Quieren juzgamiento por homicidio

«Para vencer la impunidad», la querella de la APDH pidió que el Tribunal juzgue a los acusados Oscar Reinhold, Luis Farías Barrera y Mario Gómez Arenas por el homicidio de los desaparecidos José Méndez, Miguel Ángel Pincheira, Javier Seminario y Orlando Cancio.

Matias Subat 10 de mayo 2012

La querella de la APDH

Así lo expresó la abogada de la APDH, María Montserrat Suárez Amieva, al término de los testimonios del ex fiscal general Hugo Cañón y de la directora de Derechos Humanos de la secretaría de Defensa, Miriam Stella Segado, que fueron convocados para darle base argumental al pedido.

«Todos los testigos hablaron del dolor y la ausencia como así de la frustración que no sólo es parte del pasado sino también del presente; escuchamos de la espera de Octavio y de Rogelio Méndez como así también de la angustia de Magdalena Bamonde (madre de José Méndez, Octavio y Rogelio) ausente en el juicio y de su esperanza que quedó frustrada por los dichos de (Jorge Rafael) Videla -de que los desaparecidos están muertos- y de Juana Aranda que nos habló del dolor de la espera interminable, de Dora Seguel y de la burla permanente y la tortura psicológica en busca de respuestas ante un absoluto vacío. Cada respuesta era la nada. Lo construyó el terrorismo de Estado. Distintas experiencias consideran miles de desaparecidos que aparecieron muertos. Ninguno de los miles de casos registrados fue visto por sus familiares, y ninguno intentó comunicarse, ninguna diligencia judicial resultó. No hay novedades de José Delineo Méndez, la embajada de México dice que no tiene registro de él, Migraciones tampoco tiene registro de Cancio , Seminario, Pincheira o Méndez. La Secretaría Nacional Electoral o el Registro Nacional de las Personas tampoco, no hay señales de vida desde hace más de 20 años. Ningún imputado dio respuestas concretas de los desaparecidos. Más allá de estos 35 años transcurridos, nadie volvió. Hay pruebas concretas de que fueron privados de su libertad y sometidos a torturas. No hay elementos que permitan pensar que están vivos, que decidieron abandonar el mundo de sus afectos y de sus familias. Hubo persecución política a través de un plan de exterminio que significó secuestras, torturas y homicidio; el ocultamiento del destino fue una maniobra, es la disposición final a la que alude Videla», dijo la abogada querellante.

Citó los casos en los que se enjuició por homicidio, con fallos de los tribunales federales de Tucumán, Salta, San Luis, Mar del Plata, Mendoza y La Plata.

Agregó que las muertes de Méndez, Pincheira, Cancio y Seminario no integran el objeto procesal de este juicio y «exigen una respuesta jurisdiccional que abandone la entelequia de la desaparición: fueron retirados por Farías Barrera -jefe de Personal del Comando- un 3 de noviembre en horas de la siesta (del penal de Rawson) y el camino de la desaparición fue un camino de muerte a manos de sus captores. Por eso pedimos que en los casos de Cancio, Seminario Ramos, Pincheira y Méndez se juzguen por homicidio, se extraigan copias y se reciban las declaraciones indagatorias de Reinhold -jefe de Inteligencia del Comando-, Farías Barrera y Mario Gómez Arenas -jefe del departamento de Inteligencia 182- «, se indicó.

La querella agregó que la Apdh «reclamó muchos años Justicia y aparición con vida, y no queremos favorecer la impunidad, no queremos que estas muertes queden impunes», argumentaron.

Matías Subat

La querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación

La secretaría de Derechos Humanos adhirió al planteo y sin vueltas, el abogado Marcelo Medrano insistió en «dejar los eufemismos de lado, si están muertos alguien los mató, son homicidas, tienen que responder, por eso pedimos que se tenga en cuenta y se haga lugar».

La querella del Ceprodh no estuvo de acuerdo en el planteo e insistieron en que «no vamos a resolverle al Estado la responsabilidad de decir dónde están los compañeros y compañeras, las listas están, no damos crédito a la palabra de un represor, no es consuelo. La desaparición tuvo un objeto concreto que fue la paralización y el terror; que digan dónde están los desaparecidos, no vamos a aceptar que Julio López está desaparecido en tanto un Estado nos tiene que decir dónde están los desaparecidos. No vamos a aportar a que se cierre este camino».

La fiscalía, por su parte, dijo que si el Tribunal hace lugar al planteo «se dará curso».

 

Las estadísticas del archivo

 

Miriam Stella Segado dio un detalle pormenorizado sobre cómo se trabajó, investigó y analizó la base de datos surgida del archivo de la Conadep, la comisión que compiló las miles de denuncias de desapariciones y torturas relatadas al regreso de la democracia en un informe que se utilizó como base para el archivo actual de documentación que no sólo compiló estas denuncias sino cruzó los datos con los legajos de los militares, con las denuncias en los juicios y otras constancias.

Desde 2007, en el ministerio de Defensa, se cuenta con este archivo en la dirección de Derechos Humanos, con una “reorganización” del material logrado para “reconstruir el circuito represivo”, dijo Segado.

-¿De acuerdo a la investigación con la que se cuenta, cuántos son los casos de desapariciones?”, preguntó el querellante de la APDH, Juan Cruz Goñi.

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Las Madres siguen el juicio jornada a jornada

“No puedo dar un número cerrado. Denuncias formales podemos alcanzar a las 14.000; pero hay algunos expedientes que contienen en la denuncia más de un caso de desaparecido. Otros 5.000 casos más son de las ejecuciones sumarias, que no se tomaban como denuncias de desaparecidos inicialmente, que son las que se denominan Redefa; más los niños desaparecidos que son los que se están buscando”, respondió la directora.

Al consultársele qué casos recordaba de la región, Segado dijo recordar los casos de los desaparecidos Jorge Candeloro “que fue secuestrado en Neuquén y fue visto en la base aérea de Mar del Plata, con testimonios de que había fallecido durante la tortura y luego figuró como muerto en enfrentamiento; un grupo de operarios y empleados de YPF entre los que recuerdo a Pincheira y José Delineo Méndez, que habían firmado la libertad desde el penal de Rawson”, respondió.

-En su experiencia, ¿supo de alguna persona que fuera desaparecido y luego volviera?, preguntó Goñi en medio del silencio de la sala.

“Cuando se tomaron las denuncias de la Conadep, hubo algunos casos de desencuentros que llegaron a figurar como desaparecidos pero luego fueron localizados; serían unas cinco o siete del total”, respondió al tiempo que insistió en que “hubo desaparecidos que aparecieron muertos, como Candeloro, como la monjas francesas, como Azucena Villaflor (fundadora de Madres de Plaza de Mayo),  los casos de Las Palomitas o Margarita Belén, la masacre”, dijo.

“Aún aquellos que estuvieron en las cárceles, muchos fueron asesinados. Recuerdo la masacre de Fátima del Pilar, cuando son sacados, llevados a Pilar y fusilados maniatados, y luego dinamitados. Muchos de los que fueron muertos aparecían como falsos enfrentamientos; la mayoría de los casos de asesinados son los de Campo de Mayo”, dijo.

Consultada sobre cuántos casos tenían documentados de desaparecidos que hubieran sido puestos a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) en las cárceles, respondió: “detenidos – desaparecidos con PEN más o menos unos 2.000; pero hubo muchos más que no estaban con PEN”.

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Néstor Rojas, detenido político en la U9 de La Plata, dio su testimonio (por videoteleconferencia) sobre cómo desaparecían de los "pabellones de la muerte" los "detenidos PEN" que al salir les hacían "firmar la libertad".

Consultada por las querellas sobre los resultados de los Habeas Corpus judiciales, Segado respondió que “los Habeas Corpus daban negativos o no había respuesta oficial, es decir, no decían dónde estaban; en otros casos ni siquiera los asentaban. Los desaparecidos tienen distintas situaciones finales: están demostrados los traslados aéreos (tirados al Río de la Plata o al mar); los enterramientos en fosas comunes bajo la denominación de NN, asesinados e incinerados”, respondió.

Consultada finalmente por el libro escrito por Ceferino Reato en el que el entrevistado Jorge Videla aseguró que los desaparecidos estaban muertos y que la figura de la desaparición era un “enmascaramiento”, la investigadora opinó que “la desaparición fue una manera de no hacer públicos los fusilamientos o traslados, fue el ocultamiento del asesinato, hicieron desaparecer las pruebas del asesinato”.

Finalmente, preguntada acerca de la documentación de listas y la incineración de las pruebas, Segado respondió que “es cierto que hubo orden de quemar, pero hay actuaciones que no fueron destruidas y otras que no pueden serlo; como por ejemplo los legajos personales en donde los involucrados en traslados o cuestionados que no podían ascender, hicieron una descripción de la actuación que tenían, el destino y qué hacían en demanda de un ascenso; y esto cruzado con información de los juicios sobre los centros clandestinos, han aportado muchas pruebas, del entrecruzamiento de la Justicia, con sanciones disciplinarias, o certificados de salud se han logrado muchas de la estructura orgánica de los centros clandestinos”, ejemplificó.

Hugo Cañón

El ex fiscal general de Bahía Blanca, que inició la investigación penal de las causas contra los militares antes de la ley de Punto Final y luego de la de Obediencia Debida, fue convocado por la Apdh como testigo de concepto.

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En una larga exposición, Cañón -actualmente jubilado del Poder Judicial- detalló su desempeño como fiscal de Bahía Blanca y las actuaciones cuando se abrió la causa, como así también el trabajo que se realizó durante los Juicios por la Verdad, tanto en Bahía Blanca en diciembre de 1999 como en La Plata en 2003; el acompañamiento a los fiscales italianos que investigaron el “Plan Cóndor” en América Latina y el acompañamiento en 1996 al juez español Baltazar Garzón -autorizado por la procuración y ante la imposibilidad de juzgamiento en Argentina- del aporte de pruebas en el ámbito de la “justicia universal” por los delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina durante la dictadura.

“Cuando se sancionó la ley de Punto Final el 23 de diciembre de 1986 que imponía el plazo fatal del 23 de febrero de 1987 para presentar las acusaciones que hubiera por estos delitos, se habilitó la feria y se convocó a todas las personas que se sospechaba que habían participado de crímenes de lesa humanidad. Así fue que los días previos hubo indagatorias y se logró acusar. El comandante Acdel Vilas declaró durante 13 días en los cuales aportó mucha información que era secreta sobre el funcionamiento clandestino y las normativas del Ejército que se dictaron. También el comandante Sexton, como jefe de la subzona 5.2 y el general Olea fueron indagados en ese tiempo”, describió.

Según su experiencia, por las declaraciones de los jefes militares lograda en 1987, “hubo una demostración completa y cabal de cómo se preparó el Ejército para la lucha antisubversiva, como introdujeron doctrina utilizada en Argelia y le dieron forma en documentos militares en Argentina incluso antes de ser tomados por Estados Unidos”, dijo.

Detalló los documentos militares y la cadena de mandos, zonificación del país y organización bajo la cual “se dio la orden de exterminar al oponente”, con una descripción y extensión exhaustiva de quién era el oponente hasta alcanzar a todo aquel que no estuviera de acuerdo con el proceso de reorganización nacional. “Se llegaba a límites exagerados de quién era el oponente hasta que alcanzaba a todas las organizaciones”

El ex fiscal describió cómo el golpe fue “cívico – militar – religioso”, con una importante participación de la jerarquía de la Iglesia Católica en las decisiones de vida y de muerte determinadas por los militares en el poder, con excepciones “como las de monseñor Jaime de Nevares en Neuquén y de Miguel Hesayne en Viedma”, destacó.

Llegó inclusive a detallar cómo Hesayne logró que se reconociera la desaparición de Eduardo “Bachi” Chironi -secuestrado en Viedma y torturado salvajemente en La Escuelita de Bahía Blanca- luego de que el obispo viedmense amenazara con no hacer el Tedeum y excomulgar a algunos jefes militares en ese tiempo.

Consultado por la querella de la APDH sobre las declaraciones de Videla en el libro de Ceferino Reato, Cañón dijo que “no son los mismos dichos que ha hecho en la Justicia, cuando niega las listas, niega el conocimiento de los hechos que tenía porque centralizaba toda la información de Inteligencia, y (Roberto) Viola dice -en indagatorias judiciales- que como jefe del Estado Mayor conjunto se la daba; tenían comunicación sistemática de cada zona, sub-zona y área en la que habían dividido el país”, dijo.

Agregó que “la estadística la llevaba toda (Albano) Harguindeguy -como ministro del Interior- y había delegación de la toma de decisiones, pero la última palabra la tenía el comandante”, al tiempo que consideró que en el libro “una de las pocas cosas que asume, es el enmascaramiento de la muerte. La desaparición es la forma de la muerte”.

Cañón destacó cómo en la búsqueda de pruebas, lograron el archivo de la dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires (Dipba) “donde no sólo había información interna, sino el cruzamiento de datos con la SIDE, Armada, Ejército; muchos de esos datos se utilizaron para obtener prueba en la causa ESMA, hospital Posadas, Etchecolatz, y Bahía Blanca; cuando supimos que la información estaba siendo quemada, cruzamos datos que teníamos con los de otra fuerzas” y surgieron las pruebas, dijo.

Dijo que a pesar que cierta documentación fue quemada, pudieron hallar en documentos los “presuntos excesos”, como por ejemplo el robo «de un kilo de papas» durante el operativo de secuestro de una pareja, donde a causa del robo “se dan todos los nombres de quién integraba el grupo, qué hacían”, dijo.

Consultado sobre las desapariciones, el ex fiscal aseguró que “el enmascaramiento de la muerte es al desaparición”, y que las metodologías conocidas, según su experiencia, eran “los vuelos de la muerte, las fosas comunes donde eran ejecutados con un tiro en la cabeza, como lo hacía Bussi; o la escenificación de un enfrentamiento, como ocurrió en una gran cantidad de casos que tuvimos en Bahía. En la ESMA hubo quema de cadáveres y en menor medida la metodología utilizada por Pinochet de poner una carga de cemento y tirarles al río”, dijo.

Matías Subat

Cañón declaró por casi dos horas

Agregó que “el pacto de silencio era lo único que podía articular el exterminio masivo” que se llevó a cabo.

“No conozco ningún caso de desaparecido que hubiera regresado”, respondió el fiscal cuando fue consultado por la querella de la APDH, “el destino final era la muerte. Está acreditado en los distintos juicios, hay acumulación de prueba como los casos de NN que luego fueron identificados, el de Azucena Villaflor, 515 casos que continúan sin identificarse”.

Agregó que en el caso de la causa reabierta de Bahía Blanca, cuando pidió la elevación a juicio, la calificación de al menos 25 desaparecidos fue la de homicidio. “Se equipara la desaparición al homicidio”,  planteó.

 

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén

Fotos: Matías Subat

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