Por la absolución de Olea

En una continuidad de la estrategia de las defensas, Gerardo Ibañez, representante particular del por entonces jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 Enrique Braulio Olea, pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) de Neuquén la nulidad del debate, y por ende la absolución de su asistido, quien ya fuera condenado en el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en la ciudad de Neuquén en 2008. Subsidiariamente, consideró que está extinta la acción penal, que el juicio se realizó fuera del plazo razonable, y que debe entenderse como “cosa juzgada” en general, y particularmente en los casos de José Luis Albanesi, Carlos Eli De Filippis y Raúl Radonich.

Matias Subat

 

Cuestionó, al igual que lo han hecho otros defensores, la composición del TOF en tanto su presidente Orlando Coscia, y el vocal Eugenio Krom, integraron el cuerpo que dictó sentencia contra Olea. Aseguró que “solo un comportamiento contradictorio” explicaría un cambio de criterio.

“Estos juicios se han dilatado no por acción de las defensas, sino que se han dilatado por un errático comportamiento del Estado nacional que ha tenido diversas posturas, por un lado perseguir estos delitos, después amnistiarlos, después por medio de sus órganos jurisdiccionales declararlos constitucionales, después los derogó, después los anuló”, opinó el abogado.

Matias Subat

Rechazó la acusación de la querella del Ceprodh que requirió que se condene al militar retirado por genocidio porque, dijo, no está tipificado en el Código Penal. Sobre este punto afirmó que las víctimas no cumplen con la premisa de ser un grupo nacional, étnico, racial, ni religioso. Desacreditó también la imputación que en su alegato hizo la querella de la Apdh contra Olea como autor mediato del homicidio agravado por alevosía de Albanesi por violar el principio de congruencia. Acerca de este caso refirió que la Corte Suprema se expidió en la década del ochenta, cuando llegó la causa originada bajo el Código de Justicia Militar, descartando la existencia del delito reprochado.

 

Oscar Livera marzo de 2012

El jefe del Batallón 181 en 1.976, Enrique Braulio Olea. Detrás, el comisario rionegrino Miguel Angel Quiñones (de corbata); el militar de Inteligencia Enrique Charles Casagrande y el Civil de Inteligencia, Serapio Barros (de brazos cruzados).

Señaló que Olea recibió la orden desde el Comando de Brigada de refaccionar y acondicionar el lugar en el que funcionó el centro clandestino de tortura “La Escuelita”, lindante al Batallón. “Lejos está de constituir una participación dolosa para una finalidad criminal”, destacó. Sostuvo que su cliente nunca supo que el sitio iba a ser destinado para alojar detenidos, y que si lo hubiera sabido “no tenía Olea porqué sospechar de que eso pudiera constituir un delito. La autoridad militar tenía facultades para detener personas”. Agregó: “¿Qué posibilidades tenia de revisar esa orden?”.

Asimismo confirmó la provisión de alimentos a las “tropas agregadas”, pero negó que existiese personal militar encargado de la guardia externa del centro. 

Refutó la creación de una subárea en la ciudad de Cipolletti, cuya cabecera era la comisaría cuarta comandada por el teniente coronel Gustavo Vitón, y expresó que el personal a cargo de Olea, luego de consumado el golpe de Estado, lo que hizo fue “garantizar el normal funcionamiento de las instituciones y el normal desarrollo de los aspectos básicos para la convivencia natural”.

Matias Subat

Sobre la solicitud por parte de las querellas de que las condenas se cumplan en cárcel común, concluyó que debe quedar exenta de este debate, ya que dijo es materia de ejecución penal, y “no están legitimados a hacer petición alguna”.

 

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

fotos: Matías Subat/

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