En la cuarta audiencia en el séptimo juicio a represores de Neuquén y Río Negro las querellas expusieron los hechos y explicaron de qué acusan a cada imputado. La actividad se retomará el 10 de febrero próximo, se continuarán con el planteo de las defensas y podría haber indagatorias, en el caso de que los acusados tengan la intención de hablar.
La última jornada de 2020 estuvo signada por los problemas técnicos en el salón de la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC), en Avenida Argentina al 1600. Luego de varios cortes de energía el sistema de cámaras y sonido fue suspendido, y la audiencia comenzó a las 10:30 (una hora y media más tarde de lo establecido).
Burno Valda y Natalia Hormazabal 2020
La primera exposición estuvo a cargo de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), representada por las abogadas Natalia Hormazábal y Mariana Derni. Remarcaron la necesidad de que se mantenga a la figura del “desaparecido”, y se opusieron a la calificación de homicidio solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). “No llamamos a las desapariciones por lo que no son”, expresó Derni, y agregó que hablar de asesinato constituye “una ficción jurídica”. “El Estado, mientras los imputados guardan su pacto de silencio, debe decirnos qué pasó, qué les hicieron, cuál fue el destino final y quiénes son responsables por las víctimas detenidas desaparecidas”, agregó.
Sobre la elevación a juicio el Ceprodh precisó que se basan en el pedido de marzo de 2020, donde se incorpora a Osvaldo Bernardino Páez. El acusado, que integró el Estado Mayor del V Cuerpo del Ejército, fue acusado por “privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, doblemente agravada por haber mediado violencia” y también por “aplicación de tormentos”, en perjuicio de diecinueve víctimas. Derni agregó que también le atribuyen responsabilidad por violación sexual, en el caso de Dora Seguel.
Por su lado Bruno Vadalá, a cargo de la querella de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), omitió el relato de los hechos e indicó que la fiscalía ya había expuesto lo que le ocurrió a cada víctima. Habló del contexto en el que se produjeron los crímenes, remarcando que “son delitos de lesa humanidad, en el marco de un genocidio”. Leyó el requerimiento para cada acusado, solicitando que se los impute en su mayoría por “privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por haber mediado violencia” y “aplicación de tormentos”.
La APDH cree que víctimas de este tramo que siguen desaparecidas, fueron asesinadas en La Escuelita de Bahía Blanca. “La figura del desaparecido se creía más cercana a los hechos porque nada se sabía sobre su destino posterior a los centros clandestinos de detención y torturas”. Agregó: “luego de cuarenta y cuatro años, es ilógico sostener que las víctimas se encuentran en otro lado o que fueron trasladadas a otro lugar”.
Vadalá solicitó, al igual que el resto de las querellas y la fiscalía, que se juzguen por separado los delitos contra la integridad sexual. “Existían dos delitos bien diferenciados. Por lo tanto la relación entre tormentos y violación no puede realizarse porque no es un tipo de delito subsumido dentro de otro” aclaró, y recordó que en estos casos no es importante quién ejecutó el acto materialmente, sino “todos aquellos que pudieron detentar el dominio del hecho e incidieron en su configuración final”.
Tras un cuarto intermedio la audiencia cerró con el relato del abogado abogado Luis Virgilio Sánchez, representante de Eduardo París, quien integró el Partido Intransigente y trabajó en el Banco de los Andes durante la dictadura.
Sánchez detalló dos momentos distintos en los que la víctima fue detenido sin explicaciones. Primero su paso por las comisarías Primera de Neuquén y luego Cuarta de Cipolletti, donde fue liberado. Allí reconoció luego a Gerónimo Enerio Huircaín y Miguel Ángel Quiñones, entonces efectivos en la policía de Río Negro. Luego relató un segundo secuestro, en el cual París fue llevado y torturado en los dos centros clandestinos conocidos como La Escuelita, la de Neuquén y la de Bahía Blanca. Tras casi diez días de detención y torturas fue liberado en la Ruta Nacional 3 y llegó solo a la localidad de Pedro Luro. Fue trasladado a la Comisaría de Mayor Buratovich y, antes de regresar a Neuquén, vio a otras dos víctimas: Nora Rivera y Darío Altomaro.
Sánchez adhirió en su totalidad a la acusación del MPF, destacando “la pormenorizada y minuciosa exposición” de José Nebbia y su adjunta, Jorgelina D’Alessandro. Le atribuyó a los imputados la calificación legal de “privación ilegal de la libertad, agravada por el empleo de violencia y amenazas” y la “aplicación de tormentos”, agravados porque Eduardo París era un perseguido político.
Finalmente, el presidente del tribunal, Alejandro Cabral, dio por finalizada la audiencia y dispuso el regreso para el 10 de febrero de 2021, con las cuestiones preliminares y planteos de la defensa. A pedido de los otros jueces y tras acordar con las partes, las audiencias se realizarán sólo los miércoles, a la mañana y a la tarde, con un cuarto intermedio a las 13.
Santiago Amillano para la cobertura colaborativa.
