial de inteligencia y su padre- exige que se tenga en cuenta la totalidad del testimoni de Pedro Maidana, porque sostienen que no se condice con la acusación que pesa sobre su defendido.

«El hecho que fue descripto no tiene correlato con la prueba», dijo sintéticamente el codefensor Hernán Elizondo.

 

«Sin víctimas no hay victimarios»

Cecilia Maletti

El defensor del comisario rionegrino Oscar Del Magro, Rodolfo Ponce de León, en una extensa dúplica, reiteró el término de «caníbales» para con la querella del Ceprdoh, y aunque intentó pedirles disculpas si las ofendía, volvió a calificar a las abogadas de «megalomaníacas» al tiempo en que justificaba el porqué se había referido a las víctimas como no víctimas.

«No se cómo puedo ofeder el pudor de nadie cuando digo que no son víctimas los que no son víctimas», arrancó el abogado quien a diferencia del resto de los defensores, remarcó que no citó la teoría de los dos demonios ni la guerra sucia, porque «hubo terrorismo de Estado, lo dije desde el primer momento  refiriéndome al 16 de junio de 1955»

«Toda víctima posee su victimario, que está sujeto a reglas del código penal, si no lo son, no hay víctimas», justificó Ponce de León; y en la misma línea volvió a cargar contra las abogadas del Ceprodh con el argumento de que al acusar por genocidio «acusan mal profesionalmente».

Aseguró que los hechos existieron, las desapariciones forzadas «son ausencias que existen», dijo que las torturas exitieron; pero que no estaban imputadas individualmente a ninguno de los acusados.

«Se describen hechos que no se condicen con los que describen las víctimas», insistió en tanto planteó que al no asignársele qué conducta le correspondía a los imputados, sólo e hacía «un discurso demagógico para recibir el aplauso de la platea, eso fue lo que se vio durante las réplicas de la querella», finalizó mientras pedía la absolución de su defendio.

 

«Nos sometimos a las reglas del juego»

Matias Subat

Los defensores Eduardo Peralta, Gabriela Labat y Alejandra Vidales insitieron en la absolución de los 14 defendidos a los que representan en este juicio e iniciaron las palabras con una réplica a la fiscalía -que les dijo que pedían la nulidad pero habían convalidado el proceso con su presencia- , a quien le indicaron que «nos sometimos a las reglas del juego»,  insistió con los argumentos técnicos que se virtieron en los alegatos generales y que cumplió su labor de «análisis de la prueba en beneficio de nuestros defendidos».

Aseguró Peralta que seguirá siendo una «defensa técnica eficaz» yconsideró que sus dichos sobre venganza, que planteó por las penas solicitadas para los acusados, habían sido mal interpretados. «No voy a ser un mero convalidador de conductas», sostuvo el jefe del equipo fiscal, mientras que la codefensora Labat  insistió en que «se hizo una interrelación de toda la prueba, una valoración global y acertada» y que no hubo sezgo, como se les endilgó.

«Se nos dice que buscamos manipular al Tribunal, y esto ofende la inteligencia» de los participantes en el juicio, criticó. Agregó que lo que hizo la defensa oficial, fue poner en evidencia «las groseras deficiencias» de la requisitoria fiscal con la que se llegó al juicio.

 

«No fue una visión sesgada»

Matias Subat

Los defensores de los militares Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín, Gustavo Vitón, José Ricardo Luera y el médico militar Hilarión Pas Sosa -Hernán Corigliano y Paola Rubianes-  insistieron en que no hubo una «visión sesgada» de la realidad, sino que se remitieron a la «guerra revolucionaria» que quedó demostrada en la causa 13, del juicio en 1984  a los ex comandantes militaresque tomaron el poder en 1976.

Rubianes reiteró que no hubo en los 180 testigos ninguno que nombrara a los oficiales de inteligencia Molia Ezcurra y San Martín como los autores de las torturas por la que están acusados en los 39 casos por los que se llevó a cabo este juicio.

insistió en los «testimonios discordantes», basados en testigos «algunos inconsistentes, otros asimétricos y en algunos casos, falaces», por lo que no había un cuerpo probatorio ni siquera indiciario que llevara a una misma conclusión. Cargó contra la fiscal instructora Cristina Beute y dijo que los alegatos de los acusadores habían sido una «sala literaria» que no se condecía con el proceso penal.

«Esto es un proceso judicial, no se falseó la historia, se justificó : hubo una guerra civil revolucionaria y así lo estableció la causa 13/84 que está firme y confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación», reclamó Corigliano, mientras que insistió en que ese contexto histórico de la guerra sucia y la teoría de los dos demonios «está judicialmente probado»; por lo que se sintió contrariado por las acusaciones que recibió en manifestaciones públicas y comunicados.

Cecilia Maletti

«No les corresponde la categoría de lesa humanidad, no se puede aplicar con retroactividad el derecho y esta era una categoría que no existía en el momento de los hechos», volvió a reiterar  en tanto le respondió al fiscal Grosso que «las nulidades no pueden ser convalidadas por nadie, fue confirmado así y me tengo que sentar aquí y respeto al tribunal aunque en mi opinión no corresponde esta integración. La acusación está viciada de nulidad, es un instrumento defectuoso y por eso más lo que dije antes, es que pido la absolución», finalizó.

 

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