“La búsqueda de la verdad no puede ser a cualquier precio”

El abogado Eduardo Peralta abrió los alegatos cargo de la Defensa Oficial, que finalizarán el viernes cuando finalice la descripción de la situación de cada uno de los imputados que defiende el ministerio público, en total 14 acusados. Expuso los planteos generales y argumentó sobre las responsabilidades de ocho de los imputados vinculados al Ejército, Destacamento de Inteligencia y Gendarmería.

Matias Subat

En el inicio se refirió a la aplicación de la figura del Genocidio y de los delitos considerados de Lesa Humanidad, para sostener que su consideración implicaría una violación a los principios de legalidad y congruencia y también a las garantías y derechos fundamentales de sus defendidos.

Alegó que el Genocidio “excluye” de su definición la persecución y exterminio de personas o grupos por cuestiones políticas y que la postura de nuestro país siempre había rechazado esta posición porque “un gobierno constitucionalmente legítimo, en defensa de un acto de terrorismo, podría ser acusado de genocidio” y ello constituiría un “peligro para un Estado de Derecho”.

Por otra parte argumentó que en la Causa Reinhold (juicio de 2008 donde se condenó a ocho de los represores que son juzgados también en este tramo) se dio una resolución negativa sobre la cuestión de genocidio y que en esa oportunidad, no hubo por parte de las querellas posición en contrario. Tampoco fue integrada, “ni fáctica ni específicamente”, en instancias anteriores del proceso, por lo que de hacerse lugar a tal pedido se afectaría el derecho de defensa, sostuvo.

Criticó que “en el discurso de la verdad y sus consecuencias en los modos de construcción de la memoria colectiva” no puede en ningún caso lograrse “a costa de los derechos fundamentales de los acusados”, es decir que “aún cuando la denominación de Genocidio tenga suma importancia para la representación colectiva adecuada a los hechos sucedidos a partir de 1976, tal importancia no puede llevarlos a sobrepasar las formas substanciales del derecho penal”.

Respecto a la calificación de delitos de lesa humanidad, adelantó que contrariará incluso lo establecido -por mayoría- por la Corte Suprena de Justicia de la Nación, en tanto su presentación se centró en que el fallo utilizado como fuente para sostener tal pedido, basado en la costumbre internacional, incurre en vicios de derecho y que el concepto es “vago y mutable conforme a la necesidad de los Estados con suficiente poder como para lograr modificar la costumbre internacional”.

Además, argumentó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar la imprescriptibilidad de los delitos juzgados, utilizó una “calificación mixta” porque para la legislación internacional serían de “lesa humanidad” pero para el derecho argentino serían “privación de la libertad y tormentos”, encontrándose subsumidos al delito de homicidio y por lo tanto estando prescripta la acción legal. “Calificarlos como delitos de lesa humanidad no constituye más que una violación al principio de legalidad” e intentar imponer este criterio con fuerza de ley es un error porque “la Corte no crea derecho, sino que lo aplica” adujo Peralta.

Emiliano Ortiz

Luego resaltó que “el carácter aberrante de los hechos no es justificación para la excepción” de considerar imprescriptibles delitos que no lo son y que la tardía incorporación en el derecho interno de nuestro país de estas figuras, debe encontrar como responsable al Estado pero “no hacer pagar penalmente por hechos previos” a individuos particulares porque ello significaría “alejarse del derecho constitucional”.

Alegó que la calificación de delito de Lesa Humanidad, al igual que de Genocidio, no pueden considerarse por ser extemporales y que no pueden ser aplicables retroactivamente sin afectar las garantías de los imputados, violar derechos constitucionales y más aún sin caer en una sanción ilógica. Por negar de que esta causa trata de delitos de lesa humanidad, la defensa oficial adelantó que solicitará la absolución de todos sus defendidos.

Por otro lado, Peralta pidió la nulidad de testimonios incluidos por lectura de personas fallecidas o con problemas de salud, entre ellos los casos de María Cristina Bottinelli o Carlos Kristensen, argumentando que no se respetaron las formalidades, violando de esa manera las garantías mínimas del proceso, resultando imposible controlar la prueba y por consiguiente violando el derecho de la defensa.

Además y en el mismo sentido resaltó que, considerar como pilar fundamental de este proceso los testimonios de las víctimas, resulta un daño a la verdad misma, porque se han observado los hechos “desde un solo prisma” como una verdad cejada y colectiva, y desde lugares que no hacen a la cuestión penal. “No es la dictadura ni el dolor de las víctimas sino determinar si los imputados cometieron los delitos que se les atribuyen” determinó, para agregar que “el acusado no puede ser símbolo, sino estaremos en presencia de un chivo expiatorio”.

Solicitó que al momento de decidir la situación de sus defendidos, el tribunal no pierda de vista cuales son las “reglas que deben regir el proceso” y que se haga estricta aplicación de la ley, debido a que la búsqueda de la verdad no puede lograrse “a cualquier precio”. Adelantó lugo, que pedirá la absolución para todos sus defendidos.

Pedido de absolución

Antes de terminar la jornada, la defensa oficial pidió la absolución del agente civil del Destacamento de Inteligencia 162 Serapio del Carmen Barros, y del coronel retirado del Ejército, Jorge Osvaldo Gaetani.

Cecilia Maletti

En el caso de Barros, Peralta argumentó que la base de la acusación se dio por el testimonio del Miguel Suñer, testigo que debió tratarse como imputado y por consiguiente resultaría procesalmente inadmisible, debido a la existencia de un “interés directo del co-imputado de declarar en contra de la verdad por interés propio, deslindando la responsabilidad en los otros acusados”. Tal inclusión constituye, según Peralta, una “manipulación indigna” de la verdad que afecta el “derecho a la defensa y viola las garantías mínimas” del defendido.

Por otro lado, tomando como referencia que el testimonio del mencionado testigo no fue utilizado como elemento de prueba en el primer tramo del juicio en el 2008, el defensor argumentó que la inexistencia de las normas que permitieran considerar los delitos bajo la figura del genocidio o de lesa humanidad, y siendo imposible demostrar el delito de asociación ilícita, “no queda más que la absolución”.

Emiliano Ortiz

Para Gaetani, Peralta pidió también la absolución y sostuvo que las querellas no habían podido determinar inequívocamente los motivos de la acusación, explicando que la misma estaba centrada en la detención de Virginia Recchia.

En tal caso alegó que el imputado, no desconoció que haya procedido a la privación de la libertad de Recchia, sino “relativizó su ilegalidad” considerando que “creía estar llevando a cabo una orden legítima de un superior” y prueba de ello es que registró la misma en los libros oficiales, “carece de lógica que alguien que conoce que está cometiendo un delito deje constancia del mismo” manifestó Peralta. Agregó que en este caso habría que aplicarse el principio de la obediencia debida, contenido en el Código Penal, considerándose que en ese momento “el no cumplimiento de la orden implicaba un castigo”.

Asimismo explicó que las querellas no responsabilizaron a Gaetani por la detención de Recchia, sino por el delito de tormento, que según el abogado constituirían “una liviandad en el tratamiento del caso individual” porque la parte acusatoria no pudo determinar el nexo entre la detención y el conocimiento expreso del acusado, de que el destino sería el centro de detención “La Escuelita” con el fin de infringirle tormentos a la víctima.

Según Peralta, no se puede alegar “dolo como nexo de conocimiento”, bajo el argumento de que el acusado “debía saber o no podía desconocer” lo que ocurría, por tal motivo, dijo, corresponde la absolución.

En ambos casos, tanto de Gaetani como de Barros, el defensor oficial pidió subsidiariamente penas mínimas por los atenuantes expuestos.

Emiliano Ortiz

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

fotos: Matías Subat/ Emiliano Ortiz/Cecilia Maletti

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