Duras penas y una clara descripción de los roles de las fuerzas de la represión

El fiscal Marcelo Grosso pidió condenas por 24 años a diez de los 22 acusados de este juicio, además de solicitar que a siete de ellos se les imponga la asocición ilícita como autores o partícipes necesarios del plan criminal, como lo estipuló la condena en 2.008 para siete jefes militares que también están acusados en este tramo de la causa.

Oscar Livera mayo 2012

Fueron condenados por integrar la «banda criminal» dedicada a secuestros, torturas y desaparición de personas en el juicio anterior los jefes militares Oscar Lorenzo Reinhold (jefe de inteligencia del Comando), Enrique Braulio Olea (jefe del Batallón 181), Hilarión Sosa (jefe de Sanidad), Mario Alberto Gómez Arenas (jefe  del destacamento de Inteligencia 182) y Luis Alberto Farías Barrera (Jefe de Personal del Comando).

Al término de este juicio, Grosso le pidió al tribunal que la asociación ilícita se extendiera a los segundos jefes del departamento de Inteligencia Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín y a los imputados con jerarquía de mando dentro del plan criminal que antes no habían sido juzgados: el comandante militar de la Sexta Brigada en 1.976,

José Ricardo Luera, el teniente coronel que fue interventor de la policía neuquina, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, el nombrado jefe de la comisaría de Cipolletti, el militar Gustavo Vitón; los integrantes del destacamento de inteligencia militar Enrique Charles Casagrande, Máximo Ubaldo Maldonado, el comisario de Cipolletti Antonio Alberto Camarelli y el civil de inteligencia,  Raúl A. Guglielminetti.

Cecilia Maletti

A sala llena, el fiscal pidió para los acusados 24 años de prisión en su mayoría, penas de 20 y 15 años para los militares que estaba acusados sólo por algunos casos, y de diez años de prisión para los comisarios rionegrinos y suboficiales de inteligencia por su actuación en los secuestros y torturas que se ventilaron en las audiencias y sólo cinco años para el policía Enerio Huircaín (explicó que esto debido a que no fue elevado a juicio por torturas, sino sólo por secuestro) y para el comisario de Cinco Saltos, Desiderio Penchulef.

Matias Subat

Grosso sostuvo que a raíz de los testimonios y de la documentación que consta en la causa, es «innegable» la participación de las fuerza policiales provinciales en el plan criminal que se puso en marcha a partir del 24 de marzo.

Dedicó más de una hora a detallar y explicar porqué las policías provinciales de Cipolletti, de Neuquén y la federal fueron parte del «engranaje» de secuestros, tortura y muerte, con especial énfasis al protagonismo de las comisarías de Cipolletti, de Cutral Co, y la delegación de la policía Federal, antes de que las desapariciones tuvieran lugar en el centro clandestino «La Escuelita».

Consideró como agravante de la acusación «las conductas de todos los aquí imputados, la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño que está dado, no sólo por las secuelas psíquicas y físicas que perduraron en las víctimas que en casi todos los casos aún perduran, más allá del tiempo transcurrido, sino también las secuelas que, como daño colateral, dejaron en los familiares de las propias víctimas”.

Sostuvo que otro de los agravantes es la calidad de los motivos que los determinaron a delinquir, dado que “no lo fue la miseria o la necesidad de ganarse el sustento propio y el de los suyos, sino la adhesión voluntaria y a sabiendas, a un plan siniestro”.

 

Asociación Ilícita y plan criminal

A José Ricardo Luera, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, Gustavo Vitón, Enrique Charles Casagrande, Máximo Ubaldo Maldonado, Antonio Alberto Camarelli y Raúl A. Guglielminetti los consideró partícipes del plan sistemático, criminal y clandestino entre 1975 y 1983.

Cecilia Maletti

Explicó que el Plan del Ejército y las directivas secretas para el desarrollo del plan criminal, se conocieron con posterioridad al Juicio a las Juntas o «Causa 13», pero que establecían lo que el enjuiciamiento de 1983 establecieron como metodología del plan criminal consistente en la persecución de personas por motivos políticos, bajo detenciones ilegales, su cautiverio clandestino en condiciones inhumanas, su interrogación bajo la aplicación de tormentos y, en muchos casos, su eliminación física.

El puso especial énfasis como en el daño ocasionado a 36 años de ocurridos los hechos, y no sólo a las terribles secuelas físicas y psicológicas padecidas por las víctimas y sus familiares sino de sobremanera “la extensión del daño que constituye la terrible, tortuosa y no deseada a nadie incertidumbre en que siguen inmersos los familiares de las víctimas cuyo paradero aún se desconoce: los desaparecidos.”, y recordó a Feliciana Alcapán, que “todavía sigue esperando a sus hijos.”

 

Penas

 

Solicitó al Tribunal que se condene a los imputados a inhabilitación absoluta y perpetua  y a las siguientes penas:

Cecilia Maletti

24 años de prisión para el comisario rionegrino Antonio Alberto Camarelli, el civil de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti, el médico militar Hilarión de la Pas Sosa, el teniente coronel Osvaldo Antonio Laurella Crippa, el coronel Jorge Molina Ezcurra, el general de Brigada Enrique Olea, el comisario rionegrino Miguel Ángel Quiñones, el coronel Oscar Lorenzo Reinhold y los tenients coronels Sergio Adolfo San Martín y Gustavo Vitón.

20 años de prisión pidió para el coronel José Ricardo Luera.

15 años de prisión para el subodicial principal Enrique Charles Casagrande y el gendarme Emilio Jorge Sachitella.

10 años de prisión para los comisario rionegrino Julio Héctor Villalobo e Ignacio del Magro, el coronel Jorge Osvaldo Gaetani, y los suboficiales de inteligencia Máximo Ubaldo Maldonado y julio Oviedo.

8 años de prisión para Saturnino Martínez y Serapio del Carmen Barros, y 5 años para Desiderio Penchulef y Enerio Huircain.

 

“Me enorgullezco de eso, con todos mis involuntarios errores y mis limitaciones”.

 

En la parte final del alegato Grosso realizó una comparación del tiempo transcurrido para el juzgamiento actual con la persecusión que se describe en la obra de Víctor Hugo, “Los miserables”, del inspector de policía que dedicó muchísimos años de su vida buscando encarcelar a Jean Valjean, quien se había escapado de la cárcel. Recordó que cuando finalmente logra detenerlo, se da cuenta del error que había cometido en desperdiciar tantos años en perseguir a un hombre que se había convertido en un hombre de bien. Le dijo a Valjean que durante toda su vida no había hecho otra cosa que cumplir con la ley, y viendo lo miserable que había terminado siendo su vida, decide liberar a Valjean y suicidarse en su presencia.

El fiscal dijo que había dedicado toda mi vida a cumplir con la ley «pero, en mi caso, no voy a pedir la liberación de los detenidos aquí imputados, ni tampoco voy a suicidarme y menos ante el Tribunal. Ninguno de los aquí imputados es Jean Valjean, ni yo me siento el miserable inspector”.

“Y aunque algunos se rían –en clara referencia a la sonrisa que esbozó Raúl Guglielminetti- voy a decir simplemente que no me siento miserable por haberme ajustado a los términos de la ley, y de haberme apartado de ella solamente cuando advertí que su aplicación a un caso concreto era injusta, por más Fiscal que sea. Al contrario, me enorgullezco de eso, con todos mis involuntarios errores y mis limitaciones”, sostuvo Grosso.

Recordó las palabras de Luis Genga, cuando testimonió en el juicio y dijo que no quería venganza, sino justicia. También citó a Feliciana Alcapán quien en su declaración dijo: “ahora que me llamaron a declarar, tengo más esperanzas de que mis hijos aparezcan”.

Cecilia Maletti

“Esta frase sencilla, habla de la magnitud, trascendencia e importancia, que una mujer también sencilla como doña Feliciana, le otorga y le reconoce a la Justicia”, consideró el fiscal, quien se mostró conforme por estar convencido “que he cumplido con la ley”. “Confío en que resuelva lo que resuelva el Tribunal, será justicia» finalizó.

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

Fotos: Oscar Livera /Cecilia Maletti.

 

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