2015: ordenaron condenas ejemplares y dar marcha atrás con absoluciones

Tres años después de la sentencia por el segundo juicio, el 15 de marzo de 2015, la Cámara Nacional de Casación Penal consideró que el tribunal impuso “penas exiguas” para los delitos de lesa humanidad que se habían descripto durante el juicio en la denominada causa “Luera”.

Estableció que se había probado la existencia de torturas en la comisaría de Cipolletti y ordenó dar marcha atrás con varias de absoluciones:  por los delitos de tortura a las víctimas que atestiguaron haber padecido palizas y submarinos en la comisaría cipoleña y a los dos acusados que fueron absueltos aunque estuvieron en parte del periplo de secuestro violento y tormentos.

Fue unánime el voto de los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa en revocar la absolución del gendarme Emilio Sachitella por la denuncia de secuestro y tortura de Ernesto Joubert. También coincidieron en que se revocara la absolución del militar Jorge Gaetani como partícipe necesario del secuestro de Virginia Rita Recchia.

La cámara ordenó devolver el expediente al tribunal para que los jueces le fijaran la pena de los que ordenó condenar.

No se pronunciaron en contra de las absoluciones de los comisarios Desiderio Penchulef, Oscar Del Magro, Saturnino Martínez, Enerio Huircaín y Julio Villalobo, y estas absoluciones quedaron firmes. Por “el beneficio de la duda”, también confirmaron la absolución del civil de Inteligencia Serapio Barros.

Otra definición unánime fue que las penas debían ser ejemplares y acordes a los delitos de lesa humanidad que se habían juzgado y cuyos parámetros de padecimientos de las víctimas -modalidad clandestina y organizada- fueron “largamente detallados por el tribunal”, por lo que les ordenó volver a dictaminar para aumentar los años de condenas a los que encontró culpables de desapariciones, torturas, secuestros violentos y extendidos en el tiempo como parte de la persecución política ejercida por el terrorismo de Estado.
Ordenó penas mayores para Raúl Guglielminetti, Antonio Camarelli, Enrique Casagrande, Máximo Maldonado, Francisco Oviedo, Miguel Quiñones y Gustavo Vitón.

La definición de la sala IV de Casación penal abundó en argumentos jurídicos que las víctimas no mentían cuando relataron torturas y desarrolló porqué los elementos recabados en el juicio indicaron que la comisaría de Cipolletti fue un lugar donde se torturó.

En su voto el juez Hornos dijo que el hecho de que algunas de las víctimas secuestradas en Cipolletti no hubieran padecido sometimientos físicos en la comisaría no permitía establecer que otros que aseguraron haber sido torturados salvajemente hubieran faltado a la verdad.

Foto Oscar Livera

Sotto: testimonios sobre la tortura en Cipolletti.27abril 2012

“Las declaraciones pueden ser indicativas de una práctica, pero no pueden funcionar como elemento para desacreditar los testimonios de quienes las hubieron padecido”, dice la resolución y agrega que “las declaraciones de los que no padecieron torturas no pueden contrarrestar el valor de los dichos de aquellos que aseguraron haberlos padecido”. El fallo indica que “no se describieron acabadamente las contradicciones de los testigos sobre el particular y no se señaló cuál sería el disvalor del círculo cerrado (con declaraciones que decían lo mismo) de Sotto, Contreras, Novero, Pailos”.

Agrega que no fue probado el “interés espurio” en las víctimas que dijeron haber sido torturadas en la unidad policial cipoleña. Por estos y otros argumentos, propuso “revocar la absolución de Reinhold, Luera, Olea, Molina Ezcurra, San Martín, Camarelli, Vitón y Quiñones por el delito de tormentos” a los denunciantes Sotto, Novero y Contreras.

La legalidad del juicio y de lo que se juzgó

Los tres jueces dedicaron varias páginas del fallo para reafirmar con antecedentes y jurisprudencia específica -incluso con argumentos complementarios- que el proceso judicial que se llevó a cabo se hizo sin menoscabar el derecho de defensa de los acusados y con un tribunal debidamente habilitado.

Ante la insistencia de las defensas, que desplegaron diferentes argumentos y planteos para sostener que los hechos denunciados habían prescripto, los magistrados enrostraron con firmeza (jurisprudencia de la corte, pactos internacionales firmados por Argentina, acuerdos de jurisprudencia anteriores a la dictadura y elementos jurídicos, fallos y antecedentes del derecho internacional vigente que le atañen al país) que en el juicio se debatieron delitos de lesa humanidad y que son indudablemente imprescriptibles, por lo que las denuncias están en vigencia y pueden ser juzgadas a pesar del tiempo transcurrido.

 

Fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal. Marzo 2015

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

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