Corigliano apuntó desde el tribunal hasta las víctimas. Exige anulación del juicio.

Durante las dos primeras jornadas consecutivas de alegatos, los defensores Hernán Corigliano y Paola Rubianes solicitaron la anulación del juicio, cuestionaron la legalidad del proceso, la legitimidad del reclamo, cuestionaron desde el  tribunal hasta las víctimas, y no dudaron en asegurar que en este juicio «el poder judicial es el medio para que el gobierno logre sus propios intereses, que son económicos. Se convalida la ilegalidad», plantearon.

 

Matias Subat

Corigliano embistió duramente contra la conformación y el desempeño del Tribunal Oral Federal de Neuquén durante las audiencias. También acusó el accionar de los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue y el Centro de Atención a la Víctima, que colaboran con el desarrollo del juicio.

Corigliano alegó por los imputados Ricardo Luera -comandante de la Sexta Brigada en 1976-, Hilarión Sosa -médico militar- y Gustavo Vitón -interventor de la comisaría de Cipolletti-; mientras que Rubianes lo hizo por los oficiales de inteligencia Jorge Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín.

Cecilia Maletti

 

Empezó indicando que el principio de legalidad no puede ser afectado y sostuvo que fue vulnerado desde 2.003, cuando «el Estado de Derecho es  un estado de desecho», porque se anularon las leyes 23.492 (de Punto Final) que cesó la persecusión penal a las Fuerzas Armadas involucradas «en el combate al terrorismo» y la ley 23.521 (Obediencia Debida), que cesó la continuidad de los procesos contra los suboficiales; en tanto se dio por tierra con «la pacificación entre facciones armadas enfrentadas, entre delincuentes terroristas y las Fuerzas Armadas», dijo en referencia a los indultos de l expresidente Carlos Menem.

Emiliano Ortiz

“Intenté abstraerme de lo político pero no pude” dijo Corigliano para acusar al gobierno de Néstor Kirchner de haberse aliado con los sectores peronistas «que atendaron contra el gobierno en los 70» para despegarse de Duhalde, y que a partir de allí estos aliados consiguieron «los beneficios del poder y de la corrupción del poder», tras lo cual se reabrieron los juicios contra los militares, se derribó la “infranqueable barrera de la prescripción” bajo la denominación de lesa humanidad y así se consumó la “venganza contra los enemigos del pasado”.

Emiliano Ortiz

Oscar Reinhold presenció los primeros meses del juicio por videoteleconferencia, desde Buenos Aires.

Consideró que los integrantes del Tribunal Eugenio Krom y Orlando Coscia están “fuera de la ley” y les endilgó haber condenado a sus defendidos (en el primer juicio) “sin prueba alguna”. Comparando este juicio con el realizado en 2008, dijo que “la única diferencia fue que las víctimas fueron distintas pero lo demás, fue inmutable”.

También culpó al presidente del Tribunal de “limitar las preguntas y el ejercicio de la defensa en juicio”, le reprochó  “preguntas capciosas” y “limitó el tiempo de interrogatorio, con un `vamos cerrando´”. Atribuyó el accionar del Tribunal a que “ya tiene un criterio” adoptado.

Corigliano le reprochó a los vocales que “no cumplen con la ley” y calificó a algunos testigos de “inhábiles e irregulares que deberían haber sido imputados”. Fustigó a las querellas porque  “no precisaron qué, cuándo, dónde y cómo” sus defendidos cometieron los delitos de los que fueron imputados. También se preguntó: “¿De qué se van a defender si no saben de qué se los acusó?”.

Durante la audiencia se informó que Sosa  fue atendido de urgencia en el hospital Castro Rendón y permanecerá en reposo en su domicilio. Personal de la U9 deberá controlar su estado de salud.

«No hay garantía de imparcialidad para mis defendidos, los jueces son funcionales al poder político de turno, son parciales, ya juzgaron y condenarán nuevamente», insistió Corigliano en tanto apuntó hacia la dirigente de la Asociación por los Derechos Humanos de Neuquén,  Noemí Labrune, de quien dijo que «fijó las directivas de este proceso desde el libro Buscados, integró la comisión en 1984, manejó la asistencia de testigos, el trabajo de los alumnos, tuvo participación en la instrucción con interacción en el juzgado, intromisión en la fiscalía de Beute, habló ante al Cámara Nacional de Casación y en el Juzgado; y no es letrado ni víctima en este proceso», se quejó Corigliano.

Matias Subat

Desde el sector del público, Labrune no dio crédito al señalamiento de Corigliano

 

 

«Fue una Guerra Civil Revolucionaria”

Matias Subat

Luego de los planteos de nulidad, Corigliano realizó un análisis del contexto político. “Supuestamente sucedieron los hechos imputados resultando la determinación de dicho contexto, fundamental para la calificación de los mismos como delitos de Lesa Humanidad”.

Sostuvo que en las décadas de los ´60 y ´70 el accionar delictivo de organizaciones armadas, “inspirados por finalidades  políticas, adquirió proporciones excepcionales”.  Afirmó que en esa época nuestro país, “enfrentó una Guerra Civil Revolucionaria”, y sustentó sus dichos en el fallo de la denominada «causa 13» , en referencia al juicio que se llevó a cabo durante el gobierno de Raúl Alfonsín cuando fueron condenadas las juntas militares que dieron el golpe.

Se refirió al testigo de concepto, quien brindó declaraciones en este juicio, Eduardo Anguita a quien calificó como “el más claro y honesto Ex integrante de la Agrupación Montonero (pese a que Anguita era del Erp)  y actual periodista”

Corigliano solicitó al tribunal la proyección de un video y  mostró el trabajo “Argentina en Guerra. Justicia y Concordia”, de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.

Sostuvo que el 24 marzo del ´76, en la lucha de la Guerra contra revolucionaria “se autorizó a las Fuerzas Armadas a practicar la detención de personas y juzgar los delitos subversivos en todo el territorio provincial”.

Agregó que a lo largo de este juicio, “se   presentaron diferentes testigos que reconocieron su militancia” y sostuvo que como «integraron Ejércitos»,  no podían ser encuadrados como víctimas de delitos de lesa humanidad, ya que «no fueron víctimas de un ataque a la población civil» .

 

Solicitud de Absolución a los cinco imputados

Ante el pedido de anulación del juicio los defensores solicitaron la absolución «libre de culpa y cargo» de todos los acusados en este proceso; mientras que «subsidiariamente» si este planteo no prosperaban, sostuvieron que sus defendidos debían ser absueltos por falta de pruebas.

Abordó la situación de  Hilarión Sosa, Gustavo Vitón y Luera. Lo mismo hizo a continución Rubianes con sus defendidos San Martín y Molina Ezcurra.

Cecilia Maletti

Del médico militar dijo que “no existe prueba directa de la participación de un acto médico concreto en el Centro de Detención La Escuelita“. Y recurrió a las declaraciones de Héctor Espinoza, médico del Batallón de Ingenieros 181, quien al declarar sostuvo que, “Sosa al estar en la Brigada solo coordinaba el trabajo”.

Sobre el Caso Albanessi, sostuvo que todos los médicos que firmaron el acta de autopsia reconocieron su firma. “Si la firmaron es porque la realizaron aunque no la recuerden”, sostuvo.  Citó los dichos de Scuteri, al referirse a De la Pas Sosa “su presencia fue solo visual” para concluír que «no hay ningún elemento de prueba que vincule a Sosa» con la muerte de Albanessi.

Puntualizando en el caso de  las mordidas de perros que habría recibido Albanessi, sostuvo que de los más de 30 o 40 víctimas que declararon en este juicio y en el anterior que “supuestamente pasaron por la Escuelita, todos refieren a ruido ambiente, aviones, pero ninguna a perros”.

En el caso de Ricardo Luera, aseguró que no ejerció el cargo de Jefe de Brigada de Montaña, y desde el Ejército se informó que no tenía ese cargo. Y por esto, Corigliano sostuvo que “por no haber ejercido el cargo que se le indica, solicita su Absolución”

Sobre los hechos imputados a Gustavo Vitón, se refirió al caso de Norberto Blanco y Silvia Barco de Blanco, y marcó las contradicciones de fechas, ya que Silvia Barco había dicho en un principio de su declaración que había sido secuestrada el 24 de mayo y luego dio otra fecha. Se había afirmado que el único responsable era Quiñones y que luego se dijo que era Vitón.

Corigliano aclaró que se refería puntualmente a los casos de Pailos, Sotto y Contreras ya que considera que en sus declaraciones “no hubo olvidos de detalles sino que estamos ante abiertas falsedades”. Calificando a los testimonios de Sotto, Contreras y Pailos “de mendaces”.

Oscar Livera marzo de 2012

Además se refirió a contradicciones referidas al caso Kristensen, ya que consideró que hubo contradicciones y suposiciones con respecto a la presencia de un médico. Se refirió a la declaración de Pedro Justo Rodríguez, en la que nunca mencionó a Novero, pero que éste declaró que lo había visto llegar al lugar de detención con el brazo quebrado.

Puntualizando en el caso de Raúl Sotto, sostuvo que tuvo imprecisiones en sus dichos, ya que “no pudo decir el tiempo ni la causa. Son suposiciones, sin certezas”. En cuanto a contradicciones en las declaraciones Pailos, argumentó Corigliano, que “en sus dichos nada coincide. No son olvidos, meros detalles o sólo fechas, ya que no puede olvidarse de cosas como la tortura.”

Refiriéndose a la Comisaría Cuarta de Cipolletti, argumentó que  Vitón había llegado a  la Comisaría ya que “producido el golpe, no en la zona, sino en todo el país, en todas las unidades de combate”.

«Fue movilizado a Cipolletti con no más de 10 efectivos por lo que  pudiera suceder en los centros urbanos, pero seguía con sus tareas de verificación de obras», dijo en tanto aclaró que nunca interrogó alguna persona.

Ante el pedido de la Secretaría de DD.HH de la nación, de APDH y de CEPRODH, quienes en sus alegatos pidieron que se condene a los imputados a cárcel común, sostuvo “que las querellas carecen de legitimidad para esas cuestiones”, y agregó que “la posible imposición de nuevas condenas no es motivo para revocar esa prisión domiciliaria, ya que a toda persona mayor de 70 años le corresponde que cumpla prisión en su domicilio”.

 «No hay pruebas»

En el final del alegato, la codefensora Paola Rubianes sostuvo que Molina Ezcurra y San Martín debían ser absueltos por «orfandad de pruebas» durante todo el juicio.  Aseguró que habían sido incriminados «por su pertenencia al departamento de Inteligencia 182», dijo que las acusaciones se basaron en «interpretaciones erróneas» de los reglamentos militares  e insistió en que «no hubo ni una sola prueba de cargo».

Cecilia Maletti

El alegato abundó en las diferencias de las declaraciones de los testigos – victimas, sus familiares y la falta de precisiones respecto a algunos episodios, cuestionó. Acusó a los denunciantes de hacer uso de «memoria selectiva»  para contar los hechos, y criticó que muchos de las acusaciones se basaron en «testigos de oidas» , en testimonios que «no tenían consistencia» en cuanto a cómo, cuándo y dónde se produjeron los delitos y en una instrucción irregular.

Insistió en que el Tribunal no les permitió presentar los testigos de prueba que rebatirían las acusaciones que plantearon «una novela» sobre cómo funcionaba el destacamento de Inteligencia 182 en 1976  e insistió en la falta de pruebas de la participación de Molina Ezcurra y de San Martín en los secuestros, torturas y en el mecanismo de «selección del blanco», com se les endilgó.

 

«Todo lo aquí expuesto habla de olvidos, en realidad faltan a la verdad, hay contradicciones múltiples que no son justificables con el paso el tiempo; son endebles los dichos para saber cómo sucedieron los hechos y qué participación tuvieron en ellos mis defendidos. Ninguna. Son inocentes», finalizó

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

fotos: Cecilia Maletti/ Matías Subat / Oscar Livera

 

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