Las querellas debatieron las figuras de “homicidio” y “desaparecido”

En la cuarta audiencia en el séptimo juicio a represores de Neuquén y Río Negro las querellas expusieron los hechos y explicaron de qué acusan a cada imputado. La actividad se retomará el 10 de febrero próximo, se continuarán con el planteo de las defensas y podría haber indagatorias, en el caso de que los acusados tengan la intención de hablar.

La última jornada de 2020 estuvo signada por los problemas técnicos en el salón de la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC), en Avenida Argentina al 1600. Luego de varios cortes de energía el sistema de cámaras y sonido fue suspendido, y la audiencia comenzó a las 10:30 (una hora y media más tarde de lo establecido).

Ph Oscar Livera

Burno Valda y Natalia Hormazabal 2020

La primera exposición estuvo a cargo de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), representada por las abogadas Natalia Hormazábal y Mariana Derni. Remarcaron la necesidad de que se mantenga a la figura del “desaparecido”, y se opusieron a la calificación de homicidio solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). “No llamamos a las desapariciones por lo que no son”, expresó Derni, y agregó que hablar de asesinato constituye “una ficción jurídica”. “El Estado, mientras los imputados guardan su pacto de silencio, debe decirnos qué pasó, qué les hicieron, cuál fue el destino final y quiénes son responsables por las víctimas detenidas desaparecidas”, agregó.

Sobre la elevación a juicio el Ceprodh precisó que se basan en el pedido de marzo de 2020, donde se incorpora a Osvaldo Bernardino Páez. El acusado, que integró el Estado Mayor del V Cuerpo del Ejército, fue acusado por “privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, doblemente agravada por haber mediado violencia” y también por “aplicación de tormentos”, en perjuicio de diecinueve víctimas. Derni agregó que también le atribuyen responsabilidad por violación sexual, en el caso de Dora Seguel.

Por su lado Bruno Vadalá, a cargo de la querella de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), omitió el relato de los hechos e indicó que la fiscalía ya había expuesto lo que le ocurrió a cada víctima. Habló del contexto en el que se produjeron los crímenes, remarcando que “son delitos de lesa humanidad, en el marco de un genocidio”. Leyó el requerimiento para cada acusado, solicitando que se los impute en su mayoría por “privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por haber mediado violencia” y “aplicación de tormentos”.

La APDH cree que víctimas de este tramo que siguen desaparecidas, fueron asesinadas en La Escuelita de Bahía Blanca. “La figura del desaparecido se creía más cercana a los hechos porque nada se sabía sobre su destino posterior a los centros clandestinos de detención y torturas”. Agregó: “luego de cuarenta y cuatro años, es ilógico sostener que las víctimas se encuentran en otro lado o que fueron trasladadas a otro lugar”.

Vadalá solicitó, al igual que el resto de las querellas y la fiscalía, que se juzguen por separado los delitos contra la integridad sexual. “Existían dos delitos bien diferenciados. Por lo tanto la relación entre tormentos y violación no puede realizarse porque no es un tipo de delito subsumido dentro de otro” aclaró, y recordó que en estos casos no es importante quién ejecutó el acto materialmente, sino “todos aquellos que pudieron detentar el dominio del hecho e incidieron en su configuración final”.

Tras un cuarto intermedio la audiencia cerró con el relato del abogado abogado Luis Virgilio Sánchez, representante de Eduardo París, quien integró el Partido Intransigente y trabajó en el Banco de los Andes durante la dictadura.

Sánchez detalló dos momentos distintos en los que la víctima fue detenido sin explicaciones. Primero su paso por las comisarías Primera de Neuquén y luego Cuarta de Cipolletti, donde fue liberado. Allí reconoció luego a Gerónimo Enerio Huircaín y Miguel Ángel Quiñones, entonces efectivos en la policía de Río Negro. Luego relató un segundo secuestro, en el cual París fue llevado y torturado en los dos centros clandestinos conocidos como La Escuelita, la de Neuquén y la de Bahía Blanca. Tras casi diez días de detención y torturas fue liberado en la Ruta Nacional 3 y llegó solo a la localidad de Pedro Luro. Fue trasladado a la Comisaría de Mayor Buratovich y, antes de regresar a Neuquén, vio a otras dos víctimas: Nora Rivera y Darío Altomaro.

Sánchez adhirió en su totalidad a la acusación del MPF, destacando “la pormenorizada y minuciosa exposición” de José Nebbia y su adjunta, Jorgelina D’Alessandro. Le atribuyó a los imputados la calificación legal de “privación ilegal de la libertad, agravada por el empleo de violencia y amenazas” y la “aplicación de tormentos”, agravados porque Eduardo París era un perseguido político.
Finalmente, el presidente del tribunal, Alejandro Cabral, dio por finalizada la audiencia y dispuso el regreso para el 10 de febrero de 2021, con las cuestiones preliminares y planteos de la defensa. A pedido de los otros jueces y tras acordar con las partes, las audiencias se realizarán sólo los miércoles, a la mañana y a la tarde, con un cuarto intermedio a las 13.

 

Santiago Amillano para la cobertura colaborativa.

JORNADA 2: La historia de las victimas caso por caso

La segunda jornada el séptimo tramo del Juicio La Escuelita VII, en el que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos en la región por la dictadura de 1976, continuó con la lectura de los casos que serán abordados en este proceso judicial.

El fiscal José Nebbia y la adjunta Jorgelina D’Alessandro expusieron ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, los hechos de 15 de víctimas que serán ventilados en el juicio que inició el pasado miércoles. De ellas nueve aún permanecen desaparecidas.

La fiscalía contó una por una las historias de  Eva Garrido, Nora Rivera, César Giliberto, Raúl González, Eduardo Buamscha, Eduardo París, Dora y Argentina Seguel y Pedro Maidana. Ellos y ellas fueron víctimas de los delitos de “privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometida con el empleo de violencia y amenazas, en concurso real con imposición de tormentos, agravados por ser la víctima perseguida política”.

Ph Oscar Livera

José Nebbia 2020

Nebbia y D’Alessandro también detallaron los casos de quienes integran la larga lista de personas desaparecidas de la república Argentina: Mirta Tronelli, Cecilia Lilia Vecchi, Susana Mugica, Alicia Pifarré, Miguel Ángel Pincheira, Carlos Chávez, Arlene Seguel, Jorge Asenjo y Carlos Schedan.

En todos los casos hay hechos similares: fueron detenidos y secuestrados en junio de 1976 por operativos realizados de manera conjunta entre fuerzas de seguridad nacionales y policías provinciales (tanto de Neuquén como de Río Negro); y además fueron trasladados en avión al centro clandestino de detención y tortura La Escuelita de Bahía Blanca.

La mayoría de los secuestros se produjo entre el 10 y el 14 de junio, por operativos  organizados por las fuerzas conjuntas que demostraron altos niveles de organización.

Hubo secuestros en Cinco Saltos, Barda del Medio, Neuquén capital, Zapala y Cutral Có. En esta última ciudad se realizó en junio de 1976 el conocido “operativo Cutral Co”, durante el cual secuestraron a estudiantes y trabajadores que tenían alguna vinculación con el PRT.

Entre las personas detenidas en la comarca petrolera están las tres hermanas Seguel, quienes además fueron sometidas a abusos sexuales; acción criminal que por primera vez en la región se incorpora como delito autónomo de lesa humanidad.

También están las y los jóvenes que integran que grupo de artistas; vinculados entre sí. Es el caso de Mirta Tronelli, amiga de Cecilia Vecchi (otra de las víctimas de este tramo), a quien fueron a buscar a su trabajo en Neuquén el día siguiente a realizar gestiones junto a su papá por Cecilia. Mirta fue vista por última vez en la Escuelita de Bahía Blanca y es por eso que se cree que fue asesinada a los pocos días del traslado al centro clandestino de la localidad bonaerense.

Lo mismo se cree de Carlos Schedan, un joven oriundo de  Tucumán que fue secuestrado junto a su compañera. Pese a que a su familia le informaron que había sido liberado, la hipótesis de la fiscalía es que también fue asesinado en La Escuelita de Bahía Blanca.

Jorge Asenjo fue secuestrado en su domicilio, en Cinco Saltos. Al igual que el resto fue trasladado a Bahía Blanca y ese fue su destino final, según lo que se reconstruyó del resto de los testimonios.

Carlos Cháves fue detenido en Cutral Co. A su compañera le dijeron “a vos te dejamos, olvídate de tu marido” y cumplieron porque Carlos fue visto por última vez en la Escuelita de Bahía Blanca, según el testimonio de sus compañeras, quienes lo reconocieron en el lugar.

Es diferente la historia de Miguel Ángel Pincheira, otra de las víctimas secuestrada en Cutral Co y quien aún permanece desaparecido. A Miguel lo llevaron a casi todos los centros clandestinos y lugares de detención habilitados en la región: fue trasladado a Bahía Blanca, estuvo en la U9 de Neuquén y  en La Escuelita de esta misma ciudad; en la U5 de General Roca y en la U6 de Rawson. Su familia logró verlo tanto en la U9 como en la U5: estaba muy golpeado y su salud deteriorada. Fue asesinado tras su detención en Rawson, al igual que Méndez, Cancio y Seminario. Según la información disponible ellos fueron retirados de sus celdas el 3 de noviembre de 1976 para ser trasladados por Luis Alberto Farías Barrera, quien fue condenado en otros tramos de este juicio y falleció poco tiempo atrás.

Arlene Seguel es la primera de las tres hermanas secuestrada en Cutral Co, en el inicio del operativo de junio del  76, que contó con una enorme organización, logística y coordinación.  Es la única que aún hoy está desaparecida. Sus hermanas la pudieron localizar en La Escuelita de Bahía Blanca. Dora escuchó cuando uno de los guardias decía: “dejala a esa, que la vas a ver por muy poco tiempo acá”.

Dora y Argentina Seguel fueron secuestradas días después. Fueron trasladadas a Bahía Blanca y sufrieron torturas y agresiones sexuales. Estando en ese centro clandestino de detención, el emblemático torturador y represor Santiago Cruciani –conocido como el Tío- le dijo a Dora: “pero estas son unas perejiles; pensamos que habíamos atrapado peces gordos, son unas taradas”. Luego le dijo: “¿tenés novio? Ya te conseguimos uno”.

También cabe señalar que entre los casos mencionados por la fiscalía en el segundo día del séptimo tramo del juicio están los de Raúl González (secuestrado en Zapala) y Eduardo Buamscha, ambos diputados provinciales por el Frejuli hasta 1976.

Tal como ocurrió el primer día, hubo presencia y virtualidad en la participación de las y los actores de este importante juicio para la zona; teniendo en cuenta las medidas restrictivas adoptadas por la pandemia.

 

Ph Oscar Livera

zoom 9/12/2020

Ph Oscar Livera

9/12/2020

 

Virginia Pirola para la Cobertura Colaborativa

 

 

Medios alternativos y acompañamiento de familiares

“Nos estamos organizando, venimos cubriendo varios juicios de lesa humanidad con un equipo de trabajo”, dijo Iris Sánchez, fotógrafa, promotora de varias redes sociales donde se informa sobre los juicios de lesa humanidad en la región e integrante de la red de medios alternativos.

Afuera del tribunal, en avenida Argentina 1690 de Neuquén, la radio “El Zumbido” retransmite en directo la acusación de la fiscalía. Varias personas que no pudieron ingresar a la sala por razones de espacio, escucharon desde la sombra de los árboles del bulevar, el resumen de la fiscalía.

Iris detalló que la transmisión en vivo toma el audio de youtube, y por la acreditación que varios de los periodistas colegas de Buenos Aires hicieron en el zoom para autorizados por el Tribunal “cubrimos por streeming” y se replica a través de las redes sociales como Facebook, Instagram o twitter con “todas las noticias del juicio”.

Nerea Monte, abogada de la APDH explicó que “yo escuché mejor desde afuera que aquí mismo en la sala”. Conjeturó: “debe ser por los parlantes.

Escuelita VII 10dic2020 Juicio AMUC FOTO Oscar Livera 020

“Esta instancia es pública, así es que reproducimos desde la calle y por las redes el requerimiento de la acusación”, dijo Nadia Paris, una de las integrantes de la red de medios alternativos. Nadia es sobrina de uno de los querellantes en este juicio, Eduardo Paris.

Agregó que debido a la pandemia y las restricciones para evitar los contagios, la transmisión radial es parte del acompañamiento desde afuera de la sala de audiencias; mientras que después “aunque sea acompañaremos escuchando testimonios de las víctimas luego de que terminen de declarar, para que cuando salgan puedan sentir el acompañamiento aún en este contexto de pandemia”, sostuvo.

ph Oscar Livera

Eduardo Paris 2020

Nadia París dijo sentirse representada en el reclamo de las querellas y de la fiscalía para que también sea pública (transmisión en directo) la etapa testimonial que comenzaría en febrero.

“Esa discusión preliminar que expuso la publicidad de los juicios es un tema que está de arrastre desde el primer tramo y la pandemia reeditó esta intención”, planteó.

Criticó las “chicanas” de las defensas para “tratar de aplazar estos juicios aún más” y ejemplificó que en el caso de su tío, Eduardo Paris, “es tardío, con 13 años de instrucción y los últimos 10 que no se produjo prueba nueva. La sensación es que es tardío pero un espacio de reivindicación, de hechos que cuentan las víctimas como prueba fundamental para juzgar a los genocidas”, sostuvo.

Finalmente indicó que para los familiares de quienes padecieron la persecución y tortura, “esta instancia de juzgamiento tiene incidencia directa en la lucha contra la impunidad”.

Shirley Herreros para la cobertura colaborativa

 

Comenzó en Neuquén el 7mo. juicio por crímenes de la dictadura en Neuquén y Río Negro

A 12 años de la primera sentencia en Neuquén por los crímenes cometidos durante la dictadura d 1976 en la región, comenzó el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en la sala de audiencias de avenida Argentina al 1600.

El inicio fue polémico y controvertido debido a la presentación de la defensa oficial de varios pedidos para que se suspendiera la jornada.

ph Oscar Livera

Noemi Labrune y Sara Mansilla 2020

Este tramo puso en el banquillo de los acusados no sólo a las jerarquías militares de la región que aún están en condiciones de ser condenados, sino a los máximos jefes militares del V Cuerpo del Ejército que llegaron acusados por los secuestros en Neuquén, Cinco Saltos, Cipolletti, Zapala y Cutral Co; también por las desaparecidas que nunca regresaron del cautiverio en el centro clandestino de Bahía Blanca, que fueron las primeras denuncias públicas sobre desaparecidos en dictadura en Neuquén y Río Negro.

Los diputados del Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli) secuestrados ni bien se produjo el golpe cívico militar, las artistas de Neuquén cuyos padres denunciaron en el diario “Rio Negro” que habían sido llevadas por secuestradores, las universitarias y militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que fueron “cazadas” en operativos de inteligencia forman parte de las 20 denuncias.

El juicio comenzó una semana después de lo previsto debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Neuquén esperaba la designación del cuarto juez y a que restaba una definición del Tribunal de Casación sobre  una recusación presentada por la defensa oficial de los militares de Bahía Blanca. La primera jornada estuvo signada por casi tres horas de debate si esta audiencia debía ser nuevamente pospuesta por nuevas presentaciones que hizo el defensor oficial Pablo Repetto.

“Son chicanas jurídicas”, resumió la querellante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) Natalia Hormazábal. La fiscalía se mostró molesta por la búsqueda de una nueva suspensión y el fiscal José Nebbia planteó: “hace 44 años que estamos esperando Justicia, hay una postura inflexible de la defensa de no querer colaborar” y demorar el inicio. Agregó que “estos juicios son históricos, podemos comenzar, estos debates no se hacen para comodidad de las defensas, el resumen de la lectura tiene otro sentido, hay víctimas que esperan hace más de 4 décadas”. Rebatió los argumentos defensistas y sostuvo minuciosamente por qué no había en la síntesis de las tres elevaciones a juicio y las diferentes requisitorias, una búsqueda de soslayar el cumplimiento de la legalidad de la acusación de la apertura.

Los jueces Alejandro Cabral (presidente), Alejandro Silva y Simón Bracco definieron finalmente declarar la apertura, no suspender el debate y dar inicio a la presentación de la acusación contra los 15 acusados, por la fiscalía.

Ph Oscar Livera

Alejandro Cabral 2020

Debido a que el desarrollo del proceso se realizó en medio de la pandemia por coronavirus, en la sala no hubo más de 30 personas con mucho distanciamiento; sólo el juez Cabral estuvo en la sala –el resto de los jueces lo hizo en forma virtual-, mientras que la totalidad de los imputados y de las defensas siguieron el desarrollo de la primera jornada desde una sala de zoom.

La querella del Ceprodh solicitó que se libere la restricción que planteó el tribunal de la transmisión directa del juicio cuando inicie la etapa testimonial. Los defensores apelaron el planteo con la postura de que se afectaría el derecho de defensa y el presidente del tribunal dijo que la decisión se había adoptado en contrario, para evitar la “contaminación” de los dichos de los testigos antes de ir a la audiencia.

Llamativamente la fiscalía insistió y adhirió al planteo del Ceprodh (al igual que lo hicieron la acusación de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro y de Virgilio Sánchez, apoderado del denunciante Eduardo París) con el argumento de que la prueba no se podía contaminar a 44 años de producidos los hechos. “Está previsto en el código para juicio de dos o tres días, para que lo que dice un testigo no influya en lo que pueda decir otro. En este caso no hay ningún argumento que viole las garantías constitucionales, estaríamos en un problema si no hubieran hablado en 44 años de cómo sucedió, de cómo lo recuerdan y dónde lo supo; sería cosa de merituar después”, sostuvo Nebbia.

Sin embargo el tribunal sostuvo que daría a conocer su posición luego y que por el momento estaba la decisión tomada de que las testimoniales no serán transmitidas por canales virtuales.

En las puertas de la Asociación Mutual de la Universidad del Comahue (AMUC), las organizaciones de Derechos Humanos, integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN), sobrevivientes de la tortura durante la dictadura y familiares de detenidos-desaparecidos, siguieron las instancias de lectura y debate en la sala a través de los parlantes que colocó en el bulevar de la avenida Argentina, la red de medios alternativos de comunicación.

Ph Oscar Livera

9/12/2020 APDH

Shirley Herreros para la cobertura colaborativa

 

 

Se cumplen 35 años de la sentencia a las Juntas Militares

El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal dictó sentencia a las Juntas Militares en la Causa 13 por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que encabezaron en 1976 y se extendió hasta 1983.

El fallo de la Cámara fue fundacional para llegar 35 años después, también un 9 de diciembre, al inicio del séptimo tramo del juicio “La Escuelita” de Neuquén para juzgar a 15 represores imputados de crímenes de lesa humanidad por 20 víctimas-querellantes, 9 de las cuales permanecen desaparecidas.

En aquel histórico juicio en el que se develaron las atrocidades cometidas durante la vigencia del “Terrorismo de Estado”, se demostró la puesta en marcha de un “Plan Criminal  Sistemático”  aplicado en todo el país con una estructura perfectamente pergeñada desde el poder de facto, ejercido por las Fuerzas Armadas con la participación de Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales para su ejecución.

https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/202004/43479-hoy-se-cumplen-35-anos-del-inicio-del-juicio-a-las-juntas.html

La Causa13 juzgó a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares a partir de 1976: Jorge Rafael Videla (Comandante en Jefe del Ejército entre 1976 y 1978), Emilio Eduardo Massera (Comandante en Jefe de la Armada entre 1976 y 1978) y Orlando Ramón Agosti (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1976 y 1978).

Roberto Eduardo Viola (Comandante en Jefe del Ejército, entre 1978 y 1979), Armando Lambruschini (Comandante en Jefe de la Armada, entre 1978 y 1981), Omar Domingo Rubens Graffigna (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1978 y 1979), miembros de la segunda junta.

También a quienes formaron parte de la tercera junta: Leopoldo Fortunato Galtieri (Comandante en Jefe del Ejército, entre 1979 y 1982), Jorge Isaac Anaya (Comandante en Jefe de la Armada, entre 1981 y 1982) y Basilio Lami Dozo (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1979 y 1982).

Las audiencias orales fueron entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, con el testimonio de 833 personas entre ex detenidos, familiares de desaparecidos y represores.

Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985, la Fiscalía acusó a los procesados de secuestro, tortura, robo, homicidio, allanamiento ilegal y falsedad documental, todos ellos delitos tipificados por el Código Penal vigente en el marco de la ejecución de un plan sistemático concebido por la más alta jerarquía militar.

El Fiscal Julio César Strassera realizó el alegato final con manifestaciones que aún hoy, a 35 años resuenan en los oídos de millones de argentinos y argentinas: «Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el Pueblo Argentino. Señores jueces: Nunca más».

Entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre alegaron las defensas de los jefes militares que insistieron en que se había tratado de una guerra, y que los actos develados debían ser considerados como circunstancias inevitables de toda guerra.

El tribunal integrado por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D´Alessio dictó sentencia el 9 de diciembre de 1985, fundada en 709 casos presentados durante el juicio.

La sentencia fue leída por León Arslanián en su condición de presidente de la Cámara Federal, que condenó a Videla y Massera a reclusión perpetua; a Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; a Viola a diecisiete años de prisión; y a Lambruschini a la pena de ocho años de prisión.

En tanto, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.

La Causa 13 fue posible por la incansable lucha de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, Organismos de Derechos Humanos y la difusión y trascendencia que alcanzaron, más allá de las fronteras argentinas, los crímenes cometidos por la dictadura, la desaparición de personas, el robo de bebes nacidos en cautiverio, la existencia de Centros Clandestinos de Detención, la aplicación de torturas, violaciones y abusos sexuales a detenidas.

También en ese contexto internacional, fue un golpe para la dictadura el Premio Nobel de la Paz otorgado a Adolfo Pérez Esquivel en el año 1980 por su lucha y denuncias contra los genocidas.

Otro hito que facilitó el juzgamiento de los criminales fue la labor desplegada por la Comisión  Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por el entonces Presidente Raúl Alfonsín, el 15 de diciembre de 1983, integrada entre otros por el Obispo de Neuquén, Monseñor Jaime Francisco De Nevares.

El informe entregado a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 fue publicado en formato de libro ese mismo año con el título de “Nunca Más”.

Los procesos judiciales que se multiplicaron a lo largo y ancho de la Argentina, fueron paralizados por las leyes de Punto Final en 1986, Obediencia Debida, en  1987, de Alfonsín, y luego los indultos de Carlos Menem (1990).

A pesar de todo, la marcha de “Memoria, Verdad y Justicia” no pudo detenerse y en 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la leyes de impunidad, se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, entre ellas las de Río Negro y Neuquén y hoy son más de mil los genocidas condenados en el país.

Fuente: Agencia Nacional de Noticias Jurídicas (Infojus Noticias)

Walter Pérez para la cobertura colaborativa

Jóvenes por la memoria se prepara para el séptimo tramo de «La Escuelita»

La organización compuesta por jóvenes estudiantes, docentes y comunicadores junto con la Asamblea Por los Derechos Humanos, el Grupo de Apoyo a Madres y el Sindicato de Prensa de Neuquén se prepara para el comienzo del séptimo tramo del juicio «La Escuelita» con actividades de difusión.

 

 

Hace unas semanas comenzaron compartiendo videos y afiches en sus redes sociales con información que atañe al proceso judicial que comenzó en 2008 y ahora esta por culminar.

 

Además el 8 de diciembre, previo a la primera audiencia de esta etapa realizaron una intervención callejera para darle visibilidad al proceso donde se juzgaran a 15 represores.

ph Oscar Livera

intervención 2020 jxm

Las «Escuelitas» del terror

El 9 y 10 de diciembre dará inicio el séptimo tramo del juzgamiento «La Escuelita», que ventilará las denuncias de 20 detenidas y detenidos que fueron secuestrados en la región y llevados, al centro clandestino «La Escuelita» de Bahia Blanca, donde permanecieron desaparecidos.

Fueron transportados a la fuerza en vuelos nocturnos e irregulares que salieron desde el aeropuerto Neuquén, muchas de las jóvenes después de haber pasado por la tortura en Neuquén y en Cutral Co.

15 de agosto 2014

V Cuerpo del Ejército. Centro clandestino de Bahia Blanca. En 2014 los denunciantes realizaron una inspección ocular

Las audiencias se desarrollarán en un contexto de pandemia: para minimizar los riesgos de contagios por coronavirus, habrá poco público en la sala, cupos para el espacio destinado a la prensa y un desarrollo de la virtualidad mayor al que se observó en otros juicios. Los acusados no estarán en la sala, sólo por videoconferencia.

Por primera vez en esta jurisdicción se juzgará (por su responsabilidad en los 20 casos) a los jefes de la represión en el V Cuerpo del Ejército, el comando represivo del que dependía la subzona de Neuquén. Entre los acusados estarán también los jefes del circuito regional de represión, que aunque han sido condenados en otros juicios por más de 80 casos que ya fueron presentados ante los jueces, por primera vez deberán responder por un caso de violación de las que padecían las detenidas – desaparecidas.

También por primera vez, entre los acusados estará el piloto que transportaba desaparecidas y desaparecidos hasta las cuevas del terror en Bahia Blanca.

Desde el Sindicato de Prensa de Neuquén activamos la #CoberturaColaborativa, que desarrollaremos con crónicas de las audiencias y entrevistas periodísticas desde esta plataforma, por el compromiso de Memoria, Verdad y Justicia.

Con más de 100 testigos previstos, el juicio se desarrollará durante varios meses. Las audiencias de diciembre fueron programadas para el 9,10, 16 y 17 y luego se prevé reanudar el cronograma en febrero del 2.021

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén, 2.020

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