Sexto Juicio #coberturacolaborativa

El lunes (10 de junio) a las 9,00 en la sala de AMUC (Avenida Argentina al 1.600)  comenzará el sexto juicio por los crímenes cometidos por la dictadura militar en la región.

Te invitamos a asistir a las audiencias. A ser parte del enjuiciamiento histórico y a colaborar en la cobertura periodística en este sexto tramo de la causa  por las desapariciones y torturas durante la dictadura.

Aquí serán las audiencias, ésta es la sala de enjuiciamiento al termino de uno de los últimos debates de lesa humanidad

 

 

Los trabajadores de prensa que trabajaban en la región en 1.976 y 1.977 serán los protagonistas de las primeras audiencias de testimonios (18 y 19 de junio), porque fueron víctimas de secuestro y torturas; o porque son testigos del derrotero de los colegas que fueron secuestrados.

Muchos de ellas y ellos formaron parte de la Cooperativa de Periodistas, que también dio origen a nuestra organización sindical.

Porque no podemos ser indiferentes. Por la Memoria de nuestro pasado reciente, por la Justicia que reclaman las y los desaparecidos,  sumate.

Para ingresar a la sala de audiencias previamente deberás inscribirte por correo a acreditacionesjuicio@gmail.com  con nombre, DNI, medio de comunicación.

Inicio: 10 de junio a las 9.00 con la acusación contra los 8 represores. (El ingreso se realiza 15 minutos antes) 11 de junio a las 9.00 Indagatorias de los militares acusados en este juicio.

 

 

 

 

Fallo completo, sentencia 2.012

Hoy el Tribunal Oral Federal dio a conocer los argumentos por los cuales produjo trece condenas y ocho absoluciones en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en la región.

 

Aquí el fallo LUERA SENTENCIA N°20 de 2012

 

Reafirmaron la existencia del plan criminal. La instrumentación de órdenes expresas para el cumplimiento del plan. La actuación de fuerzas conjuntas con el Ejército. Enmarcaron la causa en delitos de lesa humanidad y el derecho de gentes. Plantearon la existencia de otros centros de detención ilegal como las comisarías de Cipolletti y Cutral Co, la delegación de la policía Federal, los establecimientos penitenciarios. Por qué absolvieron. Por qué no condenaron por torturas en los casos de Cipolletti en relación a Sotto, Novero y Contreras.

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

Foto de archivo/Matías Subat

 

Bronca en el final del Segundo Juicio

No hubo consuelo ni palabras para explicar el espíritu devastado del público al término de la lectura del veredicto en Amuc. Hubo condena para los jefes militares, pero aquellos a los que se consideró partícipes necesarios de plan criminal cuya metodología fue la desaparición y la tortura, merecieron entre ocho y doce años de cárcel; casi un tercio del tiempo de impunidad ante los crímenes cometidos durante la dictadura.

Matias Subat

Hubo testigos víctimas que aseguraron que recibieron golpes, que perdieron parte de sus dentaduras en las golpizas, que llevaban consigo problemas de salud graves producto de la tortura en sus diferentes formas, y no se les creyó. La absolución de la mayoría de los policías rionegrinos por los que se hizo este juicio se debió a que “no se consideró probado” los relatos de los sobrevivientes.

Al término del veredicto hubo muchos insultos y gritos por parte de unos pocos, pero mayor fue el silencio y el estupor de la mayoría. Como atados al piso, sin poder explicar ni explicarse, con la sensación de que no estaba bien, de que no hubo justicia pese a la condena.

Matias Subat

Las madres neuquinas dieron rienda suelta a la denuncia a viva voz de impunidad y de injusticia dentro de la sala. E insistieron con el ejemplo que las hizo madres de Plaza de Mayo: instaron a continuar exigiendo Justicia a pesar de los escollos sin dejar que un mal fallo impida el reclamo. “La marcha no tiene fin, esta no es la Justicia que queríamos, habrá que perfeccionarla y esa es la tarea de todos nosotros, adelante”, sostuvo Lolín Rigoni cuando agradecía a muchos de los que se agolparon afuera, la asistencia y acompañamiento durante los largos meses de testimonios y de juicio.

Emiliano Ortiz

El viernes 02 de noviembre, el Tribunal convocó a las partes para dar lectura al veredicto de la sentencia a represores del Alto Valle para el martes 06 a las 7:30 de la mañana. Organizaciones sociales, representantes de partidos políticos, familiares y víctimas de la represión se presentaron para escuchar la voz de la justicia que había tardado 36 años en llegar.

A sala llena, el Salón Verde de AMUC estaba expectante, por las palabras del Presidente del Tribunal Oral Federal, Orlando Coscia, quien daría tranquilidad y pondría fin a tan larga espera. No estuvieron presentes los imputados. Tampoco la mayoría de los defensores. El equipo de la Defensa Oficial faltó en su totalidad.

 

Matias Subat

Con cánticos que decían “cárcel común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida por las calles argentinas” aquellos que fueron víctimas recibieron a los magistrados que comenzaron con la lectura del veredicto. Afuera del salón, un grupo de manifestantes esperaba también con la esperanza de que al terminar la audiencia se hiciera presente la justicia.

Sin embargo, a medida que se leían los puntos del fallo, aquel aire de fiesta que había inundado la sala antes de comenzar, se empezó a esfumar dejando a su paso el desdén, la bronca y la tristeza. Mientras que algunos familiares, como Oscar Ragni, tomaban nota con atención de cada una de las condenas y absoluciones, otros festejaban penas como la impuesta a Enrique Braulio Olea, de 22 años de prisión, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada por el empleo de violencia, amenazas, y por la aplicación de tormentos físicos y psíquicos, que en uno de los casos (José Luís Albanesi) resultó en la muerte del “perseguido político”, lamentaban desconcertados condenas como las de Antonio Alberto Camarelli, de 10 años o la del personal de inteligencia, Raul Antonio Guglielminetti, de 12 años, murmurando “vergüenza!” y sintiéndose apabullados, por absoluciones como la de Emilio Jorge Sacchitella, quien había sido imputado por el caso de Ernesto Joubert, secuestrado en Junín de los Andes y reconoció a Sacchitella como quien le propició golpes y fue uno de sus interrogadores y quien según el testigo, le había dicho que tenía el poder de decidir “quien vive y quien muere”.

Matías Subat

Con un total de 8 absoluciones y penas máximas de 23 años, y el pedido de investigación de víctimas de la tortura en Cipolletti, de quienes ya la periodistas del diario Río Negro, Alicia Miller,  había en el 2010 puesto en duda su credibilidad, el tribunal puso fin a la lectura del veredicto, dando lugar a una serie de repudios, llanto y exabruptos, que sacaron a la luz, claramente, la decepción de los que esperaron tantos años por una justicia, que sintieron no llegó.

Sergio Méndez Saavedra, víctima de la dictadura, gritaba al tribunal, consternado, por considerarlos responsables de “dejar asesinos sueltos”, Ernesto Joubert, quien antes de la audiencia se mostraba feliz, se lamentaba por haber viajado más de 500 kilómetros, para escuchar la absolución de uno de los responsables de su secuestro y tortura, las representantes de la Ceprodh se pusieron al frente de la manifestación que se llevaba a cabo fuera del salón, para repudiar el veredicto por considerar que la justicia había demostrado ser “una justicia de clase”.

Matias Subat

Mientras tanto, Noemí Labrune, de la APDH, se decía impotente por creer que las condenas habían sido incongruentes y demasiado bajas para los delitos aberrantes de los que se trataba, yendo en contra de la jurisprudencia en este tipo de juicios que siempre había buscado las penas más altas por ser delitos que expresan el atentado contra la humanidad toda;  y representantes de la APDH y la Secretaría de Derechos Humanos, como así también el fiscal Marcelo Grosso adelantaban que apelarían el fallo.

Matías Subat

 

Por su parte, para cerrar la jornada, los únicos representantes de los imputados que se encontraron ausentes, Rodolfo Ponce De León y Paola Rubianes, se mostraron satisfechos por el veredicto y consideraron que las penas se habían ajustado al derecho.

 

matías subat

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Condena y absoluciones 2.012

Estamos procesando la tarea periodística del trabajo durante el veredicto.  De las 21 acusaciones por 39 casos por delitos de lesa humanidad,  se produjeron tres condenas de más de 2o años.

Hubo ocho absoluciones: una del Ejército, el del único gendarme imputado, un agente de inteligencia  y cinco policías rionegrinos.

El tribunal no le creó al testigo – víctima Raúl Sotto, y consideró sin pruebas las torturas en la comisaría de Cipolletti.

-En elaboración-  Las reacciones del público, las repercusiones de los querellantes y la crónica de la jornada.

Obtener aquí el detalle de las condenas  VEREDICTO luera

 

Rostros tras la lectura

Emiliano Ortiz

Emiliano Ortiz

 

Emiliano Ortiz

 

Emiliano Ortiz

 

Emiliano Ortiz

Emiliano Ortiz

 

Emiliano Ortiz

 

Emiliano Ortiz

 

Emiliano Ortiz

Emiliano Ortiz

Emiliano Ortiz

 Emiliano Ortiz

Emiliano Ortiz

Emiliano Ortiz

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

fotos: Emiliano Ortiz

6 de noviembre, el veredicto

A las 7,30 de la madrugada convocó el Tribunal Oral Federal para escuchar el veredicto de lo que será la sentencia del juicio.

Se leerán penas o absoluciones (parte resolutiva) en la sala de Amuc donde se desarrollaron las audiencias desde abril.

 

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

 

Palabras

Cuatro militares hablaron en los últimos momentos del juicio oral por delitos de lesa humanidad.

El jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada, Oscar Lorenzo Reinhold y el jefe del Batallón 181 de Neuquén, Enrique Braulio Olea lo hicieron por primera vez, aunque este es su segundo juicio por los delitos ocurridos durante la dictadura en Neuquén.

Volvió a plantear su inocencia Gustavo Vitón, en su tercera intervención desde que se inició el juicio en marzo.

También lo hizo por primera vez quien está acusado por los secuestros y torturas cuando ejerció la comandancia, José Ricardo Luera, aunque negó que fuera el Comandante de la Sexta Brigada en aquella época. Reproducimos -en audio- el momento del cruce con Vitón.

Reproducimos en audios las partes principales de los dichos, y en el caso de Vitón, los aspectos no mencionados antes, como la acusación en contra del comisario Antonio Camarelli para defenderse.

Uno menos para la sentencia

El médico militar Hilarión de la Pas Sosa quedó fuera del juicio. Se informó de una desmejoría de salud en las últimas audiencias, y para los alegatos ya estaba internado. En la audiencia de hoy, el Tribunal Oral Federal dio a conocer que su caso será remitido a otro tramo de esta misma causa, ya elevada a juicio, que tiene como imputado principal a Héctor Mendoza, el jefe de la comisaría de Cutral Co durante el operativo Cutral Co, que se ventiló en este juicio.

Emiliano Ortiz

 

Audios y repercusiones

Además de los audios de los cuatro acusados que hablamos, invitamos a escuchar la entrevista posterior a las madres neuquinas en el juicio, Inés Ragni y Lolín Rigoni que se refirieron también al duro cruce con Olea durante las últimas palabras cuando dijo no saber nada de su hijo desaparecido.

Matías Subat 29 marzo 2012

Olea ultimas palabras (audio)

Reinhold (audio)

Emiliano Ortiz

Luera ultimas palabras

Matias Subat 29 octubre

viton ultimas palabras

“Son mentiras que no saben”, “si estuviera acá Beba Mujica”, “nos tendrán que ver las caras en todas partes” (escuchar audio) Ines Ragni y Lolin

Matias Subat

“Hubo testigos, pruebas, testimonios” ,”Uno siempre tiene la esperanza de que nos cuenten qué fue lo que hicieron” , “Evidentemente no están arrepentidos”, “Corigliano presentó documentos de la Side que el Ejecutivo esta negando que sean públicos” (escuchar audio) Orlando Nano Balbo

Oscar Livera

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Ultimas palabras

Hasta ahora nunca hablaron, y los que dejaron el silencio, sólo fue para decir que nada sabían de secuestros, torturas y del destino de quienes permanecen desaparecidos

Sera la oportunidad hoy de decir sus ultimas palabras antes de escuchar el veredicto.

 

Imputados del Ejército
 

Matías Subat

 

José Ricardo Luera. Militar retirado con el grado de coronel. Nació el 27 de octubre de 1927, con prisión domiciliaria en San Miguel. Era coronel y comandante de la VI Brigada en 1976. Retirado en 1978 en San Miguel, como Jefe del departamento de contrataciones del Estado Mayor.

 Osvaldo Antonio Laurella Crippa. Militar retirado con el grado de coronel. Nacido el 30 de octubre de 1931, con detención domiciliaria en su casa de Bahía Blanca. Era Teniente Coronel de la Sexta Brigada “en comisión” como Jefe de Policía de Neuquén entre el 25 de marzo de 1976 y el 12 de diciembre de 1977. Retirado en 1986 en Bahía Blanca, como coronel de Infantería en el Comando del 5to Cuerpo del Ejército.

OSCAR LORENZO REINHOLD. Militar retirado, condenado en 2008 por 17 hechos cuando era Jefe de Inteligencia del Comando (Sexta Brigada), con detención domiciliaria en buenos aires, nacido el 26 de enero de 1935.

 Oscar Lorenzo Reinhold. Retirado como coronel de la Brigada de Infantería de Mntaña de Mendoza en 1987. Nacido el 26 de enero de 1935. Condenado en 2008 por 17 hechos cuando era Jefe de Inteligencia del Comando (Sexta Brigada) de Neuquén, con el cargo de mayor en 1976. Con detención domiciliaria en Buenos Aires.

Oscar Livera

Enrique Braulio Olea. Retirado como General de Brigada. Nacido el 18 de julio de 1930. Jefe del Batallón de Ingenieros 181 de Neuquén en 1976, cuando era teniente coronel. Condenado en 2008 por 17 hechos, con detención domiciliaria.

 

Oscar Livera marzo de 2012

 Hilarión de la Pas Sosa. Retirado con el grado de coronel. Médico. Nacido el 21 de octubre de 1930. En 1976 Jefe de la sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén. Condenado en 2008 por 17 hechos. Con detención domiciliaria en Neuquén. Estuvo desde el 72 al 83 en Neuquén.-

 

Cecilia Maletti

 Gustavo Vitón. Dado de baja del Ejército en 1980 como Capitán, luego ascendido a mayor durante el gobierno de Alfonsin y a Teniente Coronel durante el gobierno de Kirchner por pertenecer a los “33 Orientales”. En 1976 era Teniente primero en el Batallón de Ingenieros de Montaña 181 de Neuquén, a cargo de la Compañía de Construcciones y el 24 de marzo de 1976 designado como interventor militar en la comisaría de Cipolletti. Sus ultimos años en actividad fueron en la política en La Plata y en la provincia e Buenos Aires durante el gobierno de Duhalde. Detenido en Marcos Paz

 

Emiliano Ortiz

 Jorge Osvaldo Gaetani. Retirado como coronel del Ejército. Nacido 13 abril de 1953. En 1976 era subteniente de la Compañía de de Combate “B” del Batallón de Ingenieros de Montaña 181 de Neuquén. Se encuentra excarcelado.

 

Cecilia Maletti 2 octubre

Enrique Charles Casagrande, suboficial de inteligencia del Ejército

Enrique Charles Casagrande. Retirado de Inteligencia del Ejército como suboficial principal. Nacido el 21 de noviembre de 1.938. En 1976 era suboficial del destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, subjefe.

 

Cecilia Maletti 

Jorge Eduardo Molina Ezcurra. Retirado como coronel de Inteligencia en 1.995, cuando era agregado militar en Lima, Perú  (1992-1993).  En  1976 integraba el destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén con el grado de Capitán.

 

Matias Subat 30 octubre 

Sergio Adolfo San Martín.  Retirado de Inteligencia del Ejército con el grado de Teniente Coronel. Nacido el 25 de febrero de 1.941. Capitán en el Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén en 1976 y 1877. Detenido en Campo de Mayo. Condenado en 2.008 por 17 hechos.

 

Cecilia Maletti 

Maximo Ubaldo Maldonado. Retirado como suboficial mayor del ejército. Nacido el 16 de mayo de 1938. Era sargento primero del destacamento de inteligencia 182 de Neuquén. Con detención domiciliaria en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.

 

Emiliano Ortiz

Francisco Julio Oviedo. Retirado como suboficial mayor de Inteligencia del Ejército.  Nacido 12 septiembre de 1938. En 1976 era suboficial del destacamento de Inteligencia Militar 182 de Neuquén. Condenado en 2.008 por 1 hecho. Con detención domiciliaria en Cipolletti, Río Negro.

 

Cecilia Maletti

Raul Antonio Guglielminetti. Personal Civil de Inteligencia. Nacido el 2 de noviembre de 1941. En 1976 revistió en el destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén. A disposición conjunta del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) de Buenos Aires por otra causa (expediente 1627), de la ESMA. Detenido en el penal de Marcos Paz.

 

Cecilia Maletti

 Serapio del Carmen Barros. Personal Civil de Inteligencia. Nacido el 27 de enero de 1947. Revistió en el destacamento 182 de Neuquén en 1976. De ocupación mecánico. Excarcelado.

 

Gendarmería 

 Cecilia Maletti 23 octu

Emilio Jorge Sacchitella. Retirado de Gendarmería con el cargo de Comandante General en 2003, como director de Logística y Finanzas en Buenos Aires -sector transporte y logística de Gendarmería. Nacido el 28 de noviembre de 1946, excarcelado. En 1976 Segundo Comandante a cargo del regimiento de Gendarmería de Junín de los Andes.

 

Comisarios rionegrinos 

 

Emiliano Ortiz

 Desiderio Penchulef. Retirado en 1978 como comisario principal de la policìa de Rìo Negro. Nacido 22 de mayo de 1929.  Comisario de la Comisaría de Cinco Saltos, que en 1976 era la comisaría 25. Excarcelado.

 

 

Emiliano Ortiz

Antonio Alberto Camarelli. Retirado como Jefe de la policía de Río Negro, comisario general y licenciado en Criminalística. Nacido el 15 de noviembre de 1.942. En 1.976 jefe de la comisaría 24 de Cipolletti y jefe de Operaciones Especiales en la subzona 52.1.2. Detenido en la U5 de Roca, Río Negro.

 

Cecilia Maletti

Miguel Angel Quiñones. Retirado en 1.994 con el grado de Comisario de la policía de Río Negro. Nacido el 14 de mayo 1944.  En 1976 era oficial Sub-ayudante de Inteligencia de la policía rionegrina. Alojado en la U5.

 

Cecilia Maletti

 Gerónimo Enerio Huircaín. Retirado de la policía rionegrina en 1993 como comisario, con último destino en Bienestar Social de la Jefatura de policía de Viedma. Nacido el 20 de julio de 1.954. Apodado “Negro”, comerciante. En 1.976 era oficial ayudante de la Comisaría 24 y encargado del servicio de Informaciones judiciales.

 

Matías Subat 

Oscar Ignacio Del Magro.  Retirado como comisario de la policía de Río Negro. Nacido el 1 de julio de 1.954. Alias “Pelusa”. Policía de informaciones en la comisaría  24 de Cipolletti en 1976. Excarcelado.

 

Matías Subat  

Julio Héctor Villalbo. Retirado de la policia rionegrina en 1.996 como suboficial. Nacido el 20 de febrero de 1.950. Apodado “Viejo”. Ante la Justicia dijo ser director técnico. Excarcelado. Suboficial de la Comisaría 24 de Cipolletti en 1.976.

 

Emiliano Ortiz

Saturnino Martínez. Retirado en 1.992 como sargento ayudante de la comisaría cuarta de Cipolletti (ex comisaria 24). Nacido el 26 de julio de 1.947. Apodado “Sato”. Suboficial de la Comisaría 24 de Cipolletti en 1.976. Excarcelado

 

Fueron derivados al próximo juicio

 

 

 Mario Alberto Gómez Arena. Retirado como coronel. Nacido 9 de diciembre de 1930. Condenado en 2.008 por 17 hechos ocurridos cuando era jefe de inteligencia del destacamento 182 de inteligencia de Neuquén en 1976, con detención domiciliaria. Condenado en 2.010 por su actuación en el Batallón 601. Durante el juicio 2.012 se suspendió su juzgamiento a la espera de un dictamen de los peritos de la Corte Suprema ante un diagnóstico de Alzheimer.

Oscar Livera

 

 Luis Alberto Farias BarreraRetirado con el grado de mayor. Nacido el 1 de enero de 1930. Condenado en 2008 por 17 hechos cuando era Jefe de Personal del Comando (Sexta Brigada) de Neuquén, con el grado de mayor. Con detención domiciliaria en Alta Barda, Neuquén Capital. Apodado “Laucha”. Su juzgamiento en 2.012 se suspendió luego de un ataque cardíaco y se agregó su proceso a la causa “Castelli”, elevada a juicio.

 

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

fotos: Cecilia Maletti/Emiliano Ortiz/ Oscar Livera/ Matías Subat

Terminó el juicio

El Tribunal Oral Federal declaró ayer clausurado el debate en el juicio.

El viernes habrá tiempo para las “palabras finales” de los acusados (que no es una indagatoria sino sólo una invitación a una última expresión antes de que conozcan la sentencia), por lo que citó a las 9 al inicio de la audiencia.

Ese día se espera conocer cuándo será el veredicto.

 

Matías Subat

 

 

 

 

 

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

fotos : Matías Subat

Los defensores insistieron con las absoluciones

En la jornada de dúplicas, los equipos de defensas particulares (Gerardo Ibañez, Hernán Elizondo, Rodolfo Ponce de León y Herán Corigliano) junto con el equipo de defensores públicos (Eduardo Peralta, Gabriela Labat y Alejandra Vidales) insistieron en sus planteos de absolución bajo los conceptos de negar el tratamiento de delitos de lesa humanidad en el juicio y la falta de imputación y de pruebas en contra de los 22 acusados.

 

 

Matias Subat 30 octubre

El abogado del general de Brigada, Enrique Braulio Olea (jefe del Batallón 181 de Construcciones en 1976), Gerardo Ibañez, descalificó las réplicas de las acusaciones y dijo que pensó que “iban a ser más precisos, pero sólo hubo vaguedades”.

Se mostró molesto por los dichos de que “somos igual de delincuentes de lo que ellos creen que son nuestros clientes”, al tiempo que dijo sentirse orgulloso de responder por alguien como el general Olea.

“La categoría de lesa humanidad no existía, y no lo fue tampoco en la causa 13”, dijo en relación a la sentencia a las juntas de 1984 y rechazó los cuestionamientos de “la construcción de un relato falso”.

“No han rebatido ninguno de los elementos que planteamos”, siguió el defensor e insistió a los jueces en que no pueden encuadrar el juicio en el delito de genocidio porque no se cumplen los preceptos establecidos por la convención internacional. “Planteamos las nulidades porque existen, no las consentimos por haber participado del juicio”, le respondió al fiscal Marcelo Grosso, al tiempo que reiteró que corresponde la absolución de Olea.

 

“Que se tenga en cuenta la totalidad del testimonio”

 

Cecilia Maletti

 

En una de las pocas intervenciones extensas que se anotó durante este juicio la defensora María Cecilia Oviedo, dijo durante las réplicas defensistas que la defensa de Francisco Julio Oviedo -suboficial de inteligencia y su padre- exige que se tenga en cuenta la totalidad del testimoni de Pedro Maidana, porque sostienen que no se condice con la acusación que pesa sobre su defendido.

“El hecho que fue descripto no tiene correlato con la prueba”, dijo sintéticamente el codefensor Hernán Elizondo.

 

“Sin víctimas no hay victimarios”

Cecilia Maletti

El defensor del comisario rionegrino Oscar Del Magro, Rodolfo Ponce de León, en una extensa dúplica, reiteró el término de “caníbales” para con la querella del Ceprdoh, y aunque intentó pedirles disculpas si las ofendía, volvió a calificar a las abogadas de “megalomaníacas” al tiempo en que justificaba el porqué se había referido a las víctimas como no víctimas.

“No se cómo puedo ofeder el pudor de nadie cuando digo que no son víctimas los que no son víctimas”, arrancó el abogado quien a diferencia del resto de los defensores, remarcó que no citó la teoría de los dos demonios ni la guerra sucia, porque “hubo terrorismo de Estado, lo dije desde el primer momento  refiriéndome al 16 de junio de 1955”

“Toda víctima posee su victimario, que está sujeto a reglas del código penal, si no lo son, no hay víctimas”, justificó Ponce de León; y en la misma línea volvió a cargar contra las abogadas del Ceprodh con el argumento de que al acusar por genocidio “acusan mal profesionalmente”.

Aseguró que los hechos existieron, las desapariciones forzadas “son ausencias que existen”, dijo que las torturas exitieron; pero que no estaban imputadas individualmente a ninguno de los acusados.

“Se describen hechos que no se condicen con los que describen las víctimas”, insistió en tanto planteó que al no asignársele qué conducta le correspondía a los imputados, sólo e hacía “un discurso demagógico para recibir el aplauso de la platea, eso fue lo que se vio durante las réplicas de la querella”, finalizó mientras pedía la absolución de su defendio.

 

“Nos sometimos a las reglas del juego”

Matias Subat

Los defensores Eduardo Peralta, Gabriela Labat y Alejandra Vidales insitieron en la absolución de los 14 defendidos a los que representan en este juicio e iniciaron las palabras con una réplica a la fiscalía -que les dijo que pedían la nulidad pero habían convalidado el proceso con su presencia- , a quien le indicaron que “nos sometimos a las reglas del juego”,  insistió con los argumentos técnicos que se virtieron en los alegatos generales y que cumplió su labor de “análisis de la prueba en beneficio de nuestros defendidos”.

Aseguró Peralta que seguirá siendo una “defensa técnica eficaz” yconsideró que sus dichos sobre venganza, que planteó por las penas solicitadas para los acusados, habían sido mal interpretados. “No voy a ser un mero convalidador de conductas”, sostuvo el jefe del equipo fiscal, mientras que la codefensora Labat  insistió en que “se hizo una interrelación de toda la prueba, una valoración global y acertada” y que no hubo sezgo, como se les endilgó.

“Se nos dice que buscamos manipular al Tribunal, y esto ofende la inteligencia” de los participantes en el juicio, criticó. Agregó que lo que hizo la defensa oficial, fue poner en evidencia “las groseras deficiencias” de la requisitoria fiscal con la que se llegó al juicio.

 

“No fue una visión sesgada”

Matias Subat

Los defensores de los militares Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín, Gustavo Vitón, José Ricardo Luera y el médico militar Hilarión Pas Sosa -Hernán Corigliano y Paola Rubianes-  insistieron en que no hubo una “visión sesgada” de la realidad, sino que se remitieron a la “guerra revolucionaria” que quedó demostrada en la causa 13, del juicio en 1984  a los ex comandantes militaresque tomaron el poder en 1976.

Rubianes reiteró que no hubo en los 180 testigos ninguno que nombrara a los oficiales de inteligencia Molia Ezcurra y San Martín como los autores de las torturas por la que están acusados en los 39 casos por los que se llevó a cabo este juicio.

insistió en los “testimonios discordantes”, basados en testigos “algunos inconsistentes, otros asimétricos y en algunos casos, falaces”, por lo que no había un cuerpo probatorio ni siquera indiciario que llevara a una misma conclusión. Cargó contra la fiscal instructora Cristina Beute y dijo que los alegatos de los acusadores habían sido una “sala literaria” que no se condecía con el proceso penal.

“Esto es un proceso judicial, no se falseó la historia, se justificó : hubo una guerra civil revolucionaria y así lo estableció la causa 13/84 que está firme y confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, reclamó Corigliano, mientras que insistió en que ese contexto histórico de la guerra sucia y la teoría de los dos demonios “está judicialmente probado”; por lo que se sintió contrariado por las acusaciones que recibió en manifestaciones públicas y comunicados.

Cecilia Maletti

“No les corresponde la categoría de lesa humanidad, no se puede aplicar con retroactividad el derecho y esta era una categoría que no existía en el momento de los hechos”, volvió a reiterar  en tanto le respondió al fiscal Grosso que “las nulidades no pueden ser convalidadas por nadie, fue confirmado así y me tengo que sentar aquí y respeto al tribunal aunque en mi opinión no corresponde esta integración. La acusación está viciada de nulidad, es un instrumento defectuoso y por eso más lo que dije antes, es que pido la absolución”, finalizó.

 

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“Falta de pruebas” para Reinhold

Por “falta de pruebas” el defensor Eduardo Peralta pidió la absolución del coronel Oscar Lorenzo Reinhold y subsidiariamente, en caso de no aceptarse esa solicitud, que se le aplique el mínimo de la escala para los delitos que se le imputan.

Reinhold era el jefe del Destacamento de Inteligencia 162 del Comando y está acusado por la totalidad de las 39 denuncias que comprende la causa, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos físicos y psíquicos y torturas seguida de muerte, por el caso de José Luis Albanessi.

“No se encuentran debidamentes probadas las acusaciones”, dijo Peralta, luego de cuestionar duramente a los acusadores, el fiscal y los querellantes precisamente por entender que no sostuvieron sus imputaciones.

Matias Subat

Entre los argumentos dijo que Reinhold no actuó en la clandestinidad y ejemplo de ello fue que, indudablemente por directivas de sus superiores, “entregó certificados de las detenciones, como fue el caso del doctor de General Roca, Enrique Teixido.

También argumentó que su defendido no tuvo el dominio directo de los hechos que le atribuyen, aspecto a su juicio sustancial para enrostrarle algunos delitos que le imputan.

 

La comisaría de Cipolletti y el rol de los comisarios acusados

“En 36 años siempre se dijo que las policía cumplieron un rol secundario y que en las comisarías no hubo represión. En el caso de Cipolletti eso fue hasta 2007, en que Sotto, Novero, Contreras denunciaron que habían sido torturados”, dijo la defensora oficial Gabriela Labat, para iniciar un alegato que tuvo como eje rechazar cada una de las imputaciones y cuestionar tanto a los denunciantes como a sus abogados y al fiscal.

Matias Subat

La abogada dijo que los efectivos rionegrinos de esa dependencia no sólo no cometieron los hechos que les imputan -detenciones, seguimientos y torturas-, sino que hasta se opusieron al accionar del Ejército que el 24 de marzo del 76 tomó la comisaría.

Asumió la argumentación defensista del comisario retirado Antonio Camarelli y dejó a su colega Alejandra Vidales la de los restantes acusados.

Matias Subat

Labat cuestionó al juez de instrucción Guillermo Labate porque le atribuyó colaborar con los militares aportando personal a su mando y facilitando las instalaciones. “La comisaría no fue un centro de detención y torturas y Contrariamente a las acusaciones, Camarelli ayudó a familias que buscaban a sus hijos, como lo prueba el caso de la famlia Salto, y a raíz de ello fue compulsivamente trasladado a Viedma a fines del 76”, señaló.

Sostuvo que tanto Camarelli como los otros comisarios nada podían hacer para oponerse al accionar del Ejército. “¿Hubieran podido los comisarios levantarse en armas y oponerse a las tropas militares que coparon las comisarás?”, planteó.

Rechazó los cargo que le atribuyen a Camarelli, los de asociación ilícita y los de privación ilegítima de la libertad -por los que el fiscal pidió 24 años de cárcel-, pidió su absolución por atipicidad y subsidiariamente por el beneficio de la duda.

Cecilia Maletti

 

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Absolución tambien para Guglielminetti

La defensa oficial pidió 14 absoluciones, fundamentó la del civil de inteligencia Serapio Barros, la del militar Jorge Gaetani (ver nota del 24 de octubre) e inició esta jornada con el pedido de libertad para Raúl Guglielminetti.

Emiliano Ortiz

Relativizando las declaraciones de las víctimas, sostuvo que “Nano Balbo lo mencionó en su declaración en 35 oportunidades”, y que llama la atención, “que a pesar de los años, recuerda los hechos que lo damnificaron, pero que incurrió en contradicciones al confrontar con otros testimonios”.

Peralta sostuvo que Balbo tuvo imprecisiones de fechas y lugares, y se preguntó cómo hizo Balbo para encontrarse con Kristensen en los escalones de la escalera que conducen al sótano, “si no estuvieron detenidos en las misma fecha”.

Sobre la declaración de Pedro Justo Rodríguez, dijo que no fue certero “por el paso del tiempo y la contaminación de los medios de comunicación”, y que cuando identificó al acusado fue una “transferencia inconsciente” basada en la psicología del testimonio.  Ejemplificó que Rodríguez dijo que la esposa de Guglielminetti, que vendía ropa en Cipolletti, dijo que “su situación era comprometida”, pese a que Guglielminetti y su señora no vivieron en la localidad rionegrina, “se refirió tal vez a Soza, pero el estaba seguro que era Gulglielminetti”, dijo Peralta, en relación al subcomisario de la delegación de la policía federal en Neuquén, Jorge Alberto Soza, que hasta el 2010 estuvo prófugo en la causa.

Cecilia Maletti

Debido a la deformación de los hechos “por el paso del tiempo”y teniendo en cuenta “la escasez probatoria”, solicitó la libre absolución de Guglielminetti, por aplicación de tormentos físicos y psíquicos y de asociación ilícita. Y en caso de que no se lo absuelva, pidió subsidiariamente que se le aplique la pena mínima de la escala penal.

 

A Laurella Crippa se lo acusa con “falta de fundamentos”

 

Sobre el ex militar Osvaldo Antonio Laurella Crippa, Peralta solicitó su absolución ya que sostuvo que se lo acusa con “falta de fundamentos”.  Criticó  a la fiscalía y las querellas, argumentando que la APDH había pedido que se lo juzgara por asociación ilícita, por privación ilegal de la libertad y tormentos físicos, mientras que el Ceprodh lo consideró coautor de genocidio.

Sobre el Operativo Cutral Co, dijo que “falta conexión causal de los hechos” en los casos de Recchia, Aigo y  Pichulmán  y que las acusaciones sobre su defendido “no tienen sustento suficiente”. Concretamente sobre Virginia Recchia, sostuvo que sólo “se había limitado a su alojamiento en la alcaidía provincial”.

Peralta expresó también que se acusa a Laurella Crippa por haber sido jefe de la policía en esa época, pero que “no existen pruebas de que haya dado orden alguna” y que incluso “nada hizo para impedir la libertad de las víctimas”.

Matías Subat

Laurella Crippa siguió todo el juicio desde Bahia Blanca por video tele conferencia

 

Peralta alegó que no hay pruebas para acusar a su defendido y que no se comprobó nexo entre los sucesos ocurridos y el ex militar. “No hubo testigos ni pruebas fundamentales a lo largo del juicio que señalen que Laurella Cripppa pueda ser responsabilizado por los acontecimientos, que impartiera órdenes o haber aportado elementos para que dichos sucesos se consumaran”, afirmó.

Refiriéndose  a la declaración de Nelly Curimán, dijo que se refirió a su defendido con “poca simpatía”. Y sobre la participación de Laurella Crippa en el secuestro de Rubén Ríos remarcó que “ni las querellas ni el fiscal aportaron pruebas” y que no pudo establecerse que el imputado haya participado del hecho.

En relación al delito de asociación ilícita, Peralta dijo que su defendido “se limitó a cumplir su función”. Finalmente reclamó la absolución para el acusado, o tener en consideración los atenuantes de la pena.

 

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

fotos: Emliano Ortiz/Matías Subat

“La búsqueda de la verdad no puede ser a cualquier precio”

El abogado Eduardo Peralta abrió los alegatos cargo de la Defensa Oficial, que finalizarán el viernes cuando finalice la descripción de la situación de cada uno de los imputados que defiende el ministerio público, en total 14 acusados. Expuso los planteos generales y argumentó sobre las responsabilidades de ocho de los imputados vinculados al Ejército, Destacamento de Inteligencia y Gendarmería.

Matias Subat

En el inicio se refirió a la aplicación de la figura del Genocidio y de los delitos considerados de Lesa Humanidad, para sostener que su consideración implicaría una violación a los principios de legalidad y congruencia y también a las garantías y derechos fundamentales de sus defendidos.

Alegó que el Genocidio “excluye” de su definición la persecución y exterminio de personas o grupos por cuestiones políticas y que la postura de nuestro país siempre había rechazado esta posición porque “un gobierno constitucionalmente legítimo, en defensa de un acto de terrorismo, podría ser acusado de genocidio” y ello constituiría un “peligro para un Estado de Derecho”.

Por otra parte argumentó que en la Causa Reinhold (juicio de 2008 donde se condenó a ocho de los represores que son juzgados también en este tramo) se dio una resolución negativa sobre la cuestión de genocidio y que en esa oportunidad, no hubo por parte de las querellas posición en contrario. Tampoco fue integrada, “ni fáctica ni específicamente”, en instancias anteriores del proceso, por lo que de hacerse lugar a tal pedido se afectaría el derecho de defensa, sostuvo.

Criticó que “en el discurso de la verdad y sus consecuencias en los modos de construcción de la memoria colectiva” no puede en ningún caso lograrse “a costa de los derechos fundamentales de los acusados”, es decir que “aún cuando la denominación de Genocidio tenga suma importancia para la representación colectiva adecuada a los hechos sucedidos a partir de 1976, tal importancia no puede llevarlos a sobrepasar las formas substanciales del derecho penal”.

Respecto a la calificación de delitos de lesa humanidad, adelantó que contrariará incluso lo establecido -por mayoría- por la Corte Suprena de Justicia de la Nación, en tanto su presentación se centró en que el fallo utilizado como fuente para sostener tal pedido, basado en la costumbre internacional, incurre en vicios de derecho y que el concepto es “vago y mutable conforme a la necesidad de los Estados con suficiente poder como para lograr modificar la costumbre internacional”.

Además, argumentó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar la imprescriptibilidad de los delitos juzgados, utilizó una “calificación mixta” porque para la legislación internacional serían de “lesa humanidad” pero para el derecho argentino serían “privación de la libertad y tormentos”, encontrándose subsumidos al delito de homicidio y por lo tanto estando prescripta la acción legal. “Calificarlos como delitos de lesa humanidad no constituye más que una violación al principio de legalidad” e intentar imponer este criterio con fuerza de ley es un error porque “la Corte no crea derecho, sino que lo aplica” adujo Peralta.

Emiliano Ortiz

Luego resaltó que “el carácter aberrante de los hechos no es justificación para la excepción” de considerar imprescriptibles delitos que no lo son y que la tardía incorporación en el derecho interno de nuestro país de estas figuras, debe encontrar como responsable al Estado pero “no hacer pagar penalmente por hechos previos” a individuos particulares porque ello significaría “alejarse del derecho constitucional”.

Alegó que la calificación de delito de Lesa Humanidad, al igual que de Genocidio, no pueden considerarse por ser extemporales y que no pueden ser aplicables retroactivamente sin afectar las garantías de los imputados, violar derechos constitucionales y más aún sin caer en una sanción ilógica. Por negar de que esta causa trata de delitos de lesa humanidad, la defensa oficial adelantó que solicitará la absolución de todos sus defendidos.

Por otro lado, Peralta pidió la nulidad de testimonios incluidos por lectura de personas fallecidas o con problemas de salud, entre ellos los casos de María Cristina Bottinelli o Carlos Kristensen, argumentando que no se respetaron las formalidades, violando de esa manera las garantías mínimas del proceso, resultando imposible controlar la prueba y por consiguiente violando el derecho de la defensa.

Además y en el mismo sentido resaltó que, considerar como pilar fundamental de este proceso los testimonios de las víctimas, resulta un daño a la verdad misma, porque se han observado los hechos “desde un solo prisma” como una verdad cejada y colectiva, y desde lugares que no hacen a la cuestión penal. “No es la dictadura ni el dolor de las víctimas sino determinar si los imputados cometieron los delitos que se les atribuyen” determinó, para agregar que “el acusado no puede ser símbolo, sino estaremos en presencia de un chivo expiatorio”.

Solicitó que al momento de decidir la situación de sus defendidos, el tribunal no pierda de vista cuales son las “reglas que deben regir el proceso” y que se haga estricta aplicación de la ley, debido a que la búsqueda de la verdad no puede lograrse “a cualquier precio”. Adelantó lugo, que pedirá la absolución para todos sus defendidos.

Pedido de absolución

Antes de terminar la jornada, la defensa oficial pidió la absolución del agente civil del Destacamento de Inteligencia 162 Serapio del Carmen Barros, y del coronel retirado del Ejército, Jorge Osvaldo Gaetani.

Cecilia Maletti

En el caso de Barros, Peralta argumentó que la base de la acusación se dio por el testimonio del Miguel Suñer, testigo que debió tratarse como imputado y por consiguiente resultaría procesalmente inadmisible, debido a la existencia de un “interés directo del co-imputado de declarar en contra de la verdad por interés propio, deslindando la responsabilidad en los otros acusados”. Tal inclusión constituye, según Peralta, una “manipulación indigna” de la verdad que afecta el “derecho a la defensa y viola las garantías mínimas” del defendido.

Por otro lado, tomando como referencia que el testimonio del mencionado testigo no fue utilizado como elemento de prueba en el primer tramo del juicio en el 2008, el defensor argumentó que la inexistencia de las normas que permitieran considerar los delitos bajo la figura del genocidio o de lesa humanidad, y siendo imposible demostrar el delito de asociación ilícita, “no queda más que la absolución”.

Emiliano Ortiz

Para Gaetani, Peralta pidió también la absolución y sostuvo que las querellas no habían podido determinar inequívocamente los motivos de la acusación, explicando que la misma estaba centrada en la detención de Virginia Recchia.

En tal caso alegó que el imputado, no desconoció que haya procedido a la privación de la libertad de Recchia, sino “relativizó su ilegalidad” considerando que “creía estar llevando a cabo una orden legítima de un superior” y prueba de ello es que registró la misma en los libros oficiales, “carece de lógica que alguien que conoce que está cometiendo un delito deje constancia del mismo” manifestó Peralta. Agregó que en este caso habría que aplicarse el principio de la obediencia debida, contenido en el Código Penal, considerándose que en ese momento “el no cumplimiento de la orden implicaba un castigo”.

Asimismo explicó que las querellas no responsabilizaron a Gaetani por la detención de Recchia, sino por el delito de tormento, que según el abogado constituirían “una liviandad en el tratamiento del caso individual” porque la parte acusatoria no pudo determinar el nexo entre la detención y el conocimiento expreso del acusado, de que el destino sería el centro de detención “La Escuelita” con el fin de infringirle tormentos a la víctima.

Según Peralta, no se puede alegar “dolo como nexo de conocimiento”, bajo el argumento de que el acusado “debía saber o no podía desconocer” lo que ocurría, por tal motivo, dijo, corresponde la absolución.

En ambos casos, tanto de Gaetani como de Barros, el defensor oficial pidió subsidiariamente penas mínimas por los atenuantes expuestos.

Emiliano Ortiz

 

 

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Por la absolución de Olea

En una continuidad de la estrategia de las defensas, Gerardo Ibañez, representante particular del por entonces jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 Enrique Braulio Olea, pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) de Neuquén la nulidad del debate, y por ende la absolución de su asistido, quien ya fuera condenado en el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en la ciudad de Neuquén en 2008. Subsidiariamente, consideró que está extinta la acción penal, que el juicio se realizó fuera del plazo razonable, y que debe entenderse como “cosa juzgada” en general, y particularmente en los casos de José Luis Albanesi, Carlos Eli De Filippis y Raúl Radonich.

Matias Subat

 

Cuestionó, al igual que lo han hecho otros defensores, la composición del TOF en tanto su presidente Orlando Coscia, y el vocal Eugenio Krom, integraron el cuerpo que dictó sentencia contra Olea. Aseguró que “solo un comportamiento contradictorio” explicaría un cambio de criterio.

“Estos juicios se han dilatado no por acción de las defensas, sino que se han dilatado por un errático comportamiento del Estado nacional que ha tenido diversas posturas, por un lado perseguir estos delitos, después amnistiarlos, después por medio de sus órganos jurisdiccionales declararlos constitucionales, después los derogó, después los anuló”, opinó el abogado.

Matias Subat

Rechazó la acusación de la querella del Ceprodh que requirió que se condene al militar retirado por genocidio porque, dijo, no está tipificado en el Código Penal. Sobre este punto afirmó que las víctimas no cumplen con la premisa de ser un grupo nacional, étnico, racial, ni religioso. Desacreditó también la imputación que en su alegato hizo la querella de la Apdh contra Olea como autor mediato del homicidio agravado por alevosía de Albanesi por violar el principio de congruencia. Acerca de este caso refirió que la Corte Suprema se expidió en la década del ochenta, cuando llegó la causa originada bajo el Código de Justicia Militar, descartando la existencia del delito reprochado.

 

Oscar Livera marzo de 2012

El jefe del Batallón 181 en 1.976, Enrique Braulio Olea. Detrás, el comisario rionegrino Miguel Angel Quiñones (de corbata); el militar de Inteligencia Enrique Charles Casagrande y el Civil de Inteligencia, Serapio Barros (de brazos cruzados).

Señaló que Olea recibió la orden desde el Comando de Brigada de refaccionar y acondicionar el lugar en el que funcionó el centro clandestino de tortura “La Escuelita”, lindante al Batallón. “Lejos está de constituir una participación dolosa para una finalidad criminal”, destacó. Sostuvo que su cliente nunca supo que el sitio iba a ser destinado para alojar detenidos, y que si lo hubiera sabido “no tenía Olea porqué sospechar de que eso pudiera constituir un delito. La autoridad militar tenía facultades para detener personas”. Agregó: “¿Qué posibilidades tenia de revisar esa orden?”.

Asimismo confirmó la provisión de alimentos a las “tropas agregadas”, pero negó que existiese personal militar encargado de la guardia externa del centro. 

Refutó la creación de una subárea en la ciudad de Cipolletti, cuya cabecera era la comisaría cuarta comandada por el teniente coronel Gustavo Vitón, y expresó que el personal a cargo de Olea, luego de consumado el golpe de Estado, lo que hizo fue “garantizar el normal funcionamiento de las instituciones y el normal desarrollo de los aspectos básicos para la convivencia natural”.

Matias Subat

Sobre la solicitud por parte de las querellas de que las condenas se cumplan en cárcel común, concluyó que debe quedar exenta de este debate, ya que dijo es materia de ejecución penal, y “no están legitimados a hacer petición alguna”.

 

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

fotos: Matías Subat/

“El falso victimario no puede ir preso”

El cierre de la segunda jornada de alegatos de las defensas fue para el defensor Rodolfo Ponce de León,  quien alegó por el oficial retirado de la policía de Río Negro, Oscar Ignacio Del Magro, acusado de privación ilegal de la libertad con violencia y torturas físicas y síquicas en perjuicio de Raúl Sotto. Pidió la absolución.

Cecilia Maletti

Ponce de León afirmó: “Negamos los hechos, mi defendido no los cometió, no conocía a Sotto y estaba alejado de supuestas detenciones por razones políticas”.

En la introducción el defensor efectuó un recorrido por la historia del país e interpretó que “nos hemos llevado la legalidad por delante en más de una oportunidad”. Justificó esa afirmación, por ejemplo, con las desobediencias de próceres como Belgrano y San Martín en la búsqueda de la liberación de los pueblos americanos.

Consideró que “la ruptura de la legalidad nunca es neutra y que va en función de intereses. Hoy el pueblo eligió la legalidad, por eso estos juicios son de todos, aunque hay algunos que los confunden con linchamientos camuflados”.

Matías Subat

Adhirió al pedido de nulidad que efectuaron otros defensores a los alegatos del Ceprodh, APDH y el ministerio público. Señaló que muchos de los acusados no tendrían que estar en esta instancia, en una crítica a la instrucción de la justicia federal.

 

Luego expresó que “hay víctimas que simulan serlo y establecer quién es víctima es fundamental para la legalidad de este juicio. El falso victimario no puede ir preso”. Para Ponce de León, los testigos que sindican a la comisaría Cuarta de Cipolletti como un centro de detención y torturas, relatan “hechos que nunca sucedieron”. Para Ponce de León es el caso de Sotto, Oscar Contreras y los hermanos Juan Domingo y Manuel Pailos, que “son las nuevas víctimas que aparecieron 24 años después”, en referencia al tiempo que tardaron en relatar lo que les sucedió.

 

Aludió al informe de la Comisión de Derechos Humanos, que se formó en Río Negro en los primeros años después de la dictadura, que “no ubica a esa comisaría” como un centro de detención ilegal.

Cecilia Maletti

En su alegato se dedicó a desacreditar los testimonios de los apuntados y, fundamentalmente, de Sotto (que acusó en forma directa a su defendido porque lo identificó como quien interrogaba a las trompadas en Cipolletti), quien de acuerdo al defensor cayó en muchas contradicciones en sus tres declaraciones. Manifestó que “Sotto no dice que Del Magro lo detiene” y que los que lo hicieron llevaban uniforme, mientras que está probado que “mi defendido no usaba uniforme” porque actuaba con ropa civil y tenía el pelo largo.

Cecilia Maletti

Según Ponce de León “todos los testigos desmintieron las afirmaciones de Sotto”. Afirmó que las verdaderas víctimas que relataron su historia en este juicio, entraron con aplausos y se fueron despedidos con aplausos. En el caso de Sotto, “hubo aplausos al ingreso y silencio en el final”, concluyó el defensor.

 

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“La base probatoria es un absurdo”

Los representantes legales de Francisco Luis Oviedo, suboficial del Destacamento de Inteligencia Militar 182, pidieron la absolución de su defendido porque “no cometió los hechos por los que se le acusa” y, como consecuencia, la nulidad de las acusaciones.

Cecilia Maletti

Los fundamentos fueron expuestos por el abogado Hernán Elizondo, quien sostuvo que “no está probada la participación de Oviedo” en la privación ilegítima de la libertad, desaparición y torturas, que sufrieron Orlando Cancio, Javier Seminario Ramos, Miguel Ángel Pincheira y Pedro Daniel Maidana.

En sus primeras palabras, Elizondo se quejó del desdoblamiento de la causa –en referencia al primer tramo del juicio, en 2008-, lo que produce la “revictimización de los testigos” y que su defendido sea juzgado “dos veces por esta situación”. También cuestionó la conformación del Tribunal, ya que Orlando Coscia y Eugenio Krom fallaron en la primera parte y la prueba de cargo es la misma, dijo.

En los hechos, Oviedo retiró de la Unidad 9 de Neuquén a Maidana y Pincheira el 9 de agosto de 1976 y a Seminario y Cancio, el 10 de ese mismo mes. Maidana declaró como denunciante en este juicio, en tanto  los otros tres se encuentran todavía en condición de desaparecidos.

Cecilia Maletti

Para Elizondo “la base probatoria es un absurdo” porque Oviedo “cumplió con una orden escrita, a la luz del día y trasladó a personas, en ese momento legalmente detenidas  y al cuidado del Servicio Penitenciario Federal”. Como “no está probada la participación, sostener la acusación es una negación del derecho, es una visión sesgada apoyada en simples conjeturas, con prueba escasa y conclusiones arbitrarias”, aseguró.

Dijo, además, que su representado “no era un IPG (interrogador de prisioneros de guerra), no estaba dentro de la comunidad informativa, ni integraba un grupo de tareas”. La defensa ratificó que “cumplió una orden escrita como consta en la causa, que por lo tanto no era ilegal”. También consideró que “no son órdenes aberrantes, ni atroces” y que no está probado que ese día “los detenidos fueran a parar a La Escuelita”.

Cecilia Maletti 23 octu

Para apoyar estas afirmaciones, Elizondo se basó en la declaración de Maidana, quien en su relato “lo aparta a Oviedo” porque manifiesta que “lo sacan de noche” y que cuando llega al lugar “Cancio, Seminario y Pincheira, ya estaban ahí”. Según el defensor se trataría, por lo tanto, al menos de momentos distintos. Las órdenes de traslado que firmó Oviedo fueron de día y en su declaración el acusado expresó que dejó a los detenidos en el comando de Brigada y no en “La Escuelita”.

En su alegato, Elizondo habló de que lo ocurrido aquellos años se trató de “una guerra no convencional” y que estaba declarado un estado de sitio. Por eso solicitó en primer término la absolución, ya que “no cometió los hechos por lo que se lo acusa” y, como subsidiario, por el beneficio de la duda.

Cecilia Maletti

En otra parte se refirió a las querellas y el ministerio público, calificando de “absurdo” el pedido de prisión perpetua y de “violatoria del principio de proporcionalidad” a la solicitud de 21 años de prisión. Sostuvo que los argumentos son infundados y arbitrarios. Además, si hubiera condena, dio argumentos para que se mantenga la prisión domiciliaria de sus defendidos.

Cecilia Maletti

Finalmente, la co-defensora María Cecilia Oviedo señaló que su padre todavía no sabe “de qué está acusado”.

 

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Corigliano apuntó desde el tribunal hasta las víctimas. Exige anulación del juicio.

Durante las dos primeras jornadas consecutivas de alegatos, los defensores Hernán Corigliano y Paola Rubianes solicitaron la anulación del juicio, cuestionaron la legalidad del proceso, la legitimidad del reclamo, cuestionaron desde el  tribunal hasta las víctimas, y no dudaron en asegurar que en este juicio “el poder judicial es el medio para que el gobierno logre sus propios intereses, que son económicos. Se convalida la ilegalidad”, plantearon.

 

Matias Subat

Corigliano embistió duramente contra la conformación y el desempeño del Tribunal Oral Federal de Neuquén durante las audiencias. También acusó el accionar de los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue y el Centro de Atención a la Víctima, que colaboran con el desarrollo del juicio.

Corigliano alegó por los imputados Ricardo Luera -comandante de la Sexta Brigada en 1976-, Hilarión Sosa -médico militar- y Gustavo Vitón -interventor de la comisaría de Cipolletti-; mientras que Rubianes lo hizo por los oficiales de inteligencia Jorge Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín.

Cecilia Maletti

 

Empezó indicando que el principio de legalidad no puede ser afectado y sostuvo que fue vulnerado desde 2.003, cuando “el Estado de Derecho es  un estado de desecho”, porque se anularon las leyes 23.492 (de Punto Final) que cesó la persecusión penal a las Fuerzas Armadas involucradas “en el combate al terrorismo” y la ley 23.521 (Obediencia Debida), que cesó la continuidad de los procesos contra los suboficiales; en tanto se dio por tierra con “la pacificación entre facciones armadas enfrentadas, entre delincuentes terroristas y las Fuerzas Armadas”, dijo en referencia a los indultos de l expresidente Carlos Menem.

Emiliano Ortiz

“Intenté abstraerme de lo político pero no pude” dijo Corigliano para acusar al gobierno de Néstor Kirchner de haberse aliado con los sectores peronistas “que atendaron contra el gobierno en los 70” para despegarse de Duhalde, y que a partir de allí estos aliados consiguieron “los beneficios del poder y de la corrupción del poder”, tras lo cual se reabrieron los juicios contra los militares, se derribó la “infranqueable barrera de la prescripción” bajo la denominación de lesa humanidad y así se consumó la “venganza contra los enemigos del pasado”.

Emiliano Ortiz

Oscar Reinhold presenció los primeros meses del juicio por videoteleconferencia, desde Buenos Aires.

Consideró que los integrantes del Tribunal Eugenio Krom y Orlando Coscia están “fuera de la ley” y les endilgó haber condenado a sus defendidos (en el primer juicio) “sin prueba alguna”. Comparando este juicio con el realizado en 2008, dijo que “la única diferencia fue que las víctimas fueron distintas pero lo demás, fue inmutable”.

También culpó al presidente del Tribunal de “limitar las preguntas y el ejercicio de la defensa en juicio”, le reprochó  “preguntas capciosas” y “limitó el tiempo de interrogatorio, con un `vamos cerrando´”. Atribuyó el accionar del Tribunal a que “ya tiene un criterio” adoptado.

Corigliano le reprochó a los vocales que “no cumplen con la ley” y calificó a algunos testigos de “inhábiles e irregulares que deberían haber sido imputados”. Fustigó a las querellas porque  “no precisaron qué, cuándo, dónde y cómo” sus defendidos cometieron los delitos de los que fueron imputados. También se preguntó: “¿De qué se van a defender si no saben de qué se los acusó?”.

Durante la audiencia se informó que Sosa  fue atendido de urgencia en el hospital Castro Rendón y permanecerá en reposo en su domicilio. Personal de la U9 deberá controlar su estado de salud.

“No hay garantía de imparcialidad para mis defendidos, los jueces son funcionales al poder político de turno, son parciales, ya juzgaron y condenarán nuevamente”, insistió Corigliano en tanto apuntó hacia la dirigente de la Asociación por los Derechos Humanos de Neuquén,  Noemí Labrune, de quien dijo que “fijó las directivas de este proceso desde el libro Buscados, integró la comisión en 1984, manejó la asistencia de testigos, el trabajo de los alumnos, tuvo participación en la instrucción con interacción en el juzgado, intromisión en la fiscalía de Beute, habló ante al Cámara Nacional de Casación y en el Juzgado; y no es letrado ni víctima en este proceso”, se quejó Corigliano.

Matias Subat

Desde el sector del público, Labrune no dio crédito al señalamiento de Corigliano

 

 

“Fue una Guerra Civil Revolucionaria”

Matias Subat

Luego de los planteos de nulidad, Corigliano realizó un análisis del contexto político. “Supuestamente sucedieron los hechos imputados resultando la determinación de dicho contexto, fundamental para la calificación de los mismos como delitos de Lesa Humanidad”.

Sostuvo que en las décadas de los ´60 y ´70 el accionar delictivo de organizaciones armadas, “inspirados por finalidades  políticas, adquirió proporciones excepcionales”.  Afirmó que en esa época nuestro país, “enfrentó una Guerra Civil Revolucionaria”, y sustentó sus dichos en el fallo de la denominada “causa 13” , en referencia al juicio que se llevó a cabo durante el gobierno de Raúl Alfonsín cuando fueron condenadas las juntas militares que dieron el golpe.

Se refirió al testigo de concepto, quien brindó declaraciones en este juicio, Eduardo Anguita a quien calificó como “el más claro y honesto Ex integrante de la Agrupación Montonero (pese a que Anguita era del Erp)  y actual periodista”

Corigliano solicitó al tribunal la proyección de un video y  mostró el trabajo “Argentina en Guerra. Justicia y Concordia”, de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.

Sostuvo que el 24 marzo del ´76, en la lucha de la Guerra contra revolucionaria “se autorizó a las Fuerzas Armadas a practicar la detención de personas y juzgar los delitos subversivos en todo el territorio provincial”.

Agregó que a lo largo de este juicio, “se   presentaron diferentes testigos que reconocieron su militancia” y sostuvo que como “integraron Ejércitos”,  no podían ser encuadrados como víctimas de delitos de lesa humanidad, ya que “no fueron víctimas de un ataque a la población civil” .

 

Solicitud de Absolución a los cinco imputados

Ante el pedido de anulación del juicio los defensores solicitaron la absolución “libre de culpa y cargo” de todos los acusados en este proceso; mientras que “subsidiariamente” si este planteo no prosperaban, sostuvieron que sus defendidos debían ser absueltos por falta de pruebas.

Abordó la situación de  Hilarión Sosa, Gustavo Vitón y Luera. Lo mismo hizo a continución Rubianes con sus defendidos San Martín y Molina Ezcurra.

Cecilia Maletti

Del médico militar dijo que “no existe prueba directa de la participación de un acto médico concreto en el Centro de Detención La Escuelita“. Y recurrió a las declaraciones de Héctor Espinoza, médico del Batallón de Ingenieros 181, quien al declarar sostuvo que, “Sosa al estar en la Brigada solo coordinaba el trabajo”.

Sobre el Caso Albanessi, sostuvo que todos los médicos que firmaron el acta de autopsia reconocieron su firma. “Si la firmaron es porque la realizaron aunque no la recuerden”, sostuvo.  Citó los dichos de Scuteri, al referirse a De la Pas Sosa “su presencia fue solo visual” para concluír que “no hay ningún elemento de prueba que vincule a Sosa” con la muerte de Albanessi.

Puntualizando en el caso de  las mordidas de perros que habría recibido Albanessi, sostuvo que de los más de 30 o 40 víctimas que declararon en este juicio y en el anterior que “supuestamente pasaron por la Escuelita, todos refieren a ruido ambiente, aviones, pero ninguna a perros”.

En el caso de Ricardo Luera, aseguró que no ejerció el cargo de Jefe de Brigada de Montaña, y desde el Ejército se informó que no tenía ese cargo. Y por esto, Corigliano sostuvo que “por no haber ejercido el cargo que se le indica, solicita su Absolución”

Sobre los hechos imputados a Gustavo Vitón, se refirió al caso de Norberto Blanco y Silvia Barco de Blanco, y marcó las contradicciones de fechas, ya que Silvia Barco había dicho en un principio de su declaración que había sido secuestrada el 24 de mayo y luego dio otra fecha. Se había afirmado que el único responsable era Quiñones y que luego se dijo que era Vitón.

Corigliano aclaró que se refería puntualmente a los casos de Pailos, Sotto y Contreras ya que considera que en sus declaraciones “no hubo olvidos de detalles sino que estamos ante abiertas falsedades”. Calificando a los testimonios de Sotto, Contreras y Pailos “de mendaces”.

Oscar Livera marzo de 2012

Además se refirió a contradicciones referidas al caso Kristensen, ya que consideró que hubo contradicciones y suposiciones con respecto a la presencia de un médico. Se refirió a la declaración de Pedro Justo Rodríguez, en la que nunca mencionó a Novero, pero que éste declaró que lo había visto llegar al lugar de detención con el brazo quebrado.

Puntualizando en el caso de Raúl Sotto, sostuvo que tuvo imprecisiones en sus dichos, ya que “no pudo decir el tiempo ni la causa. Son suposiciones, sin certezas”. En cuanto a contradicciones en las declaraciones Pailos, argumentó Corigliano, que “en sus dichos nada coincide. No son olvidos, meros detalles o sólo fechas, ya que no puede olvidarse de cosas como la tortura.”

Refiriéndose a la Comisaría Cuarta de Cipolletti, argumentó que  Vitón había llegado a  la Comisaría ya que “producido el golpe, no en la zona, sino en todo el país, en todas las unidades de combate”.

“Fue movilizado a Cipolletti con no más de 10 efectivos por lo que  pudiera suceder en los centros urbanos, pero seguía con sus tareas de verificación de obras”, dijo en tanto aclaró que nunca interrogó alguna persona.

Ante el pedido de la Secretaría de DD.HH de la nación, de APDH y de CEPRODH, quienes en sus alegatos pidieron que se condene a los imputados a cárcel común, sostuvo “que las querellas carecen de legitimidad para esas cuestiones”, y agregó que “la posible imposición de nuevas condenas no es motivo para revocar esa prisión domiciliaria, ya que a toda persona mayor de 70 años le corresponde que cumpla prisión en su domicilio”.

 “No hay pruebas”

En el final del alegato, la codefensora Paola Rubianes sostuvo que Molina Ezcurra y San Martín debían ser absueltos por “orfandad de pruebas” durante todo el juicio.  Aseguró que habían sido incriminados “por su pertenencia al departamento de Inteligencia 182”, dijo que las acusaciones se basaron en “interpretaciones erróneas” de los reglamentos militares  e insistió en que “no hubo ni una sola prueba de cargo”.

Cecilia Maletti

El alegato abundó en las diferencias de las declaraciones de los testigos – victimas, sus familiares y la falta de precisiones respecto a algunos episodios, cuestionó. Acusó a los denunciantes de hacer uso de “memoria selectiva”  para contar los hechos, y criticó que muchos de las acusaciones se basaron en “testigos de oidas” , en testimonios que “no tenían consistencia” en cuanto a cómo, cuándo y dónde se produjeron los delitos y en una instrucción irregular.

Insistió en que el Tribunal no les permitió presentar los testigos de prueba que rebatirían las acusaciones que plantearon “una novela” sobre cómo funcionaba el destacamento de Inteligencia 182 en 1976  e insistió en la falta de pruebas de la participación de Molina Ezcurra y de San Martín en los secuestros, torturas y en el mecanismo de “selección del blanco”, com se les endilgó.

 

“Todo lo aquí expuesto habla de olvidos, en realidad faltan a la verdad, hay contradicciones múltiples que no son justificables con el paso el tiempo; son endebles los dichos para saber cómo sucedieron los hechos y qué participación tuvieron en ellos mis defendidos. Ninguna. Son inocentes”, finalizó

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

fotos: Cecilia Maletti/ Matías Subat / Oscar Livera

 

Defensores alegan hasta el viernes

Las defensas de los militares, civiles y comisarios rionegrinos alegarán hasta el viernes inclusive.

Por un cambio en el cronograma que se habia anunciado, hoy arrancó el defensor de los militares Gustavo Vitón ,José Ricardo Luera, el médico militar Hilarión Sosa y los oficiales de inteligencia del Ejército Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín. La defensa está compuesta por los abogados Hernán Patricio Corigliano y Paola Rubianes, que finalizarán el alegato mañana martes por la mañana.

Matías Subat

Por la tarde, alegarán en favor del comisario rionegrino Oscar Del Magro el abogado Rodolfo Ponce de León, y del militar de inteligencia Francisco Julio Oviedo, Hernán Elizondo y María Cecilia Oviedo.

Para el miércoles fue previsto el alegato del defensor Gerardo Ibañez, en tanto la Defensa Oficial, que tiene la representación de 14 imputados, hará su alegato el jueves y viernes inclusive.

 

 

Sindicato  de Prensa de Neuquén

fotos: Matías Subat

 

 

Finalizaron los alegatos de la acusación

Hoy finalizaron alegatos de la parte acusadora. El 22 de octubre se renuevan los alegatos, pero de los defensores.

Aqui (audio) el fiscal Marcelo Grosso.  Rueda de prensa con Grosso al finalizar acusación

Emiliano Ortiz

“Se pudo llegar a estas instancias por quienes pudieron testimonios de las víctimas y sus familiares”, “hasta esos limites llegó la represión, de clasificar a las víctimas según su condición social, les dicen que no merecen tener justicia”, “la cárcel común es la regla”.

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Duras penas y una clara descripción de los roles de las fuerzas de la represión

El fiscal Marcelo Grosso pidió condenas por 24 años a diez de los 22 acusados de este juicio, además de solicitar que a siete de ellos se les imponga la asocición ilícita como autores o partícipes necesarios del plan criminal, como lo estipuló la condena en 2.008 para siete jefes militares que también están acusados en este tramo de la causa.

Oscar Livera mayo 2012

Fueron condenados por integrar la “banda criminal” dedicada a secuestros, torturas y desaparición de personas en el juicio anterior los jefes militares Oscar Lorenzo Reinhold (jefe de inteligencia del Comando), Enrique Braulio Olea (jefe del Batallón 181), Hilarión Sosa (jefe de Sanidad), Mario Alberto Gómez Arenas (jefe  del destacamento de Inteligencia 182) y Luis Alberto Farías Barrera (Jefe de Personal del Comando).

Al término de este juicio, Grosso le pidió al tribunal que la asociación ilícita se extendiera a los segundos jefes del departamento de Inteligencia Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín y a los imputados con jerarquía de mando dentro del plan criminal que antes no habían sido juzgados: el comandante militar de la Sexta Brigada en 1.976,

José Ricardo Luera, el teniente coronel que fue interventor de la policía neuquina, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, el nombrado jefe de la comisaría de Cipolletti, el militar Gustavo Vitón; los integrantes del destacamento de inteligencia militar Enrique Charles Casagrande, Máximo Ubaldo Maldonado, el comisario de Cipolletti Antonio Alberto Camarelli y el civil de inteligencia,  Raúl A. Guglielminetti.

Cecilia Maletti

A sala llena, el fiscal pidió para los acusados 24 años de prisión en su mayoría, penas de 20 y 15 años para los militares que estaba acusados sólo por algunos casos, y de diez años de prisión para los comisarios rionegrinos y suboficiales de inteligencia por su actuación en los secuestros y torturas que se ventilaron en las audiencias y sólo cinco años para el policía Enerio Huircaín (explicó que esto debido a que no fue elevado a juicio por torturas, sino sólo por secuestro) y para el comisario de Cinco Saltos, Desiderio Penchulef.

Matias Subat

Grosso sostuvo que a raíz de los testimonios y de la documentación que consta en la causa, es “innegable” la participación de las fuerza policiales provinciales en el plan criminal que se puso en marcha a partir del 24 de marzo.

Dedicó más de una hora a detallar y explicar porqué las policías provinciales de Cipolletti, de Neuquén y la federal fueron parte del “engranaje” de secuestros, tortura y muerte, con especial énfasis al protagonismo de las comisarías de Cipolletti, de Cutral Co, y la delegación de la policía Federal, antes de que las desapariciones tuvieran lugar en el centro clandestino “La Escuelita”.

Consideró como agravante de la acusación “las conductas de todos los aquí imputados, la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño que está dado, no sólo por las secuelas psíquicas y físicas que perduraron en las víctimas que en casi todos los casos aún perduran, más allá del tiempo transcurrido, sino también las secuelas que, como daño colateral, dejaron en los familiares de las propias víctimas”.

Sostuvo que otro de los agravantes es la calidad de los motivos que los determinaron a delinquir, dado que “no lo fue la miseria o la necesidad de ganarse el sustento propio y el de los suyos, sino la adhesión voluntaria y a sabiendas, a un plan siniestro”.

 

Asociación Ilícita y plan criminal

A José Ricardo Luera, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, Gustavo Vitón, Enrique Charles Casagrande, Máximo Ubaldo Maldonado, Antonio Alberto Camarelli y Raúl A. Guglielminetti los consideró partícipes del plan sistemático, criminal y clandestino entre 1975 y 1983.

Cecilia Maletti

Explicó que el Plan del Ejército y las directivas secretas para el desarrollo del plan criminal, se conocieron con posterioridad al Juicio a las Juntas o “Causa 13”, pero que establecían lo que el enjuiciamiento de 1983 establecieron como metodología del plan criminal consistente en la persecución de personas por motivos políticos, bajo detenciones ilegales, su cautiverio clandestino en condiciones inhumanas, su interrogación bajo la aplicación de tormentos y, en muchos casos, su eliminación física.

El puso especial énfasis como en el daño ocasionado a 36 años de ocurridos los hechos, y no sólo a las terribles secuelas físicas y psicológicas padecidas por las víctimas y sus familiares sino de sobremanera “la extensión del daño que constituye la terrible, tortuosa y no deseada a nadie incertidumbre en que siguen inmersos los familiares de las víctimas cuyo paradero aún se desconoce: los desaparecidos.”, y recordó a Feliciana Alcapán, que “todavía sigue esperando a sus hijos.”

 

Penas

 

Solicitó al Tribunal que se condene a los imputados a inhabilitación absoluta y perpetua  y a las siguientes penas:

Cecilia Maletti

24 años de prisión para el comisario rionegrino Antonio Alberto Camarelli, el civil de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti, el médico militar Hilarión de la Pas Sosa, el teniente coronel Osvaldo Antonio Laurella Crippa, el coronel Jorge Molina Ezcurra, el general de Brigada Enrique Olea, el comisario rionegrino Miguel Ángel Quiñones, el coronel Oscar Lorenzo Reinhold y los tenients coronels Sergio Adolfo San Martín y Gustavo Vitón.

20 años de prisión pidió para el coronel José Ricardo Luera.

15 años de prisión para el subodicial principal Enrique Charles Casagrande y el gendarme Emilio Jorge Sachitella.

10 años de prisión para los comisario rionegrino Julio Héctor Villalobo e Ignacio del Magro, el coronel Jorge Osvaldo Gaetani, y los suboficiales de inteligencia Máximo Ubaldo Maldonado y julio Oviedo.

8 años de prisión para Saturnino Martínez y Serapio del Carmen Barros, y 5 años para Desiderio Penchulef y Enerio Huircain.

 

“Me enorgullezco de eso, con todos mis involuntarios errores y mis limitaciones”.

 

En la parte final del alegato Grosso realizó una comparación del tiempo transcurrido para el juzgamiento actual con la persecusión que se describe en la obra de Víctor Hugo, “Los miserables”, del inspector de policía que dedicó muchísimos años de su vida buscando encarcelar a Jean Valjean, quien se había escapado de la cárcel. Recordó que cuando finalmente logra detenerlo, se da cuenta del error que había cometido en desperdiciar tantos años en perseguir a un hombre que se había convertido en un hombre de bien. Le dijo a Valjean que durante toda su vida no había hecho otra cosa que cumplir con la ley, y viendo lo miserable que había terminado siendo su vida, decide liberar a Valjean y suicidarse en su presencia.

El fiscal dijo que había dedicado toda mi vida a cumplir con la ley “pero, en mi caso, no voy a pedir la liberación de los detenidos aquí imputados, ni tampoco voy a suicidarme y menos ante el Tribunal. Ninguno de los aquí imputados es Jean Valjean, ni yo me siento el miserable inspector”.

“Y aunque algunos se rían –en clara referencia a la sonrisa que esbozó Raúl Guglielminetti- voy a decir simplemente que no me siento miserable por haberme ajustado a los términos de la ley, y de haberme apartado de ella solamente cuando advertí que su aplicación a un caso concreto era injusta, por más Fiscal que sea. Al contrario, me enorgullezco de eso, con todos mis involuntarios errores y mis limitaciones”, sostuvo Grosso.

Recordó las palabras de Luis Genga, cuando testimonió en el juicio y dijo que no quería venganza, sino justicia. También citó a Feliciana Alcapán quien en su declaración dijo: “ahora que me llamaron a declarar, tengo más esperanzas de que mis hijos aparezcan”.

Cecilia Maletti

“Esta frase sencilla, habla de la magnitud, trascendencia e importancia, que una mujer también sencilla como doña Feliciana, le otorga y le reconoce a la Justicia”, consideró el fiscal, quien se mostró conforme por estar convencido “que he cumplido con la ley”. “Confío en que resuelva lo que resuelva el Tribunal, será justicia” finalizó.

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“No queda otro camino que hacer justicia”

En representación de cinco de las víctimas involucradas en este tramo del juicio, Marcelo Medrano, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, concluyó su alegato recordando a María Cristina Bottinelli, quien murió en el año 2009 en el exilio, debido a las graves secuelas que le dejó la tortura en “La Escuelita”.

Matías Subat

La querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación

Haciendo un repaso de los testimonios de cada uno de sus representados, Medrano recordó al tribunal y a la audiencia, los tormentos sufridos por las víctimas del terrorismo de Estado, identificando a cada uno de los autores y partícipes necesarios en la consecución del plan, por la función que cumplían en ese momento los imputados, como también por la individualización de los mismos hecha por las víctimas o demás testigos, que con sus declaraciones probaron sobrada e inequívocamente lo sucedido en las unidades de detención ilegales.

Bajo esos supuestos, el querellante explicó que las declaraciones testimoniales, resultaron de valor trascendental ya que no solo hubo una “inequívoca convicción en los relatos”, sino que en el análisis conjunto de todos ellos no se evidenciaron contradicciones significativas, y que durante 36 años sobrevivientes y sus familiares se encontraron entre “la necesidad de olvidar y el deber de recordar”. Además destacó, en relación a alguna incongruencia que “ninguna reconstrucción de los hechos, resultaría posible si hiciera falta una perfecta concordancia entre los hechos y la reconstrucción de las deposiciones”, más vale “un franco desacuerdo que una coincidencia engañosa” aclaró.

Las condenas pedidas para los imputados involucrados en la detención ilegal y tormentos sufridos por Pedro Justo Rodríguez, María Cristina Bottinelli, Luis Alberto Genga, Roberto Aurelio Liberatori y Jorge Mario Berstein, fueron desde 6 años en el caso de Desiderio Penchulef, hasta 20 para Enrique Braulio Olea y Oscar Lorenzo Reinhold. En todos los casos por ser delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio, por los cuales además pidió cumplimiento efectivo en cárcel común y sin beneficios.

“Fue un plan de exterminio”

Medrano comenzó su alegato con una puntillosa descripción del contexto histórico y social en que se produjeron los crímenes de la Escuelita. Indicó que, a partir de 1976, la desaparición forzada de personas se convirtió en “una política de estado” orientada a la aniquilación de los subversivos, categoría que reunía “a cualquiera que alentara el descontento con el gobierno de facto”.

Recordó las palabras del presidente de facto Jorge Rafael Videla de que “había que eliminar a un conjunto grande de personas” y afirmó que el gobierno dictatorial adoptó “el crimen como forma de resolución de conflictos políticos”.

Sostuvo que se implantó un “plan de extermino”, con una organización clandestina y territorial, cuyos partícipes fueron  “beneficiarios de la impunidad hasta ahora”. Remarcó que pasaron más de tres décadas desde aquella época y, para los acusados de este juicio, “las implicancias de lo que se juzga comienzan en 2008”, por la investigación en etapas, a partir de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “Haber realizado todo en un solo juicio hubiese sido lo ideal, pero de imposible cumplimiento”, consideró.

Subrayó también que no existe una sentencia ya firmada en estos juicios y que tal afirmación sólo busca desacreditar la búsqueda de la verdad, como un intento de evitar la condena al margen de la posibilidad de defensa que asiste a los acusados.

Afirmó que el plan de aniquilación incluyó la “militarización completa de las fuerzas policiales”, que en la zona se tradujo en el funcionamiento de las comisarías de Cipolletti, Cinco Saltos, Cutral Co y Neuquén como sitios de captación y aplicación de tormentos.

La tortura, indicó, se usaba en las primeras horas del secuestro con el fin de obtener datos sobre el funcionamiento de cada organización tildada de subversiva. “Se asignó a los detenidos el carácter de fuente de información”, señaló.

Respecto de la Escuelita, enfatizó que “no queda duda sobre su existencia” por los numerosos testimonios que lo confirman y pidió al tribunal que repute esa prueba “como hecho notorio”, es decir, como verdad conocida públicamente por gran parte de la sociedad.

Medrano puso el acento de esta primera parte de su alegato en la vinculación de los delitos juzgados con “una trama inserta en un plan sistemático y clandestino”, que abarcó a todo el país y contó con la participación de todas las fuerzas de seguridad, militares y policiales.

Por otro lado, subrayó la ausencia en la persecución de intereses particulares, “no podría sostenerse que los declarantes tuvieran un plan macabro con la sola intención de perjudicar los imputados, y que la misma idea tuvieran los miles de denunciantes que se atrevieron a presentarse ante la justicia de cada punto del país, acordando los más mínimos detalles, y los modos y padecimientos” sufridos durante su cautiverio.

Matias Subat

Para cerrar su alegato, Medrano refirió a que se asistió a uno de los objetivos planteados: “la construcción de la memoria colectiva por más de 200 testigos elaborando la historia y el presente”, que traerán justicia “a los que están y a los que faltan”, reiterando lo dicho por Luis Genga “yo no quiero vengarme de nadie… quiero que se haga justicia y que se mantenga viva la memoria sabiendo que estos hechos sucedieron… para que esto nunca más vuelva a suceder”.

Recordó para finalizar, que Bottinelli fue detenida, “desaparecida y llevada a la Escuelita de Neuquén donde fue destrozada por la tortura”, más tarde se exilió en México, donde murió en el 2009 sin poder volver al país y reencontrarse con su familia. “Es por ella y por todos los que nos antecedieron y por los que han muerto esperando justicia” que estamos convencidos, como precisamente escribió María Cristina Bottinelli, “que la impunidad es también delito de Lesa Humanidad, no queda otro camino que el de hacer justicia”.

Pedido de Penas y delitos que se imputan

JOSÉ RICARDO LUERA por estar al mando y por la jerarquía ostentada, “lo ponen en el vértice del plan ilegal del ejército, inobjetable entonces que sus acciones deban ser condenadas”. El pedido de pena es de 15 años “como autor de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y su duración por más de un mes en el caso de Pedro Justo Rodríguez”. Por el delito de asociación ilícita.

OSCAR LORENZO REINHOLD: Por situarse en la cúspide de las acciones de Inteligencia, estando en la plana mayor de la sub-zona, “sus acciones estuvieron vinculadas intrínsecamente con la recolección y análisis de información, individualización de grupos y personas consideradas blancos, detención, averiguación, todas esas acciones ejecutadas en marcos de violencia”. Por su cargo y función es un insoslayable actor y fue identificado por varios de los testigos, dando prueba de intervención directa en todos los casos juzgados. Pedido de pena de 20 años, como autor de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia en los casos de Liberatore, Genga, Bottinelli y Berstein y como autor de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes de Pedro Justo Rodríguez, como autor en la aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravado por ser las víctimas perseguidos políticos de Rodríguez, Liberatore, Genga, Bottinelli y Berstein.

JORGE EDUARDO MOLINA EZCURRA y SERGIO ADOLFO SAN MARTÍN, por las acciones necesarias del sector de inteligencia y por identificación de testigos que los sitúan “en terreno de campo o material”, como además en la “impartición de órdenes ilegales se los considera responsables y deben responder entonces por “la colaboración necesaria sin la cual no podrían haber sido cometidos los ilícitos en cuestión”, con una pena de 15 años. Como partícipes necesarios de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia en los casos de Liberatori, Genga, Bottinelli y Berstein. Como partícipes necesarios de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes de Pedro Justo Rodríguez, como partícipes necesarios en la aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravado por ser las víctimas perseguidos políticos de Rodríguez, Liberatore, Genga, Bottinelli y Berstein.

ENRIQUE CHARLES CASAGRANDE y MÁXIMO UBALDO MALDONADO ambos prestaban funciones “bajo la especialidad de interrogadores y su integración de comisiones en el denominado ‘Operativo Independencia’” dando cuenta de sus responsabilidades directas de intervención y por “su situación funcional en área sensible y primordial”, siendo también integrantes de la asociación ilegal que ejecutó el plan sistemático. Con un pedido de pena de 10 años por el delito de asociación ilícita.

HILARIÓN DE LA PAZ SOSA por su intervención e injerencia “efectuó aportes indispensables en la consecución de los hechos, por la intervención médica directa”, y en el caso de Albanesi, rubricando “documentos de autopsia” y brindando atención médica en La Escuelita, “a solo efecto de hacer posible continuar con la tortura”. Aportes indispensables más que elocuentes para solicitar una pena de 15 años. Como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia en los casos de Liberatore, Genga, Bottinelli y Berstein. Como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes de Pedro Justo Rodríguez, como partícipe necesario en la aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravado por ser las víctimas perseguidos políticos de Rodríguez, Liberatore, Genga, Bottinelli y Berstein.

ENRIQUE BRAULIO OLEA por “sus aportes necesarios y fundamentales en las privaciones ilegítimas de la libertad y torturas”. Porque cumplía una altísima función jerárquica y prueba de su responsabilidad es que el centro de detención clandestino La Escuelita se encontraba en las inmediaciones de Batallón a su cargo. Sus subordinados tuvieron participación directa y responsable en los hechos. Pedido de condena de 20 años. Como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia en los casos de Liberatore, Genga, Bottinelli y Berstein. Como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes de Pedro Justo Rodríguez, como partícipe necesario en la aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravado por ser las víctimas perseguidos políticos de Rodríguez, Liberatore, Genga, Bottinelli y Berstein.

GUSTAVO VITON, por su colaboración indispensable en el accionar en la comisaría 24 de Cipolletti, que “se vio reflejada en varios de los casos en los que se hicieran referencia. Pedro Justo Rodríguez lo identificó palmariamente”. Situaciones que lo ubican en la asociación criminal que ejecutó el plan criminal. Pidiendo una pena de 15 años, como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes y como partícipe necesario en la aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravado por ser la víctima perseguido político en el caso de Rodríguez. Por el delito de asociación ilícita.

RAÚL ANTONIO GUGLIELMINETTI “la importancia del área de inteligencia, así como las heterogéneas actividades funcionales virtuales del mismo, se encuentran sustentadas en innumerables testimonios, ubicándolo en tareas de información, como también en el traslado y aplicación directa de torturas” en los distintos centros de detención, convirtiéndolo en partícipe necesario de la asociación criminal. Pedido de condena de 15 años, como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes y como partícipe necesario en la aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravado por ser la víctima perseguido político en el caso de Rodríguez. Por el delito de asociación ilícita.

ANTONIO ALBERTO CAMARELLI. Su colaboración indispensable en todos los hechos cometidos en la unidad a su cargo tornan su conducta inexcusable”. Además todos los operativos que se dieron en esa zona, estaban vinculados a la unidad 24 y Rodríguez, Liberatori, Genga y Bottinelli estuvieron secuestrados en esa comisaría, lo que lo ponen en el marco de la asociación ilícita. A pesar de la estrategia de la defensa que presenta su acusación como una conspiración, o cuestionan el desempeño del juez instructor, “no lo alejan de los hechos materiales en razón de su función y ejecución”. La querella solicita 13 años. Como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia en el caso de Liberatore. Como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes de Pedro Justo Rodríguez, como partícipe necesario en la aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravado por ser la víctima perseguido político de Liberatore. Por el delito de asociación ilícita.

MIGUEL ÁNGEL QUIÑONES, sus aportes indispensables en relación al área de inteligencia lo vinculan directamente con todos los sucesos ocurridos en Cipolletti y fue reconocido por varias de las víctimas, Silvia Barco de Blanco, lo ubica como jefe del operativo de su secuestro y Liberatore como autor de los golpes a su persona. Por todo lo expuesto, la pena solicitada es de 10 años, como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes de Pedro Justo Rodríguez.

DESIDERIO PENCHULEF. Era Comisario principal de la comisaria de Cinco Saltos, en esa área fueron secuestrados Rodríguez y Liberatori y este último fue interrogado previamente en su presencia. Su conducta es inexcusable por la función que ostentaba. Por ello el pedido de condena es de 6 años. Como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes de Pedro Justo Rodríguez y como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia en el caso de Liberatore.

 

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Genga: “Pruebas irrefutables”

“Tenemos que estar contentos de poder estar testimoniando”. Con esas palabras, Luis Genga, uno de los querellantes patrocinados por la Secretaría de Derechos Humanos, sintetizó su alegría por haber podido concretar este segundo tramo del juicio en la región y estar próximos a la sentencia.

“Lo vivo con mucha alegría, porque estábamos esperando que esto se terminara. Era necesario que, de una vez por todas, se hiciera justicia, más que nada por las generaciones futuras”, expresó.

“Creo que vamos bien encaminados porque las pruebas prácticamente son irrefutables. Aquí han comparecido una cantidad de compañeros que la vivieron, la pasaron malísimo y ninguno dejó de recordar a los otros compañeros, que los mataron y desaparecieron definitivamente”, ponderó.

Relató que ver a sus captores “frente a frente” no le provocó resentimientos ni ninguna emoción en particular. Agregó que, por el contrario, “los que tendrían que conmoverse son ellos, al verme a mí después de haberme torturado”.

 

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Hertzriken identificó a Casagrande como “Pedro”, el torturador de Ríos

La tercera jornada de alegatos de las querellas comenzó con la exposición de Marcelo Hertzriken Velasco, representante de Rubén Ríos. Con un discurso breve y sin demasiadas disquisiciones, el abogado manifestó su adhesión al planteo del Ceprodh de condenar a los imputados por genocidio y afirmó que había pruebas suficientes para identificar a Enrique Charles Casagrande, ex suboficial del Departamento de Inteligencia, como el secuestrador y torturador al que su representado conocía como “Pedro”.

Cecilia Maletti 2 octubre

Enrique Charles Casagrande, suboficial de inteligencia del Ejército

Mientras el querellante exponía sus argumentos, Casagrande dormitaba en el ala opuesta del salón, al igual que otros acusados. Hertzriken describió los padecimientos de su representado desde el secuestro en su domicilio hasta la actualidad y detalló las secuelas psíquicas y físicas que dejó la tortura sobre el ex delegado de Luz y Fuerza de General Roca. A su lado, Ríos seguía atento el relato.

El abogado remarcó que “no se pudo establecer el ingreso y egreso de la Unidad 9”, que su representado fue torturado en la Escuelita y concluyó que, “en el secuestro, es tan responsable quien mantiene al detenido en cautiverio, como quien lo traslada o quien atiende a los familiares”. Como cierre, señaló -con la vista fija en los imputados- que  “Rubén Ríos sigue en pie con sus mismas convicciones” y mantiene aún su actividad militante, ayudando como electricista en barrios de bajos recursos.

Al momento de pedir las penas, solicitó prisión perpetua por el delito de genocidio para siete de los imputados: Enrique Braulio Olea, Oscar Reinhold, Hilarión de la Paz Sosa, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Serapio del Carmen Barros y Enrique Charles Casagrande.

No obstante, agregó una solicitud de penas menores para el caso de que el Tribunal se ajustase a la acusación por “privación ilegítima de la libertad con empleo de violencia”. Indicó que, de darse esa variante, consideraba que le correspondían 15 años de prisión a todos los nombrados, salvo Casagrande, para quien pidió 25 años. Argumentó que se trata de las sanciones aplicables para el caso, según el principio de “la ley más benigna”.

Al culminar el alegato, Hertzriken explicó a los periodistas presentes que identificó a Casagrande como el torturador “Pedro” por el testimonio de su representado y del propio acusado. Indicó que consideraba al ex suboficial “como la persona que le infringió la mayoría de los tormentos a Ríos” por el viaje a Tucumán que le anunció el supuesto Pedro a la víctima días antes de su liberación, en setiembre de 1976. “Y de todas las personas que prestaban servicio en el Destacamento de Inteligencia, la única que fue al Operativo Independencia fue Casagrande”, afirmó.

Estimó que “puede ser que se haya denominado Pedro a varios interrogadores, pero el Pedro que le inflingió la mayoría de los tormentos a Ríos es éste que viajaba a Tucumán”.  Agregó que la identificación fue posible en gran medida por “el trabajo de (el ex juez de la causa, Guillermo) Labate y Silvina Domínguez, que escudriñaron legajo por legajo”. Continue reading

Ceprodh: “Este no es un juicio del pasado, sino del presente”

La querella del Ceprodh a cargo de las abogadas Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazábal pidieron severas penas: para doce de los imputados reclamaron prisión perpetua y para los diez restantes 30 años de cárcel.

 

Cecilia Maletti Segunda Jornada alegatos

Los alegatos fueron escuchados a sala llena

Arrancaron su alegato, que tuvo como eje distintivo el planteo de que a todos los acusados se les impute el delito de genocidio, con un fuerte cuestionamiento al sistema  de enjuiciamiento  y al gobierno nacional, porque a 4 años del primer juicio estas audiencias se realizan “sólo por 38 compañeros y están aquellos que no llegaron a presenciarlo y los que siguen desaparecidos”.

El Ceprodh no acusó por José Luis Cáceres, que forma parte de los casos,  policía de inteligencia detenido en 1975 como parte de una interna en la triple A, luego sacado a torturar en 1976 cuando estaba en funcionamiento el centro clandestino “La Escuelita”.

 

“El paso del tiempo es factor de impunidad, Carlos Kristensen y Jorge Jure fallecieron antes de que se trataran sus casos; están impunes integrantes de la policía de Neuquén y de la Federal. Varios de ellos fueron traídos al juicio como testigos y se ha revictimizado a los sobrevivientes a partir de que no se les permite contar su caso si no están en este juicio, como si fueran meros objetos de prueba y no sobrevivientes del horror. Es el caso de Dora Seguel, que fue traída como testigo de Pedro Maidana cuando ella misma fue secuestrada y víctima del mismo operativo en Cutral Co”, señaló Hormazábal.

 

Dijo que la prueba principal “siguen siendo los testimonios de los sobrevivientes” y que desde el Estado no se aportaron los “archivos de la dictadura”, ni se estableció el destino de Jorge Julio López, desaparecido durante los alegatos en el juicio a Miguel Etchecolatz.

“Si hubo un genocidio deben condenar por genocidio”, reclamaron las abogadas, al tiempo que resaltaron que la misma situación de “disciplinamiento a la clase obrera” que fue el espíritu del golpe de Estado de 1976, se mantenía en las causas abiertas contra los luchadores sociales en la actualidad.

Hormazábal sostuvo que las desapariciones y torturas cometidas contra la militancia a partir del golpe militar constituyeron un genocidio porque “las clases dominantes” buscaron imponer el sistema económico con la herramienta del “aniquilamiento” de los sectores organizados en ascenso, que “erosionaban este poder”.

Y por ello indicó que no iban a claudicar en su pedido a los jueces para que se condene por el delito de genocidio para que “la verdad histórica coincida con la verdad judicial”.

Técnicamente aseguró que estaba tipificado en el artículo 2 de la Convención Internacional de Prevención y Sanción contra la Tortura, con sus apartados a, b y c y consideró que correspondía el concurso de delitos a través del artículo 55.

Matias Subat

Ivana Dal Bianco resaltó las características generales del “plan genocida” y puntualizó que en la región se cumplió con el “circuito de centros clandestinos, tortura y aniquilamiento donde la mayoría eran trabajadores y estudiantes”. Añadió que “cada uno tenía su costado de activismo o. Si algo demostraron los sobrevivientes es que todos estaban orgullosos de pertenecer a una organización que buscaba cambiar el mundo y este plan de organización en ascenso” fue el enemigo “señalado por los represores”.

Comparó que al igual que a nivel nacional, “la Alianza Anticomunista Argentina -Triple A, cuya creación se le atribuye a José López Rega,  ex ministro de Bienestar Social de Isabel Martínez de Perón-, con su anclaje en la Universidad Nacional del Comahue bajo el rector Remus Tetu, y con los actores Raúl Guglielminetti y José Luis Cáceres, fue la antesala del genocidio también en la región.

Como parte del delito de genocidio se instrumentó la tortura “en la comisaría de Cipolletti y en la delegación Neuquén de la policía Federal, antes de que comenzara a funcionar en agosto La Escuelita”, describió.

Planteó que la “destrucción del grupo nacional” al que se secuestró, torturó y desapareció no sólo estaba cristalizada en las desapariciones de Celestino Aigo, Miguel Pincheria, Francisco Pichulmán, José Delineo Méndez y Javier Seminario, sino también en el traslado de niños como lo fue la apropiación del hijo de Graciela Romero y Raúl Metz -desaparecidos y secuestrados en Cutral Co-, en el padecimiento a los familiares a los que siguieron “torturando psicológicamente con el hasta hoy pacto de silencio”.

Para las querellantes los imputados repitieron en las indagatorias “la negación de los hechos como una técnica, porque los perpetradores niegan el genocidio”, señalaron en base a estudios del criminólogo inglés Stanley Cohen.

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Apdh: Perpetuas, 21 y 25 años para la mayoría

Inhabilitación absoluta y perpetua para cinco de los imputados, entre 21 y 25 años para otros 16 y seis años para el restante, fue el pedido de condenas que realizó la querella de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), en el primer día de alegatos en el segundo juicio contra 22 imputados acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén.

Emiliano Ortiz

Los abogados alegaron en una extensa jornada que se inicio por la mañana y termino al caer la tarde

Los abogados querellantes, María Monserrat Suárez Amieva y Juan Cruz Goñi, explicaron cómo operó el terrorismo de Estado en la región; de qué manera se articuló el circuito represivo que comprometió a las fuerzas armadas, de seguridad y penitenciarias; detallaron los hechos a partir del relato de las víctimas y sobrevivientes; plantearon la necesidad de profundizar en las responsabilidades civiles por pare de los funcionarios  judiciales, del personal médico y del empresariado; e hicieron los pedidos de pena.

Calificaron al llamado Proceso de Reorganización Nacional como “subversivo”, conducido por la dictadura “en salvaguarda del imperio del capitalismo, puesto en crisis profunda por las luchas populares”. Indicaron que la Doctrina de la Seguridad Nacional fue “enarbolada por el poder militar como base filosófico-política del  Proceso” y que la metodología fue un secreto “bien guardado por los altos mandos militares”, pero que en 1975 Jorge Rafael Videla ya había anticipado. “La muerte como método”, sintetizaron.

Se detuvieron en el rol de los medios de comunicación que recibieron instrucciones para no referirse a “episodios subversivos, hallazgos de cadáveres, secuestros, desapariciones” a menos que figuraran en partes oficiales. De esta manera se buscaba que el imaginario colectivo “legitimara la dictadura como garante de la seguridad”.

Describieron los elementos ejecutores del plan sistemático cuyo circuito implicó a la Policía Federal, las policías provinciales (Río Negro y Neuquén), el Servicio Penitenciario Federal, la Gendarmería Nacional, y el Ejército.

Manifestaron que la delegación de la Policía Federal fue un centro clandestino de detención y tortura reemplazado luego por “La Escuelita”, que funcionó en el predio del Batallón 181 de Neuquén desde principios de julio de 1976 hasta junio de 1978. Dijeron que los oficiales participaron en los operativos de las fuerzas conjuntas. Sobre las policías provinciales ratificaron que la comisaría 4 de Cipolletti funcionó como un centro de torturas al igual que la comisaría de Cutral Co. En el caso de los agentes neuquinos, enfatizaron en el papel destacado que tuvieron en el “operativo del Barrio Sapere” que antecedió al golpe de Estado.

En cuanto al servicio penitenciario, los querellantes apuntaron a que fue el “primer eslabón” en el itinerario de las víctimas que eran vendadas por el personal en el interior de las cárceles. Respecto de la gendarmería, precisaron que quedó evidenciada su intervención en los tormentos que sufrió Ernesto Joubert en las dependencias de Junín de los Andes. Finalmente sobre el Ejército sostuvieron que fue “el elemento neurálgico” y detallaron la función de la comunidad informativa integrada por cuadros de las fuerzas armadas y de seguridad que nutrían “los archivos secretos” con información utilizada para perpetrar las acciones del plan criminal.

 

En el marco del genocidio

En la segunda parte del extenso alegato de la APDH, se destacó que los hechos perpetrados fueron en el marco del genocidio cometido en nuestro país.

Matias Subat

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Imputados presentes

Matias Subat

El Tribunal Oral Federal de Neuquén resolvió que los imputados deberán asistir a la etapa de alegatos ya que “garantiza el pleno contradictorio y el ejercicio del derecho de defensa en juicio”.

Los defensores Hernán Elizondo, Hernán Corigliano, Eduardo Peralta y Rodolfo Ponce de León habían pedido que no concurriesen hasta el momento de las palabras finales.

Se opusieron a esta solicitud la abogada querellante del Ceprodh, Ivana Dal Bianco, quien subrayó que era hora de que el pueblo “les viera la cara”, y Goñi de Apdh que argumentó que el alegato completa la acusación. Adhirió también el abogado patrocinante de Rubén Ríos, Marcelo Velasco. El fiscal Marcelo Grosso opinó que la presencia de los imputados “garantiza aún más el contradictorio”.

Sindicato de Prensa de Neuquén
Fotos: Matías Subat

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