Apdh: Perpetuas, 21 y 25 años para la mayoría

Inhabilitación absoluta y perpetua para cinco de los imputados, entre 21 y 25 años para otros 16 y seis años para el restante, fue el pedido de condenas que realizó la querella de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), en el primer día de alegatos en el segundo juicio contra 22 imputados acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén.

Emiliano Ortiz

Los abogados alegaron en una extensa jornada que se inicio por la mañana y termino al caer la tarde

Los abogados querellantes, María Monserrat Suárez Amieva y Juan Cruz Goñi, explicaron cómo operó el terrorismo de Estado en la región; de qué manera se articuló el circuito represivo que comprometió a las fuerzas armadas, de seguridad y penitenciarias; detallaron los hechos a partir del relato de las víctimas y sobrevivientes; plantearon la necesidad de profundizar en las responsabilidades civiles por pare de los funcionarios  judiciales, del personal médico y del empresariado; e hicieron los pedidos de pena.

Calificaron al llamado Proceso de Reorganización Nacional como “subversivo”, conducido por la dictadura “en salvaguarda del imperio del capitalismo, puesto en crisis profunda por las luchas populares”. Indicaron que la Doctrina de la Seguridad Nacional fue “enarbolada por el poder militar como base filosófico-política del  Proceso” y que la metodología fue un secreto “bien guardado por los altos mandos militares”, pero que en 1975 Jorge Rafael Videla ya había anticipado. “La muerte como método”, sintetizaron.

Se detuvieron en el rol de los medios de comunicación que recibieron instrucciones para no referirse a “episodios subversivos, hallazgos de cadáveres, secuestros, desapariciones” a menos que figuraran en partes oficiales. De esta manera se buscaba que el imaginario colectivo “legitimara la dictadura como garante de la seguridad”.

Describieron los elementos ejecutores del plan sistemático cuyo circuito implicó a la Policía Federal, las policías provinciales (Río Negro y Neuquén), el Servicio Penitenciario Federal, la Gendarmería Nacional, y el Ejército.

Manifestaron que la delegación de la Policía Federal fue un centro clandestino de detención y tortura reemplazado luego por “La Escuelita”, que funcionó en el predio del Batallón 181 de Neuquén desde principios de julio de 1976 hasta junio de 1978. Dijeron que los oficiales participaron en los operativos de las fuerzas conjuntas. Sobre las policías provinciales ratificaron que la comisaría 4 de Cipolletti funcionó como un centro de torturas al igual que la comisaría de Cutral Co. En el caso de los agentes neuquinos, enfatizaron en el papel destacado que tuvieron en el “operativo del Barrio Sapere” que antecedió al golpe de Estado.

En cuanto al servicio penitenciario, los querellantes apuntaron a que fue el “primer eslabón” en el itinerario de las víctimas que eran vendadas por el personal en el interior de las cárceles. Respecto de la gendarmería, precisaron que quedó evidenciada su intervención en los tormentos que sufrió Ernesto Joubert en las dependencias de Junín de los Andes. Finalmente sobre el Ejército sostuvieron que fue “el elemento neurálgico” y detallaron la función de la comunidad informativa integrada por cuadros de las fuerzas armadas y de seguridad que nutrían “los archivos secretos” con información utilizada para perpetrar las acciones del plan criminal.

 

En el marco del genocidio

En la segunda parte del extenso alegato de la APDH, se destacó que los hechos perpetrados fueron en el marco del genocidio cometido en nuestro país.

Matias Subat

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Imputados presentes

Matias Subat

El Tribunal Oral Federal de Neuquén resolvió que los imputados deberán asistir a la etapa de alegatos ya que “garantiza el pleno contradictorio y el ejercicio del derecho de defensa en juicio”.

Los defensores Hernán Elizondo, Hernán Corigliano, Eduardo Peralta y Rodolfo Ponce de León habían pedido que no concurriesen hasta el momento de las palabras finales.

Se opusieron a esta solicitud la abogada querellante del Ceprodh, Ivana Dal Bianco, quien subrayó que era hora de que el pueblo “les viera la cara”, y Goñi de Apdh que argumentó que el alegato completa la acusación. Adhirió también el abogado patrocinante de Rubén Ríos, Marcelo Velasco. El fiscal Marcelo Grosso opinó que la presencia de los imputados “garantiza aún más el contradictorio”.

Sindicato de Prensa de Neuquén
Fotos: Matías Subat

Segunda ronda indagatorias

Yo no fui

El 17 y 18 de septiembre se llevaron a cabo las indagatorias de los imputados. Sólo siete de los veintidós acusados en  este juicio hicieron uso de su derecho a hacer el descargo. A diferencia de las indagatorias que fueron realizadas al iniciar el juicio, todos hablaron sobre los hechos por los que fueron acusados en este juicio, aunque no aceptaron preguntas.

Cecilia Maletti

Primer día: Vitón, Del Magro, Camarelli y Sachitella (estrenó barba)

El primero fue Emilio Sacchitella, único imputado que pertenece a Gendarmería; mientras que los otros seis que hablaron están relacionados con las torturas y secuestros ocurridos en Cipolletti a partir del 24 de marzo de 1976: Vitón, el teniente coronel que permaneció con un grupo de soldados por más de un mes en la unidad polcial, Antonio Camarelli, el comisario de Cipolletti en 1976, y los policías rionegrinos -todos comisarios retirados en la actualidad- Miguel Angel Quiñones -de inteligencia de la policía rionegrina-, Saturnino «Sato» Martínez, Héctor Villalobo y Oscar Del Magro.

Tanto Vitón como los policías rionegrinos, acusaron al juez de instrucción Guillermo Labate -actualmente presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia- de haber manipulado las pruebas para involucrarlos en la causa, mientras que el militar Viton fue más allá al decir que la designación que figura en su legajo en el que se le otorgó una designación especial con funciones militares a partir del 24 de marzo de 1976 para que coordinara la «subárea», fue un virus «troyano» introducido en la causa por la fiscal Cristina Beute y el juez Labate.

 

 

Matías Subat

 

 

Sacchitella:

“Soy un funcionario público y cumplí todos los pasos de la ley”

 

Oscar Livera

Sacchitella lució barba (no la tenía en el inicio del juicio)

Emilio Sacchitella, el ex jefe de la sección de Gendarmería de Junín de los andes, fue el primero en declarar por el caso de Ernesto Joubert, único testigo que lo incriminó en brutales palizas y torturas en Junín de los Andes. Desmintió punto por punto las acusaciones de la víctima y se refirió a su participación como un “funcionario que hizo cumplir la ley”. Declaración escrita en mano, dijo que detuvo a muchas personas, y que siempre declaró a favor de la ley.

El imputado sostuvo que no se detuvo a Jobuert de improviso en su domicilio sino que fue por denuncia de su concubina y que no se secuestró un arma de aire comprimido. También negó haberlo tratado como prisionero, como así también desmintió que era él quien decidía “quien vivía y quien moría”, tal como declaró Joubert.

“Niego haber cometido abuso alguno sobre Joubert”, sostuvo enfáticamente Sacchitella. Incluso se refirió a un episodio que lo llevó a prestarle asistencia médica como mínimo cuatro veces. “A todo detenido se lo revisaba ajustado a normas locales”, afirmó.

Finalizó su declaración sosteniendo que “soy un funcionario público y cumplí todos los pasos de la ley, si hubiera un ánimo o un accionar ilegal hubiese sido más fácil no documentar”. Continue reading

De nuevo en el banquillo

Hoy y mañana volverán todos los acusados al juicio, esta vez a la sala de Amuc, para llevar a cabo las indagatorias, una instancia que requiere de la  presencia de la totalidad de los imputados. La mayoría se abstendrá de declarar, sin embargo, los defensores adelantaron que estaban dispuestos a hacer su descargo los policías rionegrinos Oscar Del Magro y Antonio Camarelli; posiblemente Miguel Angel Quiñones y el militar Gustavo Vitón. Una versión indicó también que se prestaría a indagatoria el gendarme retirado Emilio Sachitella.

Las audiencias sólo para indagatorias están previstas para hoy y mañana, en horarios de mañana a las 9. Luego las audiencias se reanudarán el lunes 1 de octubre

 

Emliano Ortiz

 

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

foto: Emiliano Ortiz

Histórico en Bahia Blanca

El Tribunal Oral Federal ad hoc de Bahia Blanca sentenció a cadena perpetua para cumplir en penales de la Nación a 11 jerarcas militares y a 3 comisarios de la policía federal (14 cadenas perpetuas) a quienes acusó de los secuestros, torturas, homicidio «bajo la modalidad de desaparición forzada», todos con el agravante de haber sido cometidos contra jóvenes que fueron perseguidos políticos, con hechos aberrantes que se extendieron durante más de un mes, cometidos con las víctimas en total indefensión y bajo un mecanismo que «buscó la impunidad» .

A los otros tres acusados, dos penitenciarios y otro retirado de la federal, los sentenció por su «participación necesaria» en los mismos delitos de lesa humanidad, con penas que deberán cumplir en el servicio penitenciario (los jueces aclararon que si no había lugar en los penales federales , se debía buscar espacio en los de cada provincia de origen de los condenados).
Los fundamentos de la sentencia serán leídos en la sede de Colón 80 de la Universidad Nacional de Bahia Blanca el 9 de noviembre de 2.012.


La condena fue calificada de «ejemplar», «histórica», «impensable para Bahía Blanca», (porque siempre fue una jurisdicción con abogados renuentes a juzgar los delitos de la dictadura) y tuvo la justeza de remitir a la instrucción para que se investigara la participación del diario Nueva Provincia en el encubrimento y la participación en varios hechos ventilados en más de un año de juicio en los que la muerte en tortura o el asesinato de las víctimas fueron blanqueadas como «enfrentamientos». Continue reading

Por Vitón

Los militares retirados José Luis Fernández Valoni y Guillermo Cogorno declararon como testigos de concepto y en favor del imputado Gustavo Vitón, como miembros del denominado grupo interno en el Ejército «Los 33 Orientales», que fueron dados de baja en 1980 por no haber respaldado el golpe militar.

Foto: Emiliano Ortiz

Por video teleconferencia, Fernández Valoni explicó que fue retirado como capitán y luego ascendido a mayor. Ex abogado de la UBA y ya jubilado, explicó que conoció a Vitón en 1973 porque formó parte de la «corriente militar» de oficiales jóvenes que desde 1969 en el Colegio Militar tenía una visión diferente a la de la mayoría y que a partir de 1978 fueron «perseguidos» internamente con diferentes purgas, que en 1980 terminó con lo que se denominó el retiro de “Los 33 orientales».

Matías Subat

«Era un concepto, no un grupo» explicó el militar retirado quien calificó las ideas de este sector como «el Ejército Nacional» en contraposición y antagonismo con las del «Ejército Liberal», al que caracterizó con «tendencia a no reconocer la voluntad popular» y estar predispuestos a «reprimir al pueblo», alineados con los intereses ideológicos de «las grandes potencias».

«Creo que formaba parte de esta corriente», dijo al ser consultado por las defensas sobre Vitón, en tanto sostuvo que los que se posicionaron en este sector del Ejército sufrieron «persecución política, seguimiento e incomodidad. Yo viví el exilio interno, me dediqué a actividades agrarias y seguí estudiando hasta terminar mi carrera», explicó.

 «Nací peronista, éramos parias en el Ejército»

El retirado del Ejército, Guillermo Cogorno, con efusividad inició su relato ante el Tribunal explicando que «fundamentalmente era militar, nací peronista,  pertenecía al peronismo, integraba la fuerza, realizábamos reuniones y se fue aceitando una gran amistad», con oficiales que tenían un «pensamiento popular, éramos nacionales y populares».

Matías Subat

Al igual que Fernández Valoni, dividió al Ejército en dos posturas ideológicas: una «nacional que estaba con el pueblo» y otra «liberal». Sostuvo que los 33 orientales «éramos cientos» de oficiales que no estaban compenetrados con el golpe de Estado y que dentro del Ejército  «no podían pensar que hubiera gente que no pensara como los golpistas»,  y por ello sufrían traslados y fueron desarticulados, cambiándolos continuamente de destino y sin darles tropa al mando.

«Éramos parias», describió y resaltó que debido a este pensamiento contrario al golpe,  Galtieri los retiró en 1980, aunque «las purgas venían de antes». Sostuvo que dentro del Ejército «Inteligencia nos tenía marcados»  como subversivos y que permanentemente tenían miedo de que se simulara una muerte violenta y se le echara la culpa «a la subversión y no a la propia tropa».

Consultado por las querellas sobre si esta actividad de inteligencia también se extendía a la población, Cogorno dijo que «desconozco si fue desplegada sobre la población civil, nosotros estábamos con la población», insistió.

El militar retirado dijo que Vitón era parte en 1973 de este grupo, que participaba fuera del Colegio Militar de las reuniones donde se posicionaban a favor del peronismo nacional y popular; y que supo de él después de 1980 cuando lo invitó a participar de una empresa de seguros. «Vitón cuando estaba con nosotros, era de este grupo de oficiales».

Consultado por el Ceprodh si supo que hasta 1980 se cometían delitos contra la población, respondió que si hubiera sabido de ello «lo hubiera denunciado».

 

 “Recuerdo haber conversado mucho con mi hermano”

 

El hermano del imputado Gustavo Vitón, Aníbal, detalló cómo antes del golpe compartían con su hermano su ideología peronista, uno como militar, y el otro como militante de la Juventud Peronista primero y luego enrolado en las filas de Montoneros.

Matias Subat

Fue convocado por la defensa para establecer las opiniones contrarias al golpe por parte del militar acusado en este juicio de comandar la comisaría de Cipolletti en marzo de 1976, cuando fueron denunciados secuestros y torturas por parte de varias de las víctimas. Antes de iniciar el testimonio la Fiscalía aclaró que por la relación entre hermanos, el testigo no podía volcar opiniones que fueran en contra del imputado.

 

A lo largo de la declaración de Aníbal Vitón, quedó en claro que ambos hermanos compartieron  posturas políticas durante su juventud, pero para el momento del golpe el testigo estaba encarcelado y no tomó contacto con su hermano hasta que salió de la cárcel de Rawson el 30 de septiembre de 1980.  “Allí estuve 5 años y tres meses», destacó.

 

El testigo comenzó su relato haciendo referencia a su militancia política, la cual comenzó en la década de 1970, cuando fue a trabajar como asistente social a San Carlos de Bariloche. “Eso me puso en contacto con la juventud peronista” explicó el declarante.

 

En 1972 se fue a vivir a Buenos Aires y comenzó a militar en el Partido Justicialista, y es allí cuando se reencuentra con su hermano. “Él era subteniente en la escuela de San Miguel en Buenos Aires, fui a visitarlo varias veces y encontré que coincidíamos en los ideales, en la militancia”. Él tenía una actividad política fuera del Ejército y recuerdo haber conversado mucho con mi hermano, ya que había un marco ideológico en esa época y coincidíamos en eso, lo que queríamos ambos era que volviera Perón”, remarcó el declarante.

 

Vitón dijo que a partir del 20 de junio de 1973, luego de la asunción de Cámpora, «las cosas empezaron a cambiar» y lo que ellos llamaban la parte revolucionaria de la Juventud Peronista, quedó marginada. Las convicciones que hacían a la militancia desaparecieron y se convirtieron más que nada en temor” expresó.

 

Fue en esa época cuando Aníbal volvió a Bariloche y luego de un par de meses se mudó a Puerto Madryn (Chubut) con su compañera, quien estaba esperando un hijo. Recordó que fue a visitar a su hermano nuevamente, “esta vez fui con miedo a comprometerlo, porque yo ya militaba en Montoneros y lo que primaba en esa época era el temor a lo que iba a pasar”.

 

A principios de 1975, lo detuvieron y torturaron en Puerto Madryn y luego lo trasladaron a la Unidad nº 6 de Rawson, donde permaneció más de 5 años detenido. Dijo que en la cárcel tuvo tres referencias de su hermano; la de sus familiares que le comentaban que estaba confundido y que quería irse del Ejército, otra por el detenido Pedro Rodríguez que le dijo que durante su paso por la comisaría de Cipolletti vio a Gustavo Vitón y que lo trató bien, y en una tercera oportunidad en la que personal de Inteligencia del Ejército iba a las cárceles a ver a los presos políticos «buscando declaraciones contra subversivos».

Matías Subat

Sobre el encuentro con «Perico» Rodríguez durante el encarcelamiento en Rawson, explicó que «fue breve, dijo que había estado en una comisaría en Cipolletti y que allí estaba un teniente Vitón,  que lo trató bien, y que en ese momento en que llegó él, pararon todos los maltratos», detalló.

 

El testigo finalizó su declaración, con un pedido al Tribunal para “que en este juicio se castigue a quien se tenga que castigar y se absuelva a quien se tenga que absolver”.

 

 

«A Pedro se lo llevó el Ejército» de la escuela

 

Finalmente declaró Víctor Ovidio Tapia, un empleado petrolero de 54 años  quien dijo que había sido compañero de Pedro Maidana cuando ambos cursaban quinto año en la Enet 1 de Plaza Huincul, en 1976.

«Una noche en la escuela, no me acuerdo a qué hora, llegó el Ejército y en ese momento los sacaron del curso. Nunca más lo vi hasta que apareció, era una hora libre y él estaba en el curso, yo no estaba, pero vi al Ejército que lo sacaba de la escuela», nunca más lo vi hasta que apareció», dijo Tapia. El testigo explicó que Maidana nunca le había contado dónde había estado y que luego se enteró por los diarios -en los últimos años- qué es lo que había ocurrido.

 

Matías Subat, 17 mayo 2012

Pedro Maidana ingresa a la sala de audiencias, colmada de público durante el debate del "operativo Cutral Co"

«Cuando se estaba formando la comisión,  me dijo si podía decir que lo había visto cuando ocurrió lo de la escuela y le dije que sí, y fui a declarar -el 10 de abril de 1986-, él nunca me contó dónde había estado; ahora sé, por los diarios», finalizó.

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

fotos: Emiliano Ortiz/Matías Subat

 

 

Cronograma de las próximas audiencias

Los jueces Orlando Coscia, Mariano Lozano y Eugenio Krom dieron a conocer el cronograma de lo que queda de este segundo juicio por delitos de lesa humanidad.

El lunes 17 y martes 18 de septiembre serán las indagatorias, arrancan a las 9 y es la oportunidad a los imputados para que hagan su descargo ante las acusaciones vertidas durante la etapa testimonial.

Matias Subat

Del 1 al 4 de octubre comenzarán los alegatos de las querellas con la apertura de  Apdh, luego el Ceprodh, secretaría de Derechos Humanos, la querella de Rubén Ríos y cierra la Fiscalía el 4 de octubre.

Las defensas tendrán su turno para alegatos del 22 al 26 de octubre.

El 29 – 30 y 31 de octubre fueron programadas las réplicas, dúplicas y palabras finales de los imputados.

No se conoce si habrá veredicto al término de este cronograma, o si la sentencia se conocerá con todos sus argumentos en un fallo posterior.

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Los Pailos hablaron de las torturas en Cipolletti

Juan Domingo y Julio Eduardo Pailos describieron las torturas y la permanencia bajo secuestro en la comisaría Cuarta de Cipolletti después del golpe de marzo de 1976.

Declararon por los casos de Raúl Sotto, Ricardo Novero y Oscar Contreras. Los hermanos Pailos iban a declarar a principios de este juicio, pero se sentian perseguidos laboralmente y amenazados, razón por la cual el Tribunal derivó su testimonio a esta etapa a la espera de que los testigos -victima pudieran relatar «en condiciones de libertad».

Desde el inicio de sus declaraciones el tribunal les manifestó que fueron llamados a declarar en calidad de testigos y no como víctimas, dado que sus causas serán juzgadas en el tercer tramo de la causa por secuestros, torturas y desaparecidos en la región durante la última dictadura militar.

Cecilia Maletti

Así, Juan Domingo Pailos recordó que unas semanas después del golpe fue detenido en más de una oportunidad en la comisaría de Cipolletti.

“En una oportunidad me encontré con Contreras en el pasillo, le estaban pegando con un fusil en la espalda, lo vi porque a mí me llevaban al balde”. En su declaración también sostuvo que en la Comisaría de Cipolletti, estaban detenidos Raúl Sotto y Ricardo Novero.

Implicó a los imputados: Julio Villalobos, Miguel Angel Quiñones y a  Saturnino Martinez.  Este último “era el que más nos golpeaba”. También comprometió a Raúl Guglielminetti, a quién reconoció como la persona que “nos trasladaba en un falcon a mí, a mi hermano y a Sotto, para llevarnos a la Federal”.

Julio Pailos, por su parte, declaró que fue detenido al menos  en cuatro ocasiones “fui interrogado y torturado en todas y cada una de las detenciones”.

Matias Subat

En la primera detención, cerca de abril de 1976, permaneció en esa condición alrededor dos meses, dijo. En esa oportunidad recordó  haber sido liberado al medio día, pero que volvió a ser detenido en su domicilio horas más tarde “cuando estaba cenando, otra vez vinieron a buscarme”.

Al igual que su hermano, Julio Pailos, comprometió aún más el accionar de las fuerzas policiales rionegrinas durante el último golpe de Estado. Recordó que en la comisaría de Cipolletti estaban Saturnino Marinez y Julio Villalobos. “A Martinez lo conocía de chico y él mismo fue el que me secuestro”.

Julio también comprometió a  Gustavo Viton, sostuvo que él “era el de mayor jerarquía, mandaba a policías y a militares. Lo vi en una reunión que pidieron mis familiares y ahí vi a Viton, a Guglielminetti y al Sargento García”.

En este punto de la declaración, el ex jefe de la unidad policial Antonio Camarelli quien presenciaba la audiencia, reaccionó ante  las declaraciones, se levantó de su asiento y señalando al testigo, vociferó: «es una falsedad de este mentiroso».

Oscar Livera

El Fiscal Federal, Marcelo Grosso solicitó al Tribunal que aplique algún llamado de atención,  al ex jefe policial por los exabruptos hacia el testigo.

Desde la querella del CeProDH, Ivana Dal Bianco,  pidió que no solo se aplique un llamado de atención a Camarelli,  sino que también se le renueve el permiso a Soledad Díaz, hija de desaparecidos, quien no puede ingresar a las audiencias por haber insultado a los imputados.

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Los 33 Orientales intentaron defenderse entre ellos

Para defender al imputado Gustavo Vitón, declaró en la jornada del lunes el militar retirado Ricardo Colombo, propuesto por el abogado defensor Hernán Corigliano. Lo hizo por videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires y se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén como funcionario público del ministerio de seguridad de la Nación.

Comobo dijo pertenecer a los 33 Orientales, un grupo de oficiales del Ejército crítico del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional y se reconoció muy amigo de Gustavo Vitón, quien estuvo a cargo de la intervención a la comisaría de Cipolletti, y dijo ser amigo tamibén de Sergio San Martín, ambos imputados en esta causa.

Cecilia Maletti

El testigo describió cómo adhirieron a esa corriente interna del Ejército durante su paso por la escuela General Lemos entre 1961 y 1971 y dijo que junto con el resto de sus camaradas fueron “sumariados y perseguidos”, hasta que en 1980 fueron echados. Señaló que trabajó con Vitón cuando se quedó sin trabajo y fue el único que lo convocó en 1987 para trabajar con Antonio Cafiero en la subsecretaría de Seguridad Nacional.

 

Dijo que “estaba podrido de salir a la calle por el repudio de la gente” y que en la década 1980 redactó una solicitada firmada por los 33 Orientales en apoyo de Vitón”. Sin embargo no pudo describir qué actividades tuvo Vitón durante la dictadura militar.

Además, Colombo relató los simulacros de fusilamiento que sufrió su hermano médico secuestrado por militares del grupo de Artillería de La Plata y que después de dos meses fue liberado en Azul (provincia de Buenos Aires). Admitió que en esa época no podía presentar un recurso de habeas corpus porque no sería aceptado

Cuando lo consultó la abogada del Ceprodh Ivana Dal Bianco sobre qué tipo de aportes hizo el grupo de los 33 Orientales para averiguar el destino de los desaparecidos, Colombo pidió primero que le repitiera la pregunta, después que no tenía conocimiento y luego que él no había participado en ningún operativo.

 

En tanto, ante una pregunta del presidente del Tribunal, Orlando Coscia, sobre qué funciones o especialidades tenían Molina Ezcurra y San Martín en esa época, contestó que eran de infantería pero no sabía más, aunque aclaró que San Martín hizo la especialidad de inteligencia en el Ejército y que lo unía un profundo cariño desde los 15 años.

 

 

Ana Maldonado, entrevistadora

Cecilia Maletti

A su turno se presentó a dar explicaciones sobre una nota publicada el 25 de junio pasado en el diario digital 8300 la periodista Ana Maldonado.  Maldonado, quien cubre habitualmente este juicio, fue citada a pedido de Corigliano porque al momento de preguntarle a Inostroza -que declaraba ese día en el juicio desde España y por videoteleconferencia-  si él le había dado una nota a la 8.300 web, éste dijo que no.

«En realidad el dijo que no le había dado nada a nadie, y como no está familiarizado con los medios de acá, creo que no entendió la pregunta o se confundió. El nunca se negó a la entrevista», explicó en el juicio la documentalista neuquina.

 

Detalló como  Inostroza Arroyo le dio la nota y que fue su entrevistadora durante el documental “Subzona 52”, único material fílmico sobre la singular fuga registrada en el centro de detención ilegal La Escuelita de Neuquén y que fuera propuesto como prueba en el juicio por parte del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Neuquén, aún sin resolución de admisión.

Maldonado debió dar explicaciones detalladas sobre el contenido de la nota periodística publicada en el portal 8300web, de qué forma se contactó con el entrevistado para hacer el anuncio, y de la participación en el documental. También contó con sus palabras lo que sabía sobre el ERP y la militancia del PRT, disculpándose en su declaración de no ser una especialista en el tema.

Rememoró el ánimo de Inostroza Arroyo sobre “la necesidad de contar lo vivido, sacarlo de la memoria, para olvidarse” y calificó su actitud como una “experiencia valiente”.

El fiscal Marcelo Grosso solamente intervino para preguntarle si había sido convocada en otro juicio para responder por una nota periodística, a lo que respondió que no. Antes de retirarse solamente agregó que “es poco ético poner en duda la declaración de alguien que vivió el terrorismo de Estado”, en referencia al trato que han recibido en este juicio por parte de las defensas varios de los testigos.

 

 

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Los hermanos Pailos en la última ronda de testimoniales

Esta semana concluirá la etapa de declaraciones testimoniales en el juicio contra represores del Alto Valle de Rio Negro y Neuquén que se desarrolla en el salón verde de la mutual Amuc.

Está previsto que el lunes 10 de septiembre, a partir de las 9, comparezca ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Neuquén el fundador y presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fondebrider. Asimismo fueron convocados Ricardo Colombo y Ana Maldonado, realizadora del documental “Subzona 52” que relata la fuga del militante del ERP-PRT Hugo Inostroza Arroyo, del centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita” de Neuquén. La citación de Maldonado está relacionada con la entrevista que ella le hizo a Inostroza Arroyo, publicada en el sitio 8300web.

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Joven golpeado en el consultorio de Sosa

Ernesto Quiroga Vergara, médico que en 1976 realizó elservicio militar en el Comando de la Sexta Brigada de Neuquén, afirmó  ante el Tribunal que en una oportunidad vio a un joven golpeado que estaba en el consultorio donde atendía el imputado Hilarión de la Pas Sosa.

Quiroga Vergara relató que luego de haber pedido prórroga por estudios, al recibirse lo llamaron del Ejército y lo derivaron a Neuquén. Aquí cumplió funciones bajo la órbita de Sosa en el servicio de sanidad.

 Emiliano Ortiz

En su declaración, que realizó vía teleconferencia desde el Consejo de la Magistratura, el médico recordó, ante una consulta del fiscal Marcelo Grosso, que en una ocasión el enfermero Horacio Iraola le solicitó que vaya a ver una persona que conocía y que estaba en muy malas condiciones.

“Iraola me dice a media voz que había un conocido suyo atendiéndose en otro consultorio. Lo acompañé y había un muchacho de unos 20 años. Tenía moretones, hematomas, escoriaciones y estaba muy nervioso”, describió el testigo. Quiroga Vergara confirmó que este joven se encontraba en el consultorio donde atendía Pas Sosa, aunque dijo que no vio al imputado atenderlo. “No nos corresponde estar acá”, recordó el médico haberle dicho al enfermero en aquel momento.

Según las declaraciones anteriores de Iraola y otros testigos en este juicio, el joven al que vio Quiroga Vergara sería la víctima Pedro Maidana. El médico agregó al final que al referirse a hematomas en el cuerpo de ese joven se evidencia algún “traumatismo como golpes”.

En segundo término, el Tribunal recibió la declaración testimonial de Alcides Pinazo, convocado a este juicio como testigo de concepto por la defensa oficial y por el defensor del comisario rionegrino retirado  Oscar Del Magro, Rodolfo Ponce de León.

Pinazo relató que hace unos 15 años fue increpado por Raúl Sotto –víctima en este proceso judicial- durante un congreso del Partido Justicialista. “Me preguntó si sabía que uno de los compañeros que trabajaba conmigo había perseguido a compañeros en la dictadura”, recordó.

Según el relato del testigo, fue directamente a preguntarle a Del Magro si sabía a qué se refería. “Del Magro me dijo que jamás había participado en una actividad de ese tipo”, aseguró.

El testigo recordó los cargos políticos ocupados por el imputado durante la democracia y destacó su labor en Chimpay (Río Negro).

Luego la defensa oficial consultó al testigo por el plan de salud implementado en Río Negro antes de la dictadura. Pinazo precisó que en esa concepción todos los agentes de salud eran de igual importancia. “Era tan importante una mucama como un cirujano”, aclaró.

Matías Subat

El comisario retirado fue candidato a intendente por el PJ en Chimpay y luego asesor en el Ipross hasta que fue detenido por esta causa.

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El caso Albanessi a la fiscalia

El abogado Marcelo Medrano, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidió que se remitiesen a la fiscalía federal las declaraciones referidas al caso Albanesi y los documentos que obran en el expediente. Entre los documentos, aparecen copias del acta de autopsia fechada el 30 de abril de 1977, con las cuatro rúbricas, y un certificado de defunción del 2 de mayo del mismo año al que suscribe De la Paz Sosa.  Pero el acta de autopsia no figura ni el protocolo de cómo se pudo haber hecho el procedimeinto.

Medrano pidió que se investigue si, independientemente de la posibilidad de faltos testimonios de los testigos, se analice si existen «delitos conexos con lesa humanidad» en lo ocurrido tras la muerte del productor cipoleño, que fue torturado en «La Escuelita» y que a la familia le aseguraron que había muerto de un «síncope cardíaco».

El médico Salvador Nogara no declaró esta semana y fue desistido por el abogado Hernán Corigliano, quien lo había propuesto como testigo. Nogara, junto con sus colegas Benjamín Sitzerman y Rafael Scuteri y al imputado Hilarión De la Paz Sosa, firmaron un acta de autopsia que no pertenece al trámite regular y que dicen haber practicado al cuerpo de José Luis Albanesi, dirigente cooperativista que fue visto previo a su asesinato en el centro clandestino de tortura “La Escuelita” de Neuquén.

Emiliano Ortiz

Además Adolfo Albanesi, hijo de la víctima, aseguró que en aquel momento le fue exhibido un certificado firmado por Violante, médico de la Unidad 9, donde le hicieron entrega del cuerpo. A la solicitud de Medrano adhirieron la Apdh y el Ceprodh.

 

Matias Subat

Leonor Albanesi, hija del productor

Matias Subat

Adolfo Albanesi, también declaro sobre lo que supo de la muerte de su padre

Emiliano Ortiz

Benjamin Sitzerman y Scuteri brindaron confusos testimonios en la audiencia sobre la realizacion de la autopsia de Albanesi

Emiliano
Scuteri dijo que traeria los documentos que conservaba de la autopsia, luego no los hallo.

En rueda de prensa, Medrano dijo que “hay una serie de incongruencias con horarios y días y está acreditado, en base a testimonios, que él pasó por La Escuelita y fue torturado. El tema es en qué lugar se murió”. También anticipó que podría aplicarse falso testimonio a algunos de los testigos que se presentaron en este juicio.

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Eduardo Anguita, testigo de concepto

El periodista y escritor Eduardo Anguita declaró hoy como testigo de concepto durante el juicio contra los represores de la última dictadura militar en la región. Destacó la realización del juicio, celebrando la “madurez” del Tribunal Oral Federal de Neuquén (dijo que esto era así porque los jueces se tomaban el tiempo de escuchar testigos de concepto para luego evaluar los hechos) y se retiró aplaudido por el auditorio presente en el salón de Amuc, donde se realizó la audiencia.

04 Foto Oscar Livera

Anguita fue citado por la querella representada por la abogada de la Apdh Neuquén, María Monserrat Suárez Amieva, quien inició el desarrollo del testimonio sobre su militancia política y social. Contó que cuando tenía 13 o 14 años de edad ya vivió en el país situaciones anómalas, y fue testigo de la “Noche de los Bastones Largos”, del golpe de Estado de Onganía y recordó a los camiones con las fuerzas represivas reprimiendo en el colegio. Mencionó al padre Carlos Mujica, de la Juventud Estudiantil Católica del Colegio Nacional de Buenos Aires, con quien se identificó ideológicamente.

 

A los 17 años se integró al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) “para luchar por las necesidades sociales”. Detalló la situación social y política del país y dijo que ya en ese tiempo (previo a la dictadura)  los jóvenes tenían la certeza de que la violencia, cárcel y desaparición de personas era parte de la lucha por los principios democráticos. Indicó que Argentina pasaba por el mismo proceso que el resto de los países de Latinoamérica. También relató sus años en la cárcel y se refirió al libro “La Voluntad”, una investigación sobre la militancia política revolucionaria en la década de 1970.

Consultado sobre cuáles eran los indicios sobre un plan de exterminio en la Argentina, Anguita destacó la Carta Abierta a las Junta Militar, escrita por el periodista y militante Rodolfo Walsh. Al cumplirse un año del golpe de Estado de 1976, Walsh denunció en esa carta el plan genocida del gobierno militar. Anguita se refirió al funcionamiento de la Triple A y de los sectores militares en actividad y ponderó el talento de su colega, al señalar que “con gran oficio dio cuenta de los crímenes a apenas a un año del golpe a pesar de que ya estaba en condiciones de clandestinidad, tenia estos datos de la realidad” .

Anguita recordó que fue detenido y encarcelado el 6 de setiembre de 1973 y permaneció en esa situación hasta el 24 de julio de 1984. Desde su experiencia en la cárcel compartió celdas con importantes militantes populares quienes iban relatando sobre las cárceles ilegales (centros clandestinos) y los simulacros de fusilamientos. También narró de qué manera se iban enterando dentro de la cárcel de los crímenes, secuestros y desapariciones.

Oscar Livera

“Estuve en el pabellón 2 de La Plata y éramos  rehenes de Ramón Camps, quien dividió en grupos de acuerdo a su militancia si eran del PRT o Montoneros, las modalidades de las desapariciones eran hacerles firmar la libertad -para luego hacerlos desaparecer- o ejecutarlos en simulacros de fugas», afirmó.

También explicó del rol de los servicios de inteligencia y dijo que vivió en carne propia la acción de agentes vestidos de civil, del Servicio Penitenciario Federal y observó la actividad clandestina de las oficinas de inteligencia. Criticó el modus operandi de esas fuerzas al sostener que “Inteligencia rescató a los peores criminales del Estado argentino y se valió de la peor escoria de las bandas parapoliciales”.

También apuntó contra el Poder Judicial de la época, al señalar que eran imposibles las presentaciones de habeas corpus y calificó su accionar como “escuela de jueces y fiscales para cometer crímenes”. Recordó la renuncia a la Justicia de un amigo que no pudo ver prosperar la presentación de un recurso de habeas corpus.

 

Control Operativo

Consultado sobre su visión acerca del control operacional del Ejército durante la dictadura, el periodista recordó que “un decreto de 1975 daba a Videla el control operacional de las fuerzas armadas; yo estaba preso y el régimen carcelario empezaba a cambiar” y evocó que “en diciembre de ese año, Videla anunció el golpe en Tucumán”.

Recordó que también a los empresarios –representados por José Martínez de Hoz- estaban convencidos del control total del país por parte de las fuerzas armadas. Consideró que el ataque a Villa Constitución en 1975 fue un “ensayo previo, en el que intervinieron la Unión Obrera Metalúrgica, distintas fuerzas armadas y matones a sueldo, que dejó como saldo detenidos ilegales y personas desaparecidas hasta hoy”.

 

La teoría de los dos demonios

 

Anguita sostuvo que la denominada “teoría de los dos demonios tuvo su raíz material desde 1983 con la llegada al gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín, con el juicio a las Juntas militares y la firma de un decreto que tenía fragilidades conceptuales. En el 83 teníamos un miedo muy grande porque en las instituciones militares y de inteligencia estaban los mismos que habían cometido los crímenes, en buena parte estábamos en un nivel de fragilidad”. También se refirió a los levantamientos “carapintadas” y expresó que “era la Argentina de la impunidad”.

 

Comentó que mientras por un lado en la población se comenzaba a conocer la extensión del plan sistemático, con el robo de bebés y las ejecuciones, entre otras cosas; por otro se producían los levantamientos carapintadas que buscaban la impunidad y el no juzgamiento de los responsables de zonas y zubzonas; y que recién en 2003 la sociedad avanzó hacia la etapa de memoria, verdad y justicia.

 

Policías provinciales

Consultado sobre el rol de las policías provinciales, Anguita dijo que la funcionalidad de la policía con la represión ya había sido escrito hasta en los fusilamientos en José León Suárez, en 1956, citando nuevamente a Rodolfo Walsh, quien narró los hechos en su libro Operación Masacre. Dijo que la práctica de la fuerza era habitual y que había un concepto de militarización, como también pasaba en países periféricos.

Indicó que las comisarías de las policías provinciales y las delegaciones de la policía Federal eran centros de torturas y de exterminio. Opinó que en Buenos Aires todavia habían comisarías que fueron centros clandestinos y que el común de la gente desconocía esta situación, razón por la cual opinó que debieran convertirse en centros de memoria, “es una materia pendiente”, finalizó.

 

Oscar Livera

El testimonio de Anguita fue seguido por una gran cantidad de público, en su mayoría militantes sociales y sobrevivientes de centros clandestinos de Nequén y de Bahia Blanca.

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Opinones sobre las torturas en Cipolletti

Con la presencia del imputado Antonio Camarelli, en la jornada de la tarde declararó la periodista del Diario Río Negro, Alicia Miller, cuyo testimonio fue solicitado por el abogado defensor Hernán Corigliano en base a una investigación publicada en abril de 2010 en la cual, la subsecretaria de redacción de ese diario, planteaba el interrogante de si realmente se practicaron tormentos sobre detenidos durante la última dictadura militar en la Comisaría de Cipolletti. Según la investigación de la periodista, el lugar solo habría sido utilizado como lugar de tránsito de las víctimas hacia los centros de detención clandestina ubicados en Neuquén Capital.

Oscar Livera

Por otro lado, también prestó declaración Jorge Galera, comisario retirado de la policía rionegrina que en 1976 prestaba servicios en la ciudad de Cinco Saltos y que habría participado en el secuestro de Roberto Liberatore (cuestión que el testigo víctima ratificó en este juicio). Galera fue sobreseído en el primer tramo de esta causa, en 2010.

Oscar Livera

 

 

“Ratifico absolutamente todo lo vertido en las notas”

Alicia Miller explicó ante el Tribunal que el informe de su autoría, publicado en el diario Río Negro el 8 y 9 de abril de 2010, fue resultado de una investigación que duró más de 6 meses, durante los cuales tuvo acceso al expediente de esta causa y al informe presentado por la Comisión Provincial de Derechos Humanos (de Río Negro) de la cual participó Julio Rajneri, director del matutino. Además explicó que consultó otras fuentes, pero amparada en el artículo 43 de la Constitución Nacional optó por no revelar sus nombres.

Defendió su trabajo argumentando que de acuerdo a su interpretación, los denunciantes a los cuales refiere en dicho informe (Raúl Sotto, Ricardo Novero, Oscar Contreras –querellantes- y cuatro de los hermanos Pailos -testigos en este juicio-), tendrían «inconsistencias» en sus declaraciones y en comparación con los testimonios de otras víctimas, dejando lugar a la suposición de que los mismos, denominados por ella como “nuevas víctimas” o “nuevos denunciantes”(porque se presentaron por primera vez luego de 2007) buscaron un rédito, pudiéndose entrever tal sugerencia en la nota del 8 de abril de ese año, en la cual indicaba que concluida la declaración de Novero, éste “pidió que se le extendiera un certificado para presentar ante el Ministerio del Interior para tramitar la indemnización prevista en la ley 24.043”. Entiende Miller que “existe la posibilidad de que falsas víctimas puedan haberse colado en el expediente”.

Oscar Libera

Ante la consulta de las querellas acerca de si la testigo había entrevistado a las víctimas que referencia en sus notas o al resto de las víctimas secuestradas en la ciudad de Cipolletti, Miller lo negó indicando que la información fue obtenida de las declaraciones vertidas en el expediente.

También explicó que el objetivo de la investigación no fue responder acerca de si la comisaría de Cipolletti fue o no un centro de detención clandestina en la que se practicaran tormentos, sino justamente abrir el interrogante debido a que, “por un natural sentido de la justicia que mueve al periodismo”, intentó llegar a la verdad y divulgar aquello que no es conocido, para de esa manera “fortalecer nuestras instituciones”.  “Llegó a mi conocimiento un dato que señalaba que algunos de los que declararon por primera vez, con bastante retardo de los hechos denunciados, tenían incontundencias (sic) e incongruencias, entre sí y respecto a otras víctimas”, por lo que “me pareció un dato lo suficientemente grave para investigar” y llegar a una conclusión “acerca de aquellas cuestiones sugerentes o llamativas y dignas de ser vistas”, pero que de ninguna constituye una “afirmación taxativa”.

En referencia a Antonio Camarelli, Miller escribió que no fue imputado en el año 2007 y “su foja de servicios siempre estuvo limpia”, “muestra de ello fue que al ser nombrado jefe de la policía de Río Negro nadie salió a quejarse”. Sin embargo la testigo dijo que no tuvo acceso al legajo de Camarelli, “hablo de conocimiento público que es lo que me consta” replicó, ante la pregunta de las querellas, sin poder explicar el porqué no incluyó en sus notas, el “llamado de atención” que se hizo al ex comisario “por no dar el nombre del militar que daba las órdenes” en el informe presentado por la Comisión sobre Derechos Humanos formada en 1984 en Río Negro.

Por otro lado, Miller declaró sobre la experiencia de un colega Beby  (Julio Alberto Salto), en relación a la ayuda brindada por Camarelli en la ubicación del paradero de su hermana María Emilia (Beba), que había sido secuestrada y llevada al centro de detención clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca.

Miller explicó que de acuerdo a los dichos de Salto, el ex comisario había realizado una llamada en la presencia de él y su madre, por  la cual pudieron determinar el lugar donde permanecía detenida María Emilia y gracias a ello se pudo presentar un Habeas Corpus y lograr su liberación. En consecuencia, la familia Salto había considerado que la publicación del ya mencionado informe era un “acto de justicia” ya que ellos habían valorado a Camarelli como “una persona comprometida con los derechos humanos”. Sin embargo, dijo que no conocía de otros familiares de víctimas que hubieran tenido la misma suerte y hubieran recibido ayuda del ex comisario. Continue reading

En defensa del imputado

El primer testigo de la mañana fue Fernando Chironi, quien relató la experiencia vivida con su hermano Eduardo «Bachi» Chironi (fallecido e 2008), secuestrado en 1976 en Viedma y ferozmente torturado en Bahia Blanca. Explicó que justamente la detención y secuestro de su hermano «Bachi» fue lo que hizo que comenzara su militancia en organismos de Derechos Humanos. «Fue torturado y vejado al límite de la vida», reseñó al tribunal.

Oscar Livera

El testigo fue convocado por la defensa del imputado Antonio Camarelli, a quien Chironi dijo conocer desde muy joven. En 1983, cuando era concejal en Viedma, el entonces gobernador Osvaldo Álvarez Guerrero le pidió su opinión sobre Camarelli “porque pretendía reformular la policía, y yo lo recomendé”.

 

El testimonio de Chironi abundó en el informe redactado por la comisión rionegrina que en 1.984 compiló las denuncias en Río Negro por los delitos cometidos durante la dictadura. El testigo destacó que en el informe lo más importante sobre la policía rionegrina fue que «había sido desplazada por las Fuerzas Armadas en su capacidad de decisión autónoma» y admitió la lectura de unos párrafos en los que se indicaba que dejó de ser receptora de denuncias en los casos de desaparecidos.

 

El ex legislador rionegrino, ministro de Gobierno, legislador nacional luego y autoridad partidaria,  desvinculó en todo momento el accionar de la policía rionegrina de los secuestros y torturas. Ante la lectura expresa por parte de las querellas de aquellas partes del informe en las que se dejó sentado la reticencia de Camarelli y de Miguel Angel Quiñones en aportar información, e inclusive los párrafos en los que se señaló la necesidad de una continuidad de investigación penal sobre aspectos poco claros, Chironi defendió esta postura indicando que a lo que se temía era a dar nombres de los jefes militares.

 

Chironi declaró que “siempre lo consideré y aún lo considero un policía con un profundo espíritu democrático”,  aseveró que en estos años «no tenía elementos» para pensar distinto a lo que se indicó que existía como denuncias en 1.984 y se mostró descreído de cualquier denuncia que no se hubiera hecho en el tiempo inmediato posterior a la dictadura. «No conozco caso que a esta altura hubieran sufrido vejámenes y no lo denunciaran», sostuvo taxativo.

 

Pese a la existencia del juicio en Viedma en 2.010 donde se debatieron delitos de lesa humanidad y específicamente la intervención de la policía rionegrina en detenciones, secuestros y torturas de dos gremialistas de la Uocra en Sierra Grande -lo que le fue señalado por el fiscal- Chironi dijo no haberse enterado de que en el sótano de la Escuela de Cadetes de policía de Viedma se hubieran detenido personas ilegalmente durante la dictadura.

“Me pareció que era la persona adecuada”

 

Más tarde declaró en la jornada el abogado Oscar Pandolfi, quien también fue citado por la defensa de Antonio Camarelli y como testigo de concepto.

Estefania Mottl

Pandolfi fue ministro de Gobierno de la provincia de Río Negro en 1983, y por este motivo el gobernador Álvarez Guerrero lo consultó por alguien para ocupar el cargo de jefe de la Policía. “Yo le sugerí a Camarelli por sus estudios universitarios en criminalística, me pareció que era la persona adecuada” dijo el abogado.

 

Cuando se le preguntó a Pandolfi sobre de su opinión actual acerca del imputado, explicó que no tenía elementos de juicio concretos como para variar la opinión que tenía cuando lo recomendó como jefe de Policía.

 

Oscar Pandolfi fue desde 1974 parte del directorio de la empresa frutícola Kleppe, donde trabajaba Ricardo Novero y era delegado del empaque, una de las víctimas de la dictadura.  El declarante describió a Novero como “un gremialista combativo, que siempre mantuvo una buena relación con la firma”, y que se enteró por el diario que éste había sido víctima de torturas.

 

Dijo que se lo encontró luego en la «multipartidaria» y que no supo que había sido víctima de detención ilegal y torturas.

 

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

fotos: Estefanía Mottl/Oscar Livera

Buscaron a Berstein cuando estaba desaparecido

Desde Mar del Plata, a través de una videoconferencia, declaró el ingeniero Ciro Lenta, quien detalló cómo buscó a su alumno Jorge Berstein mientras estaba detenido ilegalmente.

Matias Subat

Bernstein fue secuestado en 1977 y su caso se debatió en juicio en junio. No fue hasta este lunes que se pudo escuchar el testimonio del ingeniero, relacionado estrechamente con las circunstancias de la desaparición de Berstein.

Lenta relató la búsqueda de su estudiante de ingeniería más destacado. Él era su profesor y padrino académico en la Universidad de Buenos Aires. Testimonió que le había conseguido a  Berstein una pasantía en General Roca (Río Negro) en la empresa en la que trabajaba (Compañía Envasadora Argentina)  como estudiante avanzado de la carrera de ingeniería, merced a un convenio que existía entre universidades y empresas.

El profesional detalló que en 1977 (fines de febrero, principio de marzo) Berstein no se presentó a su empleo, entonces fue a buscarlo al hotel en el que se hospedaba, pero no lo encontró. Aseguró que «en el centro de Roca» lo que comentaba la gente en la ciudad era que había sido detenido en la casa de su compañera de trabajo Clorinda Barreto durante la madrugada, por personal armado.

El primer sitio al que concurrió Lenta fue el estudio del abogado de la compañía, quien respondió con evasivas y eludió el problema. También mencionó que buscó auxilio en la policía provincial, pero “quedé huérfano de policía”, aseguró.

Lenta dijo que buscó en los “lugares de diversión” que frecuentaban jóvenes en Roca, Cipolletti y Neuquén y finalmente se dirigió al Comando de la Sexta Brigada de Neuquén. Allí lo atendió un oficial que le pidió que vuelva al día siguiente con la foja de personal de Berstein y Barreto. Lenta llevó lo solicitado, y quien lo recibió se quedó con la foja de Berstein, le devolvió la de Barreto y dijo: “Ya veremos”.

Dos o tres días después el estudiante fue liberado en la ciudad de Allen.

Según Lenta, Berstein le dijo haber estado en una celda “en manos de la guerrilla”, esposado a la cabecera de una cama (ver el testimonio de Berstein, en junio). Posteriormente reconoció que estaba en una unidad militar porque oyó “voces de mando”. Lenta aseveró que “pasaron tantos años que digo lo que me acuerdo”. Continue reading

Penúltima semana de testimoniales

Hoy, a partir de las 9, se reanudarán las audiencias en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en la región, que se desarrolla en el salón verde de la mutual Amuc de la ciudad de Neuquén. Será la penúltima semana de testimoniales que se extenderá hasta el miércoles. Comparecerán ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén (TOF), por la mañana, los testigos: Hugo Casagrande, Willie Arrue y Ciro Lenta (que debía declarar en junio por la desaparición de Jorge Bernstein). Por la tarde será el turno de Víctor Ochoa y Berta Perazzo, quien no se encontraría en la zona.

Una gran cantidad de testigos propuestos para esta semana no habían declarado antes en la instrucción, y mayoritariamente se trata de la prueba que presentaron los defensores de los imputados en favor de sus defendidos.

Matias Subat

El defensor Hernán Corigliano (quien propuso una gran cantidad de testigos en esta semana) dialoga con dos de los imputados que asisten a la audiencia: Alberto Camarelli y Miguel Angel Quiñones, ambos tienen defensas oficiales.

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La comisaría de Villa Regina estuvo intervenida por el Ejército

Lo confirmó el testigo Ricardo Rogelio Bustos cuando se presentó a declarar en la segunda audiencia semanal. Bustos era sargento del Batallón 181 de Neuquén en 1976 y prestó servicios hasta 1996. Era mecánico en la Compañía de Construcciones y relató que desde el 24 de marzo de 1976 y durante un mes aproximadamente fue comisionado a la comisaría de Villa Regina bajo las órdenes del subteniente Jorge Osvaldo Gaetani, militar retirado que está imputado en esta causa pero se encuentra excarcelado.

Oscar Livera, marzo 2012

El militar Joge Gaetani esconde el rostro de las cámaras. Primeros días del juicio, marzo de 2012.

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“Olea era el encargado de hacer operativos antiguerrillas”

“Sabía que existía un lugar en el exterior del cuartel donde se interrogaba a personas implicadas con la subversión. Y el jefe del Batallón, teniente coronel (Enrique Braulio) Olea era el encargado de hacer los operativos antiguerrillas”, manifestó ante el Tribunal Alberto Araujo, retirado del Ejército Argentino.

Oscar Livera marzo de 2012

El jefe del Batallón 181 en 1.976, Enrique Braulio Olea. Detrás, el comisario rionegrino Miguel Angel Quiñonez, el militar de Inteligencia Enrique Charles Casagrande y el civil de Inteligencia, Serapio Barros.

 

En 1976 Araujo prestaba servicio en el batallón de Zapala y a fin de ese año fue trasladado al de Neuquén capital donde estuvo a cargo del grupo “justicia”. El militar confirmó que se hacían “generalmente reuniones de coordinación con personas de otras instituciones como Gendarmería y Policía”.

El querellante por la Apodh, Juan Cruz Goñi consideró que el testimonio de Araujo, «es importantísimo porque surgió que Olea es el que convocaba a las reuniones de información y que participaba con los jefes de todas las fuerzas (comunidad informativa), en esas reuniones se definían los blancos de la represión», enfatizó.

Con respecto a su actividad, el testigo explicó que realizaba elevaciones jurídicas sobre los delitos que pudieran suceder dentro de la unidad y aclaró que “nunca” hizo habeas corpus.

Además, Araujo indicó que el médico militar e imputado en esta causa Hilarión de la Paz Sosa era un “habitué” del Batallón. Aseguró que lo vio en varias oportunidades, aunque no pudo confirmar si ingresaba al centro clandestino de detención en los fondos del Batallón, conocido como “La Escuelita”.

Con respecto a la responsabilidad de Olea sobre los delitos que se investigan en esta causa, el testigo consideró que “no podía no enterarse de las reuniones con las demás fuerzas”.

«Para esas reuniones de coordinación que convocaba Olea, Araujo debía llamar a las policías -no indicó a cuáles- y a todas las instituciones uniformadas; este testimonio reafirma su responsabilidad por toda la represión zonal, la responsabilidad de Olea no se circunscribe a los límites del Batallón», remarcó Goñi al término de los dichos de Araujo en la audiencia.

A la consulta de la querellante del Ceprodh Ivana Dal Bianco sobre si sabía que se practicaban torturas en “La Escuelita”, Araujo contestó: “Hay que ser tonto para no darse cuenta que los interrogatorios son coercitivos”.

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Sin sorpresas

Los policías que estuvieron presentes durante el «Operativo Cutral Co» en 197, no hicieron aportes que revelaran detalles nuevos a la investigación en la reapertura de las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad.

Foto Oscar Livera

El oficial Juan Domingo Vizcarra, citado a solicitud del defensor Hernán Corigliano, no declaró porque el abogado desistió de su testimonio, mientras que Miguel Ángel Balmaceda, comisario neuquino retirado que en 1976 estaba de guardia de Plaza Huincul, ni siquiera recordó algún operativo militar en la comarca petrolera durante el tiempo en que se desempeñó allí, desde 1976 a 1978. Aseguró que los únicos operativos que recordaba eran los «controles de ruta», que consideró «idénticos a los de ahora», nada más que «no eran tan preventivos, sino más extensivos a las personas».

 Foto Oscar Livera agosto 2012

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Policías que actuaron en el Operativo Cutral Co

A partir de las 9, en el salón verde de la mutual Amuc, se reanudará el segundo juicio contra represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la región. El operativo Cutral Có y el edificio de «La Escuelita» -centro clandestino- en el Batallón 181 será la temática de las declaraciones.

Matías Subat

Rogelio Méndez, hermano del desaparecido José Delineo Méndez, uno de los "blancos" de Cutral Có. Lo buscaban en la comarca petrolera, pero hacía la conscripción en Junín. Sus hermanos declararon a sala llena, como ocurrió durante la mayoría de los testimonios de los sobrevivientes de ese operativo en junio de 1976.

Está previsto que declare ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Neuquén personal retirado de la policía neuquina y del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181. También comparecerán conscriptos que prestaron servicio durante la última dictadura cívico-militar, y trabajadores del casino de suboficiales de esa dependencia.

En la audiencia del miércoles por la mañana brindarán su testimonio: Rubén Sandoval, Juan Domingo Vizcarra y Miguel Ángel Balmaceda. Por la tarde será el turno de Mario Fuentes, Miguel Ángel Acuña y Alberto Aníbal Araujo.

Vizcarra fue señalado por Octavio Omar Méndez, una de las víctimas del operativo conjunto realizado en Cutral Co en 1976, como la persona que lo detuvo el 14 de junio en la escuela comercial nocturna Margarita Páez. De allí fue trasladado a la comisaría de la localidad, donde fue torturado y liberado al día siguiente. En el establecimiento educativo se encontraba su hermano Rogelio, quien reconoció al oficial. De hecho le preguntó el motivo de la privación de la libertad de Octavio, que por entonces tenía 15 años. “No te hagas problema, le hacemos un par de preguntas y lo largamos”, le contestó.

Esa misma noche José Delineo Méndez, hermano de Rogelio y Octavio, fue detenido en el Grupo de Artillería de Montaña 6 de Junín de los Andes, donde realizaba el servicio militar obligatorio. José es una de las seis víctimas en esta causa que se encuentran desaparecidas.

Quien también se referirá al operativo será Fuentes, compadre de Gladys Durán, esposa del trabajador de YPF desaparecido, Carlos Chávez. Según la declaración de Durán, Fuentes fue obligado a acompañar al grupo que secuestró a Carlos de su domicilio el 14 de junio.

El jueves 23 fueron citados a declarar por la mañana: Jorge Vicente Baldarrota, Ricardo Rogelio Bustos, y Horacio Santiago Carabajal. Por la tarde se esperan los testimonios de Fernando Roberto Carbo, Mariano Carrasco y Héctor Oscar Espinosa.

En tanto, el viernes 24 brindarán su testimonio en la mañana: Santiago Alberto Muras, Emiliano Armando Noriega y Fernando Pastor de la Serna. A la tarde, se presentarán ante el Tribunal Daniel Amílcar Tejedor, Aldo Domingo Torino y Luis Alberto Velázquez.

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

Foto: Matías Subat

 

Gómez Arenas y Farías Barrera serán juzgados en otro juicio

Finalmente, los acusados en el banquillo fueron 22 en este juicio.

Uno de los testigos más nombrados en las audiencias, porque era el que recibía a los familiares en el Comando y porque fue el encargado del «traslado»  de cuatro de los seis desaparecidos por los que se hace este juicio, el mayor Luis Alberto Farías Barrera; y el coronel Mario Alberto Gómez Arenas -jefe de Raúl Guglielminetti y del destacamento de inteligencia-, se quedaron fuera de este proceso.

Oscar Livera abril 2012

Farías Barrera en las primeras jornadas del juicio. Luego tuvo una descompensación cardíaca.

 

El Tribunal Oral Criminal Federal de Neuquén (TOF) comunicó que los hechos por los cuales estaban imputados en la causa Luera  (como se caratuló este juicio) los militares retirados Gómez Arenas y Farías Barrera, se acumularán al expediente contra el ex comisario de Cutral Co, Héctor Mendoza.

El día que se haga el juicio contra Mendoza por las víctimas y sobrevivientes del «Operativo Cutral Co», se deberá juzgar también a Gómez Arenas y a Farías Barreras por todas las víctimas que presentaron sus casos en este juicio.

Tanto Gómez Arenas, por entonces jefe del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, como Farías Barrera, quien se desempeñó como jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada, habían sido suspendidos de este proceso por razones de salud.Gómez Arenas por un posible Alzheimer -que aún debía ser confirmado por los peritos de la corte- y Farías Barrera porque a poco de que se iniciara el juicio, le dio un ataque cardíaco; del que se repuso luego y por ello cumple prisión domiciliaria en Alta Barda.

Mendoza, responsable de la comisaría de Cutral Co durante el operativo conjunto realizado en junio de 1976 en aquella ciudad, no pudo ser incluido en el actual debate oral debido a que se encontraba prófugo. En 2010 fue extraditado desde Paraguay.

El juez federal Gustavo Villanueva ya elevó a juicio la causa en la que el ex comisario neuquino está imputado de haber participado de la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos en perjuicio de ocho víctimas, las cuales declararon en el primer tramo del actual juicio. También se lo acusa de ser co-autor del delito de asociación ilícita.

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Los testigos que son imputados

El Tribunal Oral Federal desistió del comisario que en 1976 era el jefe de la Regional Segunda de Roca, de la policía rionegrina, Federico Hruschka,  debido a que en la causa  que continúa aun en instrucción, es tenido por la fiscalía como responsable de varios casos de secuestros durante su desempeño en el período de dictadura militar.

Presidente del Tribunal Oral Federal

El tribunal tomó esta definición debido a la «prohibición constitucional expresa relativa a la veda absoluta de cualquier forma de autoinculpaciónde una persona sospechada de la comisión de un delito». En la resolución adoptada durante la audiencia, los jueces argumentaron que Hruschka tiene «peticiones pendientes de investigación» relacionado a los casos de los hermanos Julio Eduardo y Juan Domingo Pailos, , como así también de los hechos contra «París, Saez, Gomez, Cancio, Pichulmán, Carmona, Cea, Lucca, Trezza, Botinelli, Blanco y Barco de Blanco, Contreras, Kristensen, Novero, Rodríguez y Sotto».

Matias Subat

«La decisión del tribunal de citarlo a la fecha como testigo no puede sino interpretarse como una errada autorización e4n el caso contreto, natural y propia  del volumen de la causa y prueba trazada»; se esgrimió en la definición del tribunal que fue leída ante la concurrencia del público de ese día.

Además de las partes, público y periodistas, estuvieron presentes los imputados Alberto Camareli, Miguel Angel Quiñones y Osvaldo Laurella Crippa, desde Bahía Blanca y por teleconferencia.

Una queja presentada por la fiscalía abrió el debate en la audiencia del miércoles. El fiscal Marcelo Grosso cuestionó la presencia como testigo de Ernesto Hruschka, quien fue imputado durante el proceso seguido durante el año 2007 en el juzgado federal de General Roca, en el Alto Valle de Río Negro. Debido a la controversia presentada con el abogado defensor Hernán Corigliano (que lo había pedido como testigo), el Tribunal Oral Federal dispuso un cuarto intermedio que duró casi toda la mañana.

Grosso respondió para el Diario del Juicio que “para el ministerio público es imputado en la causa, ha pedido la indagatoria en más de una oportunidad y sobre todo, sobre algunos hechos que están siendo juzgados acá, de manera tal que no puede venir a declarar como testigo hasta que no se resuelva la situación en la que se encuentra él en el proceso”.

Emiliano Ortiz

Estimó que “si hay una decisión del tribunal, o del juzgado, de desvincularlo del proceso esa sería la única posibilidad que nos permitiría escucharlo como testigo”.

Grosso hizo mención “de que en el 2007 se lo convocó a declaración indagatoria, se lo indagó y aunque después esas indagatorias fueron declaradas nulas por defectos formales”, explicó que “el pedido de indagatoria y la acción del ministerio público fue impulsada (nuevamente) contra el señor Hruschka por lo tanto el ministerio público todavía mantiene la imputación contra Hruschka”.

Más adelante le respondió a la defensa sostuvo que el planteo es “extemporáneo” porque cuando se ofreció el testimonio no se dijo nada. Y aclaró: “Cuando ellos lo ofrecieron, existía esta situación pero nada indicaba que desde ese momento hasta ahora no se pudiera solucionar o salvar la cuestión; por eso, adelanté que el planteo lo hacíamos ahora porque es el momento en que la persona es citada a declarar”.

Argumentó Grosso que “hace dos años cuando ofrecieron la prueba yo digo (dije) no porque está imputado y bueno si se resuelve la situación entonces no nos podemos oponer; ahora llegado el momento que tiene que declarar, esto persiste, no está resuelto, para nosotros no puede declarar”.

El fiscal había adelantado que “de todos modos, preguntas desde la fiscalía no le vamos a hacer, porque sería una contradicción; vamos a imputarle un delito y ahora le voy a pedir que declare bajo juramento”.

Por su parte el abogado Corigliano defensor de los imputados Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Gustavo Vitón, dijo que “no se busca la verdad”.

Emiliano Ortiz

Corigliano expresó que “Hruschka era el jefe de la unidad policial regional de General Roca, de la cual dependía la comisaría de Cipolletti, Hruschka es el que puede clarificar quien estaba a cargo de esa dependencia; en este juicio está planteada la cuestión que si el teniente primero (Gustavo) Viton intervino la comisaría o el comisario Camarelli estaba a cargo de la comisaría. Hruschka puede aclarar la cuestión”.

También, mencionó que el ofrecido como testigo “puede aclarar quien daba las órdenes a la policía de la provincia de Río Negro y en base a esas órdenes se realizaba la actuación” y opinó que “que es un testigo fundamental a efectos de esclarecer la verdad, aunque por lo visto no hay interés de las partes en la verdad en el juicio”.

El defensor del interventor militar de la comisaría de Cipolletti en 1976, Gustavo Vitón, y de  Molina Ezcurra y San Martín –ambos condenados en 2008 por 17 hechos cometidos durante la última dictadura militar- sostuvo que “la discusión con el fiscal es una cuestión estratégica de la acusación porque sabe que si Hruschka declara y clarifica la cuestión queda demostrado que Vitón no estaba a cargo de la comisaría”.

“Hay que tener en cuenta que Vitón está imputado, lisa y llanamente, por los hechos con personas que fueron detenidas en un corto lapso por personal policial en Cipolletti, cuando el estuvo allí. Por eso se cae la acusación respecto de Vitón, entonces el interés de la acusación no es descubrir la verdad, que es el que debería ser, sino colaborar con la condena”.

Hay material para alegar

 

El fiscal Grosso fue muy optimista sobre el inicio del segundo tramo de audiencias programadas por el TOF y adelantó que “el balance es positivo, creo que el debate ha aportado más de lo que uno podía esperar”.

También indicó que “por ejemplo la declaración de Antonio Casal (jefe de la regional segunda de policía de la provincia)  dio elementos muy importantes y fue muy sincero”. No opinó sobre los que viene, aunque sostuvo que “hasta ahora con lo que hay, tenemos un buen material para alegar”. Continue reading

La “comunidad informativa de las fuerzas”

“Me consta que había reuniones de la comunidad informativa de las fuerzas”, aseguró Juan Carlos Betti, oficial retirado de la Policía Federal quien se desempeñó en la delegación Neuquén desde 1976 hasta su retiro en 1991.

 

En la causa, las reuniones de la «comunidad informativa» involucraban a jefes de inteligencia de las diferentes fuerzas que se reunían para diagramar operativos, señalar posibles «blancos» y en decidir el destino de aquellos que estaban detenidos como «subversivos»

El testigo relató que en su ingreso se desempeñó como radio operador, y luego estuvo en la oficina de información donde realizaba un análisis de los diarios que remitía todos los días a la Dirección de Delegaciones en Buenos Aires.

Por la reticencia al testimoniar, la abogada querellante por el Ceprodh Natalia Hormazábal solicitó al Tribunal que se investigue al testigo por falso testimonio. “Consideramos que no sólo vino a mentir sino también a escatimar información”, afirmó la abogada. La querella de la APDH adhirió al pedido, y lo mismo hizo el querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Marcelo Medrano. “Hay testigos convocados que no deberían venir como testigos”, afirmó el abogado. El defensor Gerardo Ibáñez solicitó al Tribunal que rechace la petición, que los jueces resolverán con posterioridad.

Matias Subat

Luego de varias consultas de los abogados, Betti solo pudo especificar sobre su trabajo que leía los diarios y hacía un resumen de lo que pasaba en la política de Neuquén. El policía aseguró que esa “explotación de prensa” se siguió haciendo después del regreso a la democracia. Dijo que realizaban fichas con datos de personas y que el oficial a cargo podía retirar alguna.

Mencionó que siempre hubo detenidos en esa dependencia policial, aunque no pudo precisar si eran de la “lucha antisubversiva”.

Una de las inquietudes del abogado defensor Hernán Corigliano fue si Betti había escuchado gritos de personas torturadas en esa delegación policial. El testigo aseguró que “nunca”, pero dijo que durante sus años de radio operador –que ubicó más o menos hasta 1982- usaba auriculares durante su desempeño.

En cuanto a las reuniones que aseguró existían de la comunidad informativa de las fuerzas represivas, explicó que participaban “oficiales del Ejército, personal militar y policía de la provincia”.

 

El que sí escuchó torturas en la Federal

Miguel Ángel Henríquez, retirado también de la Policía Federal, a diferencia de Betti aseguró que sí se escuchaban torturas en el edificio de la delegación. Explicó qu estuvo en la delegación Neuquén desde el 1 de noviembre de 1976 hasta junio del 1980, cuando fue trasladado a Formosa. Desde el comienzo de su declaración Henríquez fue insistente en especificar que fue “perseguido” por sus superiores.

“Un día el subcomisario me llama a hablar, me dijo que dejara mi pistola y me comenzó a interrogar”, recordó el testigo, quien agregó: “Me preguntaba si conocía a algunas personas, yo les dije que sí porque eran vecinos míos de Cipolletti”. Recordó que le nombraron a “Sonati, Adab y Torres”. Les dije que a algunos los conocía, a otros no y me pidieron que me marchara de la Policía Federal”, afirmó.

Henríquez aseguró que empezó a ser “perseguido”, que no lo dejaban acercarse a las armas y que le enviaron a compañeros a vigilarlo. “Si yo fui perseguido, me imagino lo que pasaba con los que realmente estaban metidos en política”, manifestó.

El testigo mencionó que durante su trabajó allí vio “muchas cosas”. “Un día me llaman y me piden que abra y le estaban pegando a una persona con las ventanas cerradas, frazadas y una radio a todo volumen”, describió el policía retirado, quien precisó que ese episodio era en una habitación que usaban como casino.

También ubicó al sótano como lugar de detención y dijo que ahí vio a un hombre muy alto, que era abogado de unos 32 años que hacía tres días que no comía. “Vi a él y a otras personas”, dijo.

Henríquez también confirmó las reuniones de la comunidad informativa de las fuerzas, dijo que escuchó a personas ser torturadas en la dependencia policial y recordó que una vez habían golpeado a un ciudadano llamado Jaime, de Cutral Co. También confirmó que se hacían traslados a la U9 y que supo que hacían traslados de noche en avión.

 

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

Fotos: Matías Subat

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