“No queda otro camino que hacer justicia”

En representación de cinco de las víctimas involucradas en este tramo del juicio, Marcelo Medrano, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, concluyó su alegato recordando a María Cristina Bottinelli, quien murió en el año 2009 en el exilio, debido a las graves secuelas que le dejó la tortura en “La Escuelita”.

Matías Subat

La querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación

Haciendo un repaso de los testimonios de cada uno de sus representados, Medrano recordó al tribunal y a la audiencia, los tormentos sufridos por las víctimas del terrorismo de Estado, identificando a cada uno de los autores y partícipes necesarios en la consecución del plan, por la función que cumplían en ese momento los imputados, como también por la individualización de los mismos hecha por las víctimas o demás testigos, que con sus declaraciones probaron sobrada e inequívocamente lo sucedido en las unidades de detención ilegales.

Bajo esos supuestos, el querellante explicó que las declaraciones testimoniales, resultaron de valor trascendental ya que no solo hubo una “inequívoca convicción en los relatos”, sino que en el análisis conjunto de todos ellos no se evidenciaron contradicciones significativas, y que durante 36 años sobrevivientes y sus familiares se encontraron entre “la necesidad de olvidar y el deber de recordar”. Además destacó, en relación a alguna incongruencia que “ninguna reconstrucción de los hechos, resultaría posible si hiciera falta una perfecta concordancia entre los hechos y la reconstrucción de las deposiciones”, más vale “un franco desacuerdo que una coincidencia engañosa” aclaró.

Las condenas pedidas para los imputados involucrados en la detención ilegal y tormentos sufridos por Pedro Justo Rodríguez, María Cristina Bottinelli, Luis Alberto Genga, Roberto Aurelio Liberatori y Jorge Mario Berstein, fueron desde 6 años en el caso de Desiderio Penchulef, hasta 20 para Enrique Braulio Olea y Oscar Lorenzo Reinhold. En todos los casos por ser delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio, por los cuales además pidió cumplimiento efectivo en cárcel común y sin beneficios.

“Fue un plan de exterminio”

Medrano comenzó su alegato con una puntillosa descripción del contexto histórico y social en que se produjeron los crímenes de la Escuelita. Indicó que, a partir de 1976, la desaparición forzada de personas se convirtió en “una política de estado” orientada a la aniquilación de los subversivos, categoría que reunía “a cualquiera que alentara el descontento con el gobierno de facto”.

Recordó las palabras del presidente de facto Jorge Rafael Videla de que “había que eliminar a un conjunto grande de personas” y afirmó que el gobierno dictatorial adoptó “el crimen como forma de resolución de conflictos políticos”.

Sostuvo que se implantó un “plan de extermino”, con una organización clandestina y territorial, cuyos partícipes fueron  “beneficiarios de la impunidad hasta ahora”. Remarcó que pasaron más de tres décadas desde aquella época y, para los acusados de este juicio, “las implicancias de lo que se juzga comienzan en 2008”, por la investigación en etapas, a partir de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “Haber realizado todo en un solo juicio hubiese sido lo ideal, pero de imposible cumplimiento”, consideró.

Subrayó también que no existe una sentencia ya firmada en estos juicios y que tal afirmación sólo busca desacreditar la búsqueda de la verdad, como un intento de evitar la condena al margen de la posibilidad de defensa que asiste a los acusados.

Afirmó que el plan de aniquilación incluyó la “militarización completa de las fuerzas policiales”, que en la zona se tradujo en el funcionamiento de las comisarías de Cipolletti, Cinco Saltos, Cutral Co y Neuquén como sitios de captación y aplicación de tormentos.

La tortura, indicó, se usaba en las primeras horas del secuestro con el fin de obtener datos sobre el funcionamiento de cada organización tildada de subversiva. “Se asignó a los detenidos el carácter de fuente de información”, señaló.

Respecto de la Escuelita, enfatizó que “no queda duda sobre su existencia” por los numerosos testimonios que lo confirman y pidió al tribunal que repute esa prueba “como hecho notorio”, es decir, como verdad conocida públicamente por gran parte de la sociedad.

Medrano puso el acento de esta primera parte de su alegato en la vinculación de los delitos juzgados con “una trama inserta en un plan sistemático y clandestino”, que abarcó a todo el país y contó con la participación de todas las fuerzas de seguridad, militares y policiales.

Por otro lado, subrayó la ausencia en la persecución de intereses particulares, “no podría sostenerse que los declarantes tuvieran un plan macabro con la sola intención de perjudicar los imputados, y que la misma idea tuvieran los miles de denunciantes que se atrevieron a presentarse ante la justicia de cada punto del país, acordando los más mínimos detalles, y los modos y padecimientos” sufridos durante su cautiverio.

Matias Subat

Para cerrar su alegato, Medrano refirió a que se asistió a uno de los objetivos planteados: “la construcción de la memoria colectiva por más de 200 testigos elaborando la historia y el presente”, que traerán justicia “a los que están y a los que faltan”, reiterando lo dicho por Luis Genga “yo no quiero vengarme de nadie… quiero que se haga justicia y que se mantenga viva la memoria sabiendo que estos hechos sucedieron… para que esto nunca más vuelva a suceder”.

Recordó para finalizar, que Bottinelli fue detenida, “desaparecida y llevada a la Escuelita de Neuquén donde fue destrozada por la tortura”, más tarde se exilió en México, donde murió en el 2009 sin poder volver al país y reencontrarse con su familia. “Es por ella y por todos los que nos antecedieron y por los que han muerto esperando justicia” que estamos convencidos, como precisamente escribió María Cristina Bottinelli, “que la impunidad es también delito de Lesa Humanidad, no queda otro camino que el de hacer justicia”.

Pedido de Penas y delitos que se imputan

JOSÉ RICARDO LUERA por estar al mando y por la jerarquía ostentada, “lo ponen en el vértice del plan ilegal del ejército, inobjetable entonces que sus acciones deban ser condenadas”. El pedido de pena es de 15 años “como autor de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y su duración por más de un mes en el caso de Pedro Justo Rodríguez”. Por el delito de asociación ilícita.

OSCAR LORENZO REINHOLD: Por situarse en la cúspide de las acciones de Inteligencia, estando en la plana mayor de la sub-zona, “sus acciones estuvieron vinculadas intrínsecamente con la recolección y análisis de información, individualización de grupos y personas consideradas blancos, detención, averiguación, todas esas acciones ejecutadas en marcos de violencia”. Por su cargo y función es un insoslayable actor y fue identificado por varios de los testigos, dando prueba de intervención directa en todos los casos juzgados. Pedido de pena de 20 años, como autor de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia en los casos de Liberatore, Genga, Bottinelli y Berstein y como autor de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes de Pedro Justo Rodríguez, como autor en la aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravado por ser las víctimas perseguidos políticos de Rodríguez, Liberatore, Genga, Bottinelli y Berstein.

JORGE EDUARDO MOLINA EZCURRA y SERGIO ADOLFO SAN MARTÍN, por las acciones necesarias del sector de inteligencia y por identificación de testigos que los sitúan “en terreno de campo o material”, como además en la “impartición de órdenes ilegales se los considera responsables y deben responder entonces por “la colaboración necesaria sin la cual no podrían haber sido cometidos los ilícitos en cuestión”, con una pena de 15 años. Como partícipes necesarios de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia en los casos de Liberatori, Genga, Bottinelli y Berstein. Como partícipes necesarios de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes de Pedro Justo Rodríguez, como partícipes necesarios en la aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravado por ser las víctimas perseguidos políticos de Rodríguez, Liberatore, Genga, Bottinelli y Berstein.

ENRIQUE CHARLES CASAGRANDE y MÁXIMO UBALDO MALDONADO ambos prestaban funciones “bajo la especialidad de interrogadores y su integración de comisiones en el denominado ‘Operativo Independencia’” dando cuenta de sus responsabilidades directas de intervención y por “su situación funcional en área sensible y primordial”, siendo también integrantes de la asociación ilegal que ejecutó el plan sistemático. Con un pedido de pena de 10 años por el delito de asociación ilícita.

HILARIÓN DE LA PAZ SOSA por su intervención e injerencia “efectuó aportes indispensables en la consecución de los hechos, por la intervención médica directa”, y en el caso de Albanesi, rubricando “documentos de autopsia” y brindando atención médica en La Escuelita, “a solo efecto de hacer posible continuar con la tortura”. Aportes indispensables más que elocuentes para solicitar una pena de 15 años. Como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia en los casos de Liberatore, Genga, Bottinelli y Berstein. Como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes de Pedro Justo Rodríguez, como partícipe necesario en la aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravado por ser las víctimas perseguidos políticos de Rodríguez, Liberatore, Genga, Bottinelli y Berstein.

ENRIQUE BRAULIO OLEA por “sus aportes necesarios y fundamentales en las privaciones ilegítimas de la libertad y torturas”. Porque cumplía una altísima función jerárquica y prueba de su responsabilidad es que el centro de detención clandestino La Escuelita se encontraba en las inmediaciones de Batallón a su cargo. Sus subordinados tuvieron participación directa y responsable en los hechos. Pedido de condena de 20 años. Como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia en los casos de Liberatore, Genga, Bottinelli y Berstein. Como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes de Pedro Justo Rodríguez, como partícipe necesario en la aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravado por ser las víctimas perseguidos políticos de Rodríguez, Liberatore, Genga, Bottinelli y Berstein.

GUSTAVO VITON, por su colaboración indispensable en el accionar en la comisaría 24 de Cipolletti, que “se vio reflejada en varios de los casos en los que se hicieran referencia. Pedro Justo Rodríguez lo identificó palmariamente”. Situaciones que lo ubican en la asociación criminal que ejecutó el plan criminal. Pidiendo una pena de 15 años, como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes y como partícipe necesario en la aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravado por ser la víctima perseguido político en el caso de Rodríguez. Por el delito de asociación ilícita.

RAÚL ANTONIO GUGLIELMINETTI “la importancia del área de inteligencia, así como las heterogéneas actividades funcionales virtuales del mismo, se encuentran sustentadas en innumerables testimonios, ubicándolo en tareas de información, como también en el traslado y aplicación directa de torturas” en los distintos centros de detención, convirtiéndolo en partícipe necesario de la asociación criminal. Pedido de condena de 15 años, como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes y como partícipe necesario en la aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravado por ser la víctima perseguido político en el caso de Rodríguez. Por el delito de asociación ilícita.

ANTONIO ALBERTO CAMARELLI. Su colaboración indispensable en todos los hechos cometidos en la unidad a su cargo tornan su conducta inexcusable”. Además todos los operativos que se dieron en esa zona, estaban vinculados a la unidad 24 y Rodríguez, Liberatori, Genga y Bottinelli estuvieron secuestrados en esa comisaría, lo que lo ponen en el marco de la asociación ilícita. A pesar de la estrategia de la defensa que presenta su acusación como una conspiración, o cuestionan el desempeño del juez instructor, “no lo alejan de los hechos materiales en razón de su función y ejecución”. La querella solicita 13 años. Como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia en el caso de Liberatore. Como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes de Pedro Justo Rodríguez, como partícipe necesario en la aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravado por ser la víctima perseguido político de Liberatore. Por el delito de asociación ilícita.

MIGUEL ÁNGEL QUIÑONES, sus aportes indispensables en relación al área de inteligencia lo vinculan directamente con todos los sucesos ocurridos en Cipolletti y fue reconocido por varias de las víctimas, Silvia Barco de Blanco, lo ubica como jefe del operativo de su secuestro y Liberatore como autor de los golpes a su persona. Por todo lo expuesto, la pena solicitada es de 10 años, como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes de Pedro Justo Rodríguez.

DESIDERIO PENCHULEF. Era Comisario principal de la comisaria de Cinco Saltos, en esa área fueron secuestrados Rodríguez y Liberatori y este último fue interrogado previamente en su presencia. Su conducta es inexcusable por la función que ostentaba. Por ello el pedido de condena es de 6 años. Como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración por más de un mes de Pedro Justo Rodríguez y como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia en el caso de Liberatore.

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

Fotos: Matías Subat

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.